“Es más probable que un homicida acabe muerto que acabe en prisión”: Ignacio Cano

Ignacio Cano

País: Brasil

Profesión: Sociólogo y profesor

Cargos desempeñados: Trabajó en ACNUR (la Agencia de la ONU para refugiados) y fue miembro de la Comisión de la Verdad en El Salvador.

Cargo Actual: Profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil.

¿Cómo reducir en América Central los altos índices de criminalidad que enlutan a la población?

R.

Hay tres tipos de medidas necesarias para contener la violencia y específicamente los homicidios que es el mayor problema de América Central. En primer lugar hay que definir el homicidio como una prioridad, cosa que no sucedió históricamente porque los sistemas de justicia criminal están orientados a prevenir el crimen contra la propiedad y el homicidio afecta a los grupos más desfavorecidos y por lo tanto nunca fue una prioridad en la política pública de la región y del mundo.

Entonces, en primer lugar, hay que convertir el homicidio en una prioridad; el siguiente punto es trabajar en la inserción social de los grupos periféricos de baja escolaridad que es el patrón general tanto de las victimas como de los actores materiales de homicidios. Y en tercer lugar, tenemos que trabajar sobre los factores de riesgo, como por ejemplo, las armas de fuego, que están ampliamente difundidas y desgraciadamente hay una convicción en amplios sectores de las sociedades de que es importante un arma de fuego para defenderse, cuando en realidad una arma es un factor de riesgo y no de defensa; diversos estudios prueban eso, pero la gente está con pánico y hay una demanda muy fuerte y las leyes en la región son muy permisivas con la compra, posesión y porte de armas.

Por ultimo debemos trabajar para reducir la impunidad porque un alto porcentaje de los homicidios queda sin respuesta judicial y sabemos que el homicidio tiene una alta incidencia. De cada 100 homicidios no son 100 personas distintas las que los cometen, sino que un grupo reducido. Tenemos que mejorar la tasa de esclarecimiento criminal, mejorar las investigaciones, protecciones de los testigos y las pruebas técnicas, para que podamos procesar y condenar a los actores de homicidios.

¿Qué relación existe entre la corrupción estatal, el narcotráfico y el homicidio?

R.

La corrupción es un mal endémico que afecta gran número de transacciones públicas y privadas. La forma en que la región enfrenta el narcotráfico está multiplicando la violencia y la corrupción y en mi opinión, la descriminalización de las drogas es necesaria para reducir tanto los niveles de violencia como los de corrupción.

Es importante que la gente entienda que tráfico de drogas hay en Dinamarca, Canadá, igual que hay acá, en Colombia o México, pero la diferencia es que en aquellos países el tráfico de drogas genera corrupción pero no genera esos niveles de violencia. En Colombia, México Brasil y América Central, el tráfico de drogas opera con violencia y la represión al tráfico también opera con violencia. Entonces, el enemigo no tiene que ser el tráfico de drogas mientras hay una demanda social amplia como la va a haber siempre, las drogas se seguirán comercializando siempre y lo que tenemos que hacer es arrebatarle al tráfico de drogas y a la represión al tráfico de drogar el elemento de la violencia.

¿Qué le abona a la criminalidad que las muertes de personas muy visibles queden en la impunidad?  

R.

Si no se resuelven los casos de personas muy visibles la percepción es que la impunidad es bastante amplia. Los asesinatos de personas con mucha visibilidad tienen un impacto negativo, porque si no se resuelven, la percepción de todos los actores es que si no pudieron capturar a quien mató a Berta Cáceres, ¿cómo van a capturar al que mata a un vecino común?

Es importante que esos casos se resuelvan por su importancia en sí y por el impacto que tienen. Esa percepción de impunidad es importante para entender como operan muchos grupos, ellos operan en la convicción que no les va a pasar nada y por lo tanto no tienen freno, porque no perciben que eso se puede transformar en una condena judicial.   

En varios de nuestros países es más probable que un homicida acabe muerto que en prisión, el riesgo que corre es más de que lo maten y por lo tanto no debe preocuparse mucho por terminar en la prisión sino por cómo logra sobrevivir con sus armas. Tenemos que cambiar esa realidad y conseguir que los homicidas acaben en la cárcel y para eso necesitamos una inversión muy grande.

¿La impunidad en la justicia se da por corrupción o por desidia?

R.

El contexto es alta corrupción, baja inversión del Estado, estados débiles y con dificultades para imponer un estado de derecho. No es ninguna sorpresa de que esa corrupción afecte a los miembros del Estado y a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Por otro lado, mantener bajos grados de corrupción dentro de la policía es esencial, porque si la gente no confía en la policía no va a denunciar, no se va a prestar a servir como testigo y entonces la probabilidad de resolución cae. Es un círculo vicioso que hay que invertir.

En América Central también tenemos una situación peculiar en el sentido que después de décadas de los conflictos políticos había una esperanza ingenua, de que con el fin de la violencia política se iba a transformar en una sociedad pacífica, pero se ha demostrado lo contrario en algunos países donde la tasa de homicidios es superior a la incidencia de muertes violentas en conflictos armados.

Eso ha generado desesperanza y deslegitimización de la propia democracia, porque tenemos democracia y me matan igual, no salgo ni a la esquina, ¿de qué sirve?, debería ser prioridad de la actuación política de los estados y en especial de América Central combatir la inseguridad, combatir la violencia y en la manera que la gente se sienta menos insegura va a colaborar y tenemos que lograr transformar lo que es un círculo vicioso a un circulo virtuoso. No es fácil, pero ese es el desafío. 

¿Por qué los gobiernos en lugar de rehabilitar a los internos permiten que las cárceles funcionen como escuelas del Crimen?

R.

Es un principio establecido en la administración penitenciaria dividir a los presos en función de su grado de peligrosidad y el tipo de crimen, entonces juntar presos de diversa naturaleza en cárceles muy grandes es una bomba y todavía más cuando hay criminalidad organizada. Entonces estos presos se ven subordinados a los grupos criminales que manejan las cárceles y también la criminalidad afuera, como sucede en varios países de América Latina.

Hay que tener centros de reclusión de menores, separar a los condenados de acuerdo a la tipología y luego hacer un proceso de reinserción. Cuando un preso sale de la cárcel es difícil que consiga empleo, entonces es obligación del Estado y deber de la ciudadanía conseguir que la gente que ha cumplido su condena tenga una opción de reinserción en el mercado laboral que le permita no tener que volver a delinquir, pero la inversión en este sentido es baja y las empresas no se quieren involucrar en este tipo de programas.

El tratamiento en la prisión también tiene que ser digno, se debe dar la oportunidad de educación, de formación profesional y deben aprovechar el tiempo de la prisión, no para aprender a cometer otros crímenes, sino para que la persona aprenda otro tipo de alternativa para cuando salga. La sociedad ve las cárceles como un depósito para olvidar a los que están dentro, pero si olvidamos a los que están dentro, cuando salgan no los vamos a olvidar más.

Dato: Ignacio Cano, visitó Honduras a conocer la forma en que el Proyecto Paz y Justicia, de la Asociación para una Sociedad más Justa, ha logrado reducir la criminalidad en las colonias más violentas de Tegucigalpa y San pedro Sula.