Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial, según indica la clasificación sobre la libertad de prensa de 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). De 180 países, Honduras está en la posición 165; en las posiciones siguientes están países como Irán, Irak, Palestina y Siria donde el conflicto social-armado es permanente.
El hostigamiento, criminalización y persecución (…) se trasladó a otros grupos como los defensores de la vida, defensores del medio ambiente, defensores de los derechos humanos y todos aquellos que se atrevían a levantar sus voces para manifestarse en contra de las agresiones que estaba ejerciendo desde el gobierno el señor Juan Orlando Hernández.
Indicó la vicepresidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Gilda Silvestrucci en la presentación del Informe de Libertad de Expresión (ILE) 2021.
En Honduras es C-Libre una de las organizaciones que se encarga de monitorear y registrar anualmente los hechos más evidentes donde los defensores de derechos humanos son víctimas de agresiones al ejercer su derecho de libertad de expresión.
De 2001 hasta la fecha, en Honduras han sido asesinados 97 periodistas y 122 defensores del territorio, derechos humanos y dirigentes estudiantiles, según informes de C-Libre. En ese sentido, entre 2003 y 2021 se registraron 2,054 alertas por amenazas al derecho de libertad de expresión.
Solo en 2021 se emitieron 96 alertas por amenazas al ejercicio de la libertad de expresión. Las maneras en las que se ejercieron estos ataques fueron con ataques legales, censura, coacción de la protesta social, relacionadas a la crisis sanitaria por Covid-19, violaciones a través de internet, por pluralismo y diversidad y restricción al acceso a la información.
Aunque en el 2022 Honduras ocupa el lugar 165 de 180 países donde el ejercicio del periodismo es peligroso por la represión desde el Gobierno, en el 2021 ocupaba la posición 161. Es decir que la situación para la prensa, en especial para la independiente, ha empeorado.
Prensa y Gobierno
Con respecto a la administración pasada, es importante recordar el caso de corrupción Hermes presentado por el Ministerio Público (MP) en el 2021 a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) dirigida por el fiscal Luis Javier Santos Cruz. En esta investigación el MP manifestó que alrededor de 70 periodistas recibían montos millonarios para que a través de su cobertura oficialista pudieran moldear la opinión pública a favor del Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico el 21 de abril de 2022.
Este año el Gobierno de Honduras lanzó su propio periódico, llamado Poder Popular. Este medio de comunicación gubernamental pretende informar sobre la gestión de la presidenta Xiomara Castro a través de las secretarías de Estado. Carlos Estrada, viceministro de la Secretaría de Prensa, es quien dirige el periódico semanal. La dirección editorial está integrada por otros secretarios de Estado. A este semanario debe agregarse el canal de televisión del Gobierno, el canal 8.
Mientras el Gobierno pinta su periódico como “las letras de la refundación de la patria”, las experiencias en otros países, como El Salvador, sugieren que este tipo de periódico puede servirse como un medio de propaganda orientado principalmente a influir a la opinión pública a favor del Gobierno, no a informar al pueblo con noticias objetivas.
Judicialización
En Honduras, la judicialización de los casos de violación a la libertad de expresión, desafortunadamente, no son la excepción en un sistema judicial débil. De 97 casos registrados, solo en 10 se han emitido sentencias condenatorias. Estas violaciones a la libertad de expresión incluyen represiones en protestas, silenciamiento a medios de comunicación que se trasladaron a internet por el Covid-19, acoso sexual a periodistas y vigilancia permanente a personas que defienden derechos humanos en Honduras.
74 casos, representando el 76.29% del total de las violaciones al derecho de libertad de expresión registradas, siguen en la etapa de investigación penal. Por este motivo, a los defensores de derechos humanos les preocupa que los índices de impunidad aumenten cuando concierne al derecho de la libertad de expresión.
“Vimos también esa represión silenciosa no solamente del sector gubernamental, sino también de sectores privados que están acostumbrados a silenciar a través de amenazas”, continuó denunciando la vicepresidenta de C-Libre en la presentación del ILE 2021.
Agresiones contra mujeres en ejercicio de libertad de expresión
La violencia de género y atentados de libertad de expresión contra personas del género femenino en Honduras se manifiesta especialmente contra perfiles de las periodistas, reporteras que cubren noticias de calle, manifestaciones populares, tomas de carreteras o quienes realizan notas de investigación de hechos de corrupción del Estado, el crimen organizado.
Denuncia el ILE 2021.
De los 97 casos de asesinatos a periodistas, en 5 casos mujeres fueron víctimas de agresiones. Según el ILE, las mujeres que se dedican a la comunicación y periodismo son afectadas a mayor escala por las agresiones en comparación a los periodistas y comunicadores. El informe de C-Libre indica que “la mayoría de las agresiones registradas tienden a deslegitimar su honra, dignidad e integridad traspasando a su vida privada, un hecho poco conocido es el robo de identidad y 107 difusión de fotografías íntimas, agresión que no observamos con los periodistas hombres”.
Entre las violaciones registradas en las alertas están agresiones físicas, acoso sexual, amenazas, vigilancia, criminalización, estigmatización, intimidación, atentados, tentativas de asesinatos, asesinatos, sabotajes, desplazamientos forzados, entre otras.
Exigencias
Según los informes de libertad de expresión en Honduras de los últimos años, este derecho se ha visto deteriorado por el clima de transgresión que viven las diferentes personas que se dedican al periodismo y al trabajo de los medios de comunicación.
A juicio de expertos, el Estado de Honduras debe “mejorar la interpretación, atención y análisis de las demandas que exigen garantizar y proteger los derechos humanos de aquellos que protestan al ser Honduras un país constitucionalmente democrático, libre e independiente”, según recomendaciones que C-Libre extiende al Gobierno.
