Más adelante en esta serie, examinaremos en detalle a cuatro casos puntuales de violadores, sus víctimas y la forma en que la justicia hondureña reaccionó. Sin embargo, antes de entrar en estos casos específicos, vale la pena ver el panorama completo.
¿Con qué frecuencia ocurre la violación sexual en Honduras?
Estadísticas del Ministerio Público indican que en 2017 se denunciaron 1,634 casos de violación sexual. Del total, 292 delitos ocurrieron contra niños y niñas menores de edad y el resto, 1,342, contra mujeres adultas. Las cifras son alarmantes, pero también súmele que muchos crímenes sexuales no se denuncian ante las autoridades por desconfianza en el sistema de justicia y por temor a la violencia que campea en el país.
El Centro Electrónico de Documentación e Información judicial (CEDIJ) reporta que en el 2017 los Juzgados de lo Penal a nivel nacional recibieron 972 requerimientos fiscales por violación. Las violaciones sexuales y los homicidios comparten el mismo lugar en la tabla superados únicamente por el robo, narcotráfico, violencia intrafamiliar y la posesión y portación ilegal de armas.
Tabla de delitos de mayor frecuencia en Honduras (2017). Fuente: Juzgados de lo Penal.
¿Cuál es el perfil del violador “típico”?
Familiares de las víctimas: En Febrero pasado, la Fiscal Especial de la Niñez, Marisol Rodríguez, dijo a medios de comunicación, que mayoría de los delitos sexuales contra niños y niñas son ejecutados por parientes o personas cercanas a la familia, padres, padrastros, tíos, hermanos y primos, entre otros.
Pastores, profesores, policías y otras personas que ocupan puestos de supuesta confianza: También hay casos perpetrados por sus maestros, pastores, sacerdotes o policías. En diversas zonas del país también han surgido denuncias contra profesores de primaria, secundaria y universidad por abusos sexuales en perjuicio de alumnos y alumnas. En marzo de 2017 la justicia condenó a 136 años de cárcel al pastor evangélico, Franklin Geovanny Cabrera Sierra por 8 delitos de violación especial. Y en marzo del 2018, la Iglesia Católica hondureña fue sacudida por un escándalo que involucra al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa, Juan José Pineda, investigado y separado por el Vaticano, por presuntos delitos sexuales en contra de varios seminaristas, donde él impartía clases.
Pandilleros: En las zonas “calientes” de las ciudades más grandes del país, los miembros de maras y pandillas generan innumerables crímenes sexuales, que, según un estudio, “raramente se denuncian por miedo a las represalias y la falta de confianza en que las autoridades respondan a una denuncia”. Según este estudio (“Niñez Interrumpida”, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México), los pandilleros de Guatemala, El Salvador y Honduras recurren a la violencia sexual como castigo a las niñas que se niegan a cumplirles sus deseos y cita como ejemplo a una menor que abandonó la escuela para huir de Honduras junto con su madre, después de que un pandillero la amenazó con matarla si se negaba a ser su mujer.
Violadores en serie: De acuerdo con las investigaciones realizadas por los entes operadores de justicia, se estima que el 5% de los delitos sexuales que ocurren en el país son cometidos por personas que interceptan a los niños, niñas y mujeres, cuando salen de sus trabajos, van o vienen del centro de estudios o cuando salen a comprar en la pulpería situada a pocos pasos de donde viven. En este segmento criminal están comprendidos los violadores seriales, a quienes muy poca atención les ponen las autoridades, pero que producen mucho daño a la sociedad. Sin embargo, ya son varios los violadores en serie que guardan prisión gracias al apoyo que les brinda el Proyecto Rescate, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) a las autoridades de investigación y a la Fiscalía de la Niñez.
Y es que los violadores en serie vienen de diversos estratos sociales. El violador en serie Hugo Edgardo Sierra Benavides, conocido como “El Loco Hugo”, residía en una cuartería en la periferia de Comayagüela y no alcanzó ni a terminar la primaria. Por otro lado, otro violador recurrente, Alan Gilberto Díaz Chinchilla, es un ingeniero en sistemas y antes de quedar preso, fue habitante de una residencial de alta plusvalía en Santa Lucía, Francisco Morazán. Sierra Benavides ha sido condenada a 401 años de prisión por 25 delitos de violación especial y Díaz Chinchilla está acusado por el mismo delito en perjuicio de 5 niñas de entre 7 y 11 años.
Ver: La historia no contada de un violador en serie
¿Cuántos violadores enfrentan consecuencias por sus actos?
Datos del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, adscrito al Centro de Derechos de Mujeres (CDM), indican que el 94% de los delitos sexuales que llegan a ser conocidos por el Ministerio Público quedan en la impunidad.
Según el CDM, entre 2010 y 2014 un total de 15,388 mujeres de todas las edades interpusieron denuncias por abusos sexuales. En ese mismo periodo los juzgados recibieron 4,521 casos y emitieron 888 sentencias condenatorias.
Eso indica que el Ministerio Público apenas pudo judicializar el 29% (4,521 casos) de las 15,388 denuncias que recibió en el periodo. Y el Poder Judicial solo resolvió favorablemente el 35% de los 4,521 casos judicializados. En otras palabras 14,500 delitos sexuales de ese periodo—el 94%—corren el riesgo de quedar en la impunidad. La cifra de impunidad real es seguramente más alta, ya que no todas las personas víctimas de violación denuncian los hechos ante las autoridades.
De las 15,388 denuncias por sexual presentadas en el periodo 2010 – 2014 ante las autoridades, el Ministerio Público judicializó 2,862 casos de violación. De estos, los tribunales de lo penal emitieron 576 fallos condenatorios.
Para ese mismo periodo, la Fiscalía acusó a 1,111 personas por suponerlas responsables del delito de actos de lujuria, pero de ese total, los juzgados de lo penal solo condenaron a 268 imputados. De igual manera el Ministerio Publico judicializó 381 delitos de estupro, pero el Poder judicial solo emitió condena en 27 casos.
Además, la Fiscalía presentó 10 casos de incestos, pero los tribunales de justicia solo condenaron a dos; de 11 acusaciones de explotación sexual comercial únicamente emitieron una sentencia condenatoria y de 8 delitos de trata de persona judicializados no hubo condena para nadie.
De 108 casos de rapto requeridos por la Fiscalía, los juzgados emitieron 10 sentencias condenatorias y de 19 delitos de proxenetismo apenas condenaron a dos personas.
Incesto es la relación sexual que ocurre entre el padre o la medre con el hijo e hija o la relación sexual entre hermanos. El Articulo 176 del Código Penal hondureño, sanciona este delito con reclusión de tres a seis años. Si el afectado es menos de 18 años la pena se sube de cuatro a siete
La explotación sexual ocurre cuando una persona es obligada a ejercer la prostitución y el hostigamiento sexual se da cuando alguien con poder presiona psicológicamente a su empleado (a), su subalterno (a) o seguidor político para que acceda a sus deseos. Mientras que la trata de personas es el comercio ilegal de personas, que incluye la explotación sexual y los trabajos forzados.
El panorama que pintan estas estadísticas es bastante desalentador: en Honduras la mayoría de los violadores están saliendo con la suya. Sin embargo, como mostraremos en las siguientes entregas de esta serie, hay potencial para dar vuelta a esta situación.
Por ejemplo, el programa Rescate, una iniciativa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), brinda atención psicológica que necesitan las víctimas de violación y sus familiares. También brinda el acompañamiento logístico que requieren las autoridades para la investigación y judicialización de estos delitos. Colabora con la preparación psicológica, el traslado de los testigos y aporta pruebas a favor de las víctimas.
Solo en el 2017, Rescate acompañó 25 procesos de investigación. Producto de esta colaboración ofrecida, el Ministerio Público logró 13 capturas y 14 sentencias condenatorias. En otras palabras, resolvieron de forma favorable 56% de los casos—mucho mejor que el 6% de casos resueltos a nivel nacional. A la vez, Rescate brindó atención psicológica a 60 víctimas con sus respectivos familiares.
Si las practicas seguidas en los casos exitosos en que Rescate y el MP han colaborado se convirtieran en pauta para guiar como el MP maneja todas las denuncias que recibe de violación sexual, es posible que la tasa de impunidad de esta epidemia podría empezar a bajarse.