A las doce del mediodía, una mujer a quien para proteger su seguridad pondremos el pseudónimo “Andrea”, por lo general estaría atendiendo su mercadito y venta de comida en una colonia de clase media alta de la capital. Pero desde hace dos semanas los tiene cerrados ya que está siendo víctima de extorsión y teme por su vida.
“A esta hora deberíamos de estar vendiendo porque la gente busca para hacer el almuerzo, pero mejor tenemos cerrado porque nos vinieron a cobrar extorsión y nos amenazaron, así que nos da miedo, yo vivo sola acá con mi niña y no puedo arriesgarme ni arriesgarla”, dijo a Revistazo Andrea en su casa donde también están ubicados los negocios.
Explicó que un martes hace dos semanas se estacionó frente al negocio un vehículo color negro. Del lado del pasajero se bajó un hombre vestido de forma normal. La saludó amablemente y hasta con una sonrisa. Se acercó a ella y le pasó un teléfono celular, y en ese momento ella supo que la iban a extorsionar.
Comenta que por unos instantes al tomar el teléfono se le nubló la vista y no recuerda el principio de la conversación, pero sí recuerda la cantidad y la amenaza: “mire doña, usted sabe cómo es esto y tiene que pagar, el viernes pasamos por 20 mil lempiras por lo que va del año, eso ya lo debe, después nos va a depositar mil semanales, esto así es y ningún negocio de la zona se va a salvar, mejor coopere y quédese tranquila y sanita”.
Andrea devolvió el teléfono al hombre que estaba en el negocio, quien se dio la vuelta y subió al carro. Dice Andrea que no se le ocurrió ver la placa y solo pensó en que en unas dos horas regresaría su hija de 14 años de la escuela y sintió temor que le pudiera pasar algo. Cerró el negocio y así lo ha mantenido por los últimos 15 días.
Andrea no está segura si denunciar o no, ya que ha escuchado historias en las que sí capturan a los extorsionadores, pero también ha escuchado que hay pandilleros infiltrados y que puede correr riesgo.
Así como Andrea, miles de pequeños y medianos comerciantes y transportistas están siendo amenazados por el alza de la extorsión por parte de grupos criminales. El combate a la inseguridad y al crimen organizado es uno de los mayores retos del nuevo Gobierno de Xiomara Castro de Zelaya.
Según el monitoreo de los 100 días de Gobierno realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se ha fallado en las promesas de combatir la extorsión, recuperar los territorios y crear una policía comunitaria.
Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), acepta que desde el inicio de año se ha visto un repunte bastante significativo en este hecho delictivo “ha habido un surgimiento de nuevas bandas que están dedicadas al cobro de extorsión y a realizar amenazas, estas amenazas se están generando en contra del rubro del transporte principalmente”.
“Marcos” (también pseudónimo), trabaja en uno de los puntos de taxis más rentables de la capital, pero los malvivientes también lo están amenazando y exigiendo que les entreguen fuertes cantidad de dinero.
Según líderes del rubro del transporte se pagan unos 50 millones de lempiras en extorsión cada mes en todo el país.
Marcos y sus compañeros del punto han vivido estas cifras en carne propia. “Estos mareros nos tienen hartos, son dos o tres extorsiones diferentes que tenemos que pagar, consiguen los números de uno y llaman y amenazan, uno no sabe quiénes son o si le pueden hacer algo a uno o no, por lo que toca pagar y ya no queda nada, de verdad que esto ya no es negocio porque se trabaja para los delincuentes”.
El cobro de la extorsión o renta no es nuevo para ellos. En ese punto tienen más de 10 años casi ininterrumpidos de pagar a diversas bandas criminales. Muchas veces denunciaron la extorsión, pero no lo han vuelto a hacer desde que mataron a un conductor.
Según Marcos, su ahora occiso colega colaboró varias veces en la captura de extorsionadores junto a la FNAMP. Denunció ante las autoridades que los pandilleros lo amenazaban por haberlos enfrentado. Incluso les dijo textualmente “me van a matar si no me protegen”. Lo que vaticinó se cumplió, lo asesinaron a tiros frente a su casa y el crimen nunca fue resuelto.
Desde el 2010 hasta la fecha se han registrado más de dos mil conductores asesinados, de los cuales la mayoría ha sido víctima de la extorsión.
Fu explica que se ha hecho un despliegue en zonas estratégicas de las ciudades más importantes donde se dan mayores amenazas. Detalla que se han logrado resultados positivos, mencionando como ejemplo que en el Valle de Sula se desarticuló a una estructura completa denominada “Los Illuminati” que cobraba extorsión en ocho terminales
También en la capital se han realizado diversas capturas de integrantes de maras y pandillas. Entre los grupos que están más activos en el cobro de extorsión están “Los Puchos, los Benjamins, y la Pandilla 18”, agregó Fu.
Desde enero hasta abril de 2022 se había detenido más de 250 miembros de bandas criminales, de los cuales el 95 por ciento estaba dedicado a la extorsión.
Cambio de enfoque de seguridad
Juan Orlando Hernández basó sus estrategias de seguridad en los militares y no en la policía civil. Fortaleció las Fuerzas Armadas, creó la Policía Militar y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional y logró resultados de reducción de homicidios y algún control sobre la extorsión.
Pero el nuevo Gobierno de Xiomara Castro decidió regresar el control de la seguridad a la Policía Nacional, regresando los militares a sus cuarteles y aumentando la presencia policial.
Según reportajes periodísticos, la FNAMP ha expresado preocupación ya que no siente apoyo del presente Gobierno y consideran van camino a la desaparición por falta de presupuesto para pagar a sus empleados a los que se les ha retrasado al menos tres meses de salarios.
Pero el nuevo Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, desmintió esto y adelantó que esta fuerza será integrada a la Policía Nacional de manera gradual para garantizar la seguridad de las personas. Esta versión fue confirmada por el Jefe de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín.
El criminólogo Gonzalo Sánchez destacó que es importante que se siga con las acciones del Gobierno anterior ya que ha dado resultados y también expresó confianza en los cambios que genere Sabillón, ya que por haber sido jefe de la policía conocía muy bien la problemática del país.
El pasado cinco de mayo fue nombrado como Director General de la FNAMP, el Comisionado de Policía Willy Núñez Morales, quien prometió implementar nuevas estrategias para controlar la extorsión.
Marco le exige a la presidenta Castro que controle la situación: “no vemos acciones nuevas de este Gobierno, urge que controlen las pandillas y la extorsión, tienen que agarrar el ejemplo de El Salvador que están parando eso, no es de partidos o si soy amigo de ella o del de antes, ocupamos seguridad para trabajar”.
En El Salvador el presidente Nayib Bukele decretó un estado de excepción que supera los 30 días y abrió una “guerra contra las pandillas”. Han realizado más de 20 mil detenciones, con esto según él se ha dado una importante reducción del cobro de extorsión en ese país.
Sin embargo, el extremo al que ha llevado Bukele la “guerra contra las pandillas” ha preocupado a organismos de defensa de derechos humanos nacionales a internacionales. Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional ayuda para “evitar la incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador” y a las autoridades les pide “que dejen de cometer abusos y garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos”.
Xiomara Castro recibió un país lleno de problemas en todas las dimensiones, pero uno de los reclamos más grandes es el de la seguridad, ya que ha habido un repunte en la violencia, homicidios, femicidios y la extorsión.
Con el cambio de Gobierno se viene también una reconfiguración en el crimen organizado. La extradición de Juan Orlando Hernández es una muestra más de la colusión entre el Gobierno y la delincuencia, por lo que algunos actores quedarán desprotegidos y otros intentarán ocupar esos espacios, lo que explicaría la alzada en la inseguridad.
El mismo cambio de formato de seguridad de la militarización a lo policial civil también presentará retos en sí mismos y todavía no existe hasta la fecha una nueva estrategia o respuesta clara a las amenazas que enfrenta y denuncia la ciudadanía.
