En su discurso inaugural la presidenta Xiomara Castro cerró con la frase “¡Mujeres hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos, todos sus derechos! ¡Cuenten conmigo!”
En los primeros meses de su gobierno, Castro ha dado pasos importantes en la defensa de la mujer pero los crímenes contra las mujeres aún no paran e incluso han ido en aumento.
En lo que va del año Castro se enfrentó a un aumento de las muertes violentas de mujeres comparadas con los años anteriores. De enero a abril de 2022 mataron a 110 mujeres, siete más que las 103 que fallecieron en el mismo período en 2021 y 17 más que las 83 que asesinaron en 2020.
Esto es equivalente a un 25 por ciento más de muertes de mujeres en el mismo período entre 2020 y 2022.
Datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), colocan a Honduras como el país con la tasa más alta de feminicidios en toda América en el 2020, con 4.7 por cada 100,000 mujeres, otras estadísticas indican que cada tres horas agreden sexualmente a una mujer o niña y solo en enero y febrero se registraron casi diez mil denuncias por violencia intrafamiliar y más de seis mil por violencia doméstica.
Helen Ocampo, representante del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), explica que “la violencia contra la mujer lamentablemente continua. Los altos índices de femicidios, violencia doméstica y violencia intrafamiliar y violencia sexual siguen”.
Ocampo detalla que una de las más grandes causas de la violencia contra la mujer es la falta de atención de las entidades nacionales. “Los altos índices se dan porque tenemos una ruta de impunidad. Desde que se da la denuncia se dan cosas irregulares que no se deberían de dar. La investigación es el cuello de botella para toda la impunidad en el país”.
Una de las primeras medidas de Castro para defender a la mujer fue elevar al Instituto Nacional de la Mujer (Inam) al rango de Secretaría de Estado. Esta institución en múltiples de sus comunicados denuncia “una creciente escalada y recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en sus múltiples expresiones” y exige a los cuerpos de investigación redoblar esfuerzos para resolver los crímenes.
La afirmación de Ocampo se ve respaldada por las estadísticas. A la par de la violencia está la impunidad en la que quedan los asesinatos a las mujeres. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 2005 hhasta 2021 fueron asesinadas casi siete mil mujeres, y según expertos sólo el cinco por ciento de casos fue resuelto, dejando una impunidad del 95 por ciento.
Crímenes de alto impacto
En los últimos días se ha dado una serie de crímenes de alto impacto contra la mujer. Los mismos no han pasado desapercibidos y han causado el repudio de la sociedad y han puesto nuevamente en la palestra pública la necesidad de cambios profundos que protejan a las mujeres y a las niñas.
El pasado 28 de mayo cuando volvía a su casa, fue asesinada a tiros la Fiscal del Medio Ambiente Karen Almendarez en Nacaome, Valle. La presidenta Castro denunció el hecho en sus redes sociales y prometió se haría justicia, pero hasta la fecha aún no se han realizado capturas.
Otro hecho que conmocionó a la sociedad fue el asesinato de la joven estudiante Nerly Mendoza, quien estaba en su casa cuidando a sus sobrinos cuando un vecino entró a la misma e intentó violarla. Ante la resistencia de esta, él la apuñaló 14 veces, los menores fueron testigos del hecho. El autor del crimen fue detenido y está siendo procesado.
A finales de abril mataron a machetazos a una madre, su hija adulta y dos nietas (una de once años y la otra tenía solo tres meses de nacida), en su hogar en Olanchito, Yoro. La policía detuvo al hechor quien era la expareja de la madre, padre de la otra adulta y abuelo de las dos menores. El móvil habría sido la venganza y según se informó estaba ingerido de bebidas alcohólicas y bajo efectos de drogas cuando perpetró el crimen.
Este tipo de casos reflejan la realidad del país, cuando se logra capturar al hechor en flagrancia es prácticamente la única forma de resolver el hecho, dejando mucho que desear los cuerpos investigativos y fiscales.
Medidas de Castro
Castro ha dado importantes pasos en el cumplimiento de sus promesas de campaña. Según el monitoreo de Revistazo “Lo prometido es deuda”, en los primeros 100 días de su Gobierno, Castro logró un nivel de cumplimiento de 60 por ciento de lo prometido en su discurso de toma de posesión.
Con respecto a las mujeres el Gobierno ha informado trabaja en la socialización de la “Ley Integral Contra las Violencias hacia las mujeres”. Esta es una reconversión de la propuesta de “Ley Integral para Erradicar la Violencia hacia la Mujer”, que mujeres organizadas lucharon por seis años para su aprobación pero sin haber sido atendidas por las administraciones pasadas.
Esta ley aborda las amenazas que sufren las mujeres desde distintas causas y dimensiones, busca el fortalecimiento del Ministerio Público creando Fiscalías de la Mujer, también juzgados especializados en violencia contra la mujer y fortalecimiento de otras instancias que brinda atención y protección a la mujer que ha sido víctima. También tiene un fuerte enfoque preventivo y de formación integral.
En esta ley trabajan conjuntamente la nueva Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, el despacho presidencial, diputadas y sociedad civil, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado ante el Congreso Nacional para su aprobación.
La conversión del Inam a Secretaría busca darle un mayor rango de acción, incidencia y presupuesto para realizar acciones en favor de las féminas. También se han girado instrucciones para crear unidades de género en cada institución del Estado y así resguardar la igualdad de derechos.
Un mensaje recurrente en los discursos de Castro es que históricamente se han negado los espacios a la mujer, pero que con este tipo de medidas espera irlos recuperando.
Ocampo ve como positivos estos esfuerzos “parece que tenemos posibilidades de diálogo con el Gobierno. Eso muestra disposición y hay declaraciones concretas que indican que hay intención de buscar justicia para la mujer hondureña”.
Una de las deudas más importantes de Castro es el avance en los derechos sexuales de las mujeres. El autorizar el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), para evitar el embarazo se daba casi como un hecho en esta administración, sobre todo porque su prohibición fue una decisión política tomada durante el golpe de Estado de 2009, ya que en el Gobierno de Manuel Zelaya su venta era libre e incluso este rechazó sancionar un decreto legislativo que la prohibía.
La prohibición de la venta de la PAE se dio de forma administrativa por parte del Ministerio de Salud, por lo que se puede eliminar del mismo modo, a través de este ministerio o por resolución del Consejo de Ministros, pero esto aún no ha sucedido.
Otra de las luchas importantes del movimiento de mujeres es el de la aprobación del aborto terapéutico, hace más de un año presentaron un recurso de inconstitucionalidad que no ha sido resuelto. Pero en la práctica es casi una misión imposible, en la via judicial por la falta de respuesta y tendencias conservadoras de la Corte y por la vía política el Congreso anterior aprobó un «escudo contra el aborto» que prohíbe cualquier reforma que lo legalice incluso a futuro amparándose en la Constitución. Brindar estas reinivindicaciones de derechos a las mujeres y cumplir con sus promesas sería una gran victoria y una demostración de coherencia política para Castro.
Otras agresiones, incluso en la política
También afectan a miles de mujeres otros hechos de violencia que les suceden únicamente por ser mujeres, entre ellos incluso algunos dentro del ámbito de la política y en los que están inmiscuidos altos funcionarios.
El Ministerio Público libró requerimiento fiscal contra el diputado Mauricio Rivera por los delitos de violencia contra la mujer, trato degradante, coacción y daños en perjuicio de la delegada presidencial del programa Ciudad Mujer. Rivera mandó mensajes amenazantes y tuvo sitiadas las oficinas del programa por varias horas al quemar llantas y tirar piedras junto a una turba, todo porque exigía se nombraran personas afines a él en puestos clave en Choluteca.
El ente fiscal también requirió al exasesor presidencial Marvin Ponce, quien está siendo procesado por violencia contra la mujer en contra de una periodista, debido a que la agredió y faltó el respeto a través de redes sociales.
Una situación similar podría enfrentar el ministro asesor en comunicaciones Milton Benitez, quien fue acusado por la diputada nacionalista María Antonieta Mejía por violencia de género al presuntamente insultarla y faltarle el respeto. Mejía a pesar de ser de la oposición, evocó las palabras de Castro “mujeres no les voy a fallar” y le pidió intervenga en su defensa, por su parte el Partido Nacional exigió la destitución de Benítez.
Otro hecho que causó repudio se dio durante el partido de la final de la Liga Nacional en San Pedro Sula cuando un barrista del Real España pateó a una mujer policía, la misma rodó por once gradas y sufrió lesiones de relevancia. La policía hizo una fuerte campaña para logra la captura del perpetrador, pero en una situación aún sin esclarecer este fue abatido a tiros en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas.
Para Ocampo “hablar de justicia es tener acceso a educación, no tener pobreza, tener acceso a puestos de poder con las mismas oportunidades y la misma paga y esto es lo que suma para el acceso a la justicia, reducir la violencia contra las mujeres implica hacer cambios estructurales en todos los poderes del Estado”.
