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La Reforma Inconclusa 

Está demostrado que países como Honduras, sufren más las consecuencias de los desastres naturales, porque son menos desarrollados, su economía es menos diversificada y son altamente dependientes de la agricultura y los recursos naturales para sus ingresos.

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En las democracias hiper-presidencialistas de América Latina, se suele estudiar muy poco a la oposición política porque a diferencia del sistema parlamentario, tiene muy poca influencia en la gestión del Ejecutivo. En todo caso, se suele estudiar más en términos electorales y en el sistema de partidos.

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La Reforma Inconclusa 

Les escribe un hondureño indignado por la jugada pública que hizo su magistrado presidente, José Juan Pineda, esta semana, en donde de manera unilateral y premeditada, remitió el informe de responsabilidad penal sobre la auditoría realizada a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), como último acto previo a excusarse de conocer del expediente. Este comportamiento no solo mancilla más la dañada imagen que tiene el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sino que vendrá a favorecer con un manto de impunidad a aquellas personas involucradas en actos de corrupción en las compras de emergencia COVID-19, así como las redes que las sostienen.

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Cuando suceden escándalos de corrupción en las compras públicas, todos los ojos se
vuelcan en los perpetuadores, sus maquinaciones y las redes familiares, políticas o
económicas que participan, pero muy pocos ojos le prestan atención a las causas y los
facilitadores.

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Cada 4 de julio tenemos sentimientos encontrados por la deuda histórica que tiene los Estados Unidos de América (EUA) en Honduras, pero también, por las oportunidades económicas que les brinda a tantas familias que tienen a un miembro –o varios- en el país del norte.

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Siempre me hace eco lo que un diputado de carrera me compartió: “la corrupción no nos afecta electoralmente”, procediendo a explicarme que su base clientelar de pobres no tiene dentro de su lista de necesidades castigar a los corruptos.

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El Informe Latinobarómetro 2018 salió el pasado 09 de noviembre de 2018, con resultados nada favorables para América Latina. La región del mundo con los niveles más altos de desigualdad, los niveles más altos de violencia y los niveles más altos de corrupción, llegando a 40 años del proceso democratizador. Esto se refleja en la caída de 20 puntos en los últimos 10 años del apoyo a la democracia, de un 44% en 2008 a un 24% en 2018.

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La depuración y actualización del censo electoral indudablemente pasa por la emisión de una nueva tarjeta de identidad -la última ocasión fue en el año 1998. En un estudio que realizó el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) de los Estados Unidos de América, junto con el Consorcio Hagamos Democracia de Honduras en el año 2012, quedó demostrado que el 36% del censo electoral no estaba actualizado. Para el 2018, esta cifra fácilmente puede haberse incrementado a un 40%, tomando en cuenta los decesos no registrados y el incremento de la emigración producto de la inseguridad y la falta de oportunidades económicas.



Al no saber sí el 40% del censo electoral es correcto, se abre toda una caja de pandora de sospechas de fraude (suplantación de identidades, muertos votando, personas votando más de una ocasión). Para aquellos que no están familiarizados con la terminología, el “censo electoral” contiene la inscripción de todos los hondureños y hondureñas que reúnen los requisitos para ser elector (mayor de 18 años) y no se hallen privados, definitiva o temporalmente (nueva nacionalidad, prisión, carrera policial o militar, por ejemplo), del derecho de sufragio.

 

Sin tener un censo electoral depurado y actualizado, los resultados del próximo ciclo electoral no gozarán de suficiente credibilidad producto del sobreregistro, lo que nuevamente afectará en la legitimidad de las autoridades electas. Tampoco se podrá realizar un referéndum sobre la reelección, lograr reformas como la ciudadanización de las mesas electorales, que requiere tener el dato real de los votantes elegibles para ser miembros de mesa o promover los distritos electorales, que requiere de un nuevo mapa electoral basado en una circunscripción poblacional.

 

A pesar que la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), en su artículo 96 indica que el RNP debe renovar las tarjetas de identidad cada 10 años, esto nunca se ha realizado por múltiples razones políticas, económicas y hasta de capacidad instalada. Como resultado, Honduras no ha podido actualizar su sistema de identificación nacional desde hace 20 años. Esta situación ha creado una serie de problemas y riesgos latentes, tanto para la población (acceso a servicios públicos, reconocimiento jurídico ante terceros, seguridad personal, suplantación de identidades, tráfico de datos personales, etc.), como para la institucionalidad estatal (registros públicos desactualizados, políticas públicas mal formuladas, expansión de la criminalidad organizada, riesgo para la inversión privada, etc.).

 

En los últimos días apuradamente han salido diversos liderazgos políticos hablando sobre la necesidad de emitir una nueva tarjeta de identidad como parte de las reformas electorales. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que estén dispuestos a despartidizar el RNP. En todo caso, la dinámica puede ser pactar la inclusión de nuevas fuerzas políticas en el RNP para agilizar la decisión sobre una nueva tarjeta de identidad -que les dará a todos los partidos políticos la cifra actualizada de electores en el país y permitirá focalizar mejor las clientelas y campañas políticas. Sin embargo, en el actual contexto de desconfianza interpartidista, los tradicionales pactos de repartición no garantizarán que no habrá corrupción en la adquisición del nuevo sistema, luchas de poder entre las fuerzas políticas, tráfico de influencias y tratos discriminatorios hacia la población por su afiliación política o falta de “padrinazgo”.

 

En ese sentido, será importante atender la recomendación 58 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en torno a que “los partidos políticos no deberían ser gestores de la tarjeta de identidad”. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta la especialización requerida para el trabajo de registro e identificación que actualmente tiene el RNP –a nivel central como local-, las redes de corrupción que pueden sabotear el proceso e indudablemente, los incentivos políticos por mantener el estatus quo. Es por eso que la propuesta de una unidad ejecutora externa al RNP, que trabaje colaborativamente con el personal comprometido y apoye en su fortalecimiento tecnológico y profesionalización de su recurso humano, tiene como propósito separar los intereses político-partidistas que pueden cooptar, desacreditar y deslegitimar el proyecto de identificación nacional, de la decisión técnica de una visión de Estado.

 

En conclusión, un nuevo sistema de identificación nacional, no solamente debe verse desde la óptica electoral que se activa cada 4 años, sino como un desafió de Estado que afecta el ejercicio cotidiano de los derechos de las personas, el desarrollo económico del país y la seguridad nacional.

 


 

Componentes de un programa de identificación nacional

 

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Unos de las luchas más grandes que se están dando en este momento son por los derechos de los políticos investigados o procesados por actos de corrupción. Existe un fuerte sector que se sienten amenazados que la justicia le pueda llevar a la cárcel, que reclaman la “presunción de inocencia”, el “debido proceso” y un “juicio justo e imparcial”, buscando que se le trate como cualquier otro hondureño u hondureña. Si bien, en papel todos somos iguales, en la práctica ya se sabe que la justicia discrimina y favorece a quienes la controlan.


 


Los políticos toman decisiones públicas que afectan vidas; acceden y deciden sobre recursos públicos; tienen la capacidad de crear, hacer cumplir, derogar y cambiar leyes; tienen acceso a información privilegiada e influencias; contratan los mejores bufetes y defensores privados; pueden hacer uso de medios de comunicación; y, disponer de la justicia, a través de los jueces y magistrados que nombran. Todo esto los convierte en sujetos que tienen un abanico de opciones de poder que utilizan para asegurar impunidad –y por eso la justicia debe contemplar una proporcionalidad.

 

Uno de los grandes rezagos que tiene la justicia penal en Honduras y posiblemente gran parte de América Latina, es el énfasis en el daño administrativo que produce la corrupción –no es por nada que los códigos penales interpretan a la corrupción como delitos contra la administración pública. Pero la corrupción no solo daña el correcto funcionamiento de la administración pública, carcome el tejido social llenándolo de desconfianza e intolerancia, le roba el futuro a los que más lo necesitan y mantiene al país en el subdesarrollo. La realidad es que la corrupción no solo causa un daño en la administración pública. Por ser estructural y sistémica, la corrupción produce una diversidad de efectos nocivos que las leyes penales no contemplan.

 

El modelo colombiano que tanto le ha gustado al legislador hondureño -cuando se trata de combatir al crimen organizado del narco y la extorsión-, incluye en su código penal una agravante o incremento de las penas cuando son políticos o altos funcionarios que malversan fondos públicos -como el Caso Pandora- o cuando los recursos robados estaban destinados a servicios de necesidad pública –como el caso del IHSS, por ejemplo. A los delitos de corrupción pública, la doctrina jurídica los considera como delitos especiales, porque requieren que el sujeto que cometa el ilícito reúna una determinada característica; es decir, debe realizar una función pública -remunerada o no. Pero la doctrina aún queda corta en tomar en cuenta el perjuicio al progreso social o económico que produce la corrupción y prefiere tomar el camino corto y fácil, tasando el daño patrimonial que tarda años en resarcirse o recuperarse.

 

En sociedades altamente desiguales como la hondureña en donde la corrupción es rampante, no solo se debe tomar en cuenta el acto “antijurídico” per se para definir una pena, pero también el tipo y condición del sujeto activo que lo comete y la magnitud del daño (efecto potencial o final) que causa. No es lo mismo, un acto de corrupción cometido por un presidente, diputado o ministro qué el de un empleado de nivel intermedio o bajo. Como al imputado que pueda mostrar riesgo de fuga para evitar la cárcel en un caso de homicidio, el político y alto funcionario, tendrá un fuerte incentivo para hacer uso de su poder e influencias para librarse de la justicia.

 

En ese sentido, será importante no quedarse en una postura reactiva ante los embates que le hacen al Estado de Derecho y a la justicia hondureña los corruptos, sino trabajar en un tratamiento penal especial que le incremente los costos a los corruptos, pues ya vimos que con llamamientos a la moral y la ética, nos quedamos cortos. Primero, será necesario desarrollar una doctrina penal en materia de combate a la corrupción que responda al contexto de impunidad que se vive hoy; segundo, se tendrá que formular una nueva legislación que acompañe a la nueva institucionalidad que se ha creado a través de la UFECIC y los Juzgados Anticorrupción; y, tercero, se tendrá que retomar esta discusión en el Congreso Nacional con el nuevo código penal que aún falta que entre en vigencia.

 

Veremos qué pasa en los dos años que quedan de la MACCIH y en el nuevo quinquenio del Ministerio Público.  

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Viernes, 26 Enero 2018 15:56

Lo que no le han dejado hacer a la MACCIH

La Reforma Inconclusa 

 

El pasado 19 de enero de 2018, el Convenio para el establecimiento de la  Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cumplió su segundo año de vigencia, algo que pasó desapercibido, tomando en cuenta la crisis irresuelta en que está sumida el país – a pesar que algunos hacen todo lo posible para mostrar que todo ha vuelta a la “normalidad” y que no ha pasado nada.

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