Por Carmen Mejía
Por participar como coautor del delito de asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres, fue hallado culpable el pasado lunes Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Publico (MP) y la defensa, los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declararon de forma unánime la culpabilidad de Castillo.
Luego de enfrentar posibles escenarios que podrían haber resultado en vivir, huir o morir, al parecer Castillo finalmente habrá optado vivir su condena.
Tras presentar incansablemente alrededor de 55 medios de pruebas contra el implicado y que su juicio se haya reprogramado más de 10 veces finalmente se logró un acto de justicia para “La Guardiana”.
La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV) dejó en evidencia que previo al asesinato de Berta Cáceres cometido el 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, Castillo realizó un intercambio de mensajes y llamadas planeando el crimen junto a Douglas Geovanny Bustillo, uno de los individuos previamente condenados en el caso.
Además, debemos recalcar que, de los implicados en el caso, ya suman 7 culpables de los 8 acusados por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido, quien fue uno de los medios de prueba que presentó el Ministerio Público.
El ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, se convirtió en el único “testigo protegido” por el gobierno hondureño tras recibir un disparo en la casa de Berta Cáceres el día que la asesinaron, ya que se encontraban trabajando en un taller en contra del proyecto de represas de Agua Zarca.
La primera condena que se obtuvo de este caso fue el 29 de noviembre de 2018 luego de condenar a Sergio Ramón Orellana, gerente de DESA.
Por consiguiente, no solo David Castillo pagará por sus delitos, de igual forma lo estará haciendo el investigador Juan Carlos Cruz quien será procesado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-JS) por tomar la valentía de presentar pruebas falsas para desviar el caso.
Juan Carlos Cruz, quien formaba parte de la defensa técnica de Roberto David Castillo, se encuentra preso desde el 2017, por la “inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos”.
Según una investigación realizada por fiscales el testigo presentó “pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista”.
La pena de prisión a la que será sentenciado Castillo Mejía será el 3 de agosto por lo que el Ministerio Público reitera que “la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos, Berta Cáceres.”
Por lo que la familia y seguidores de “La Guardiana” continúan luchando y exigiendo que todos los implicados en el caso y, sobre todo, los autores intelectuales sean llamados a pagar por sus delitos y finalmente se de por cerrado el caso.
Bertha Zúñiga, una de las hijas de Cáceres expresó que “Es una victoria de los pueblos del mundo que nos han acompañado en este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.
