Desde hace dos meses que se despidió a todos los empleados del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia este ente ha perdido capacidad de proteger a sus beneficiarios y también credibilidad.
A mediados de agosto pasado, la Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, decidió despedir a los 14 empleados del sistema, alegando una reestructuración en la secretaría y falta de capacidad de los empleados que habían sido favorecidos por ser afines al Partido Nacional.
Pero el proceso fue intempestivo y dejó desamparadas a las 158 personas que gozaban del beneficio de protección, quienes son 119 defensores de derechos humanos, 14 operadores de justicia, 13 comunicadores sociales y 12 periodistas.
Fue tal la intensidad de los despidos, que no se le permitió a los exempleados ni siquiera dejar informes con la actualización del estado de los casos de los beneficiarios, por lo que estos últimos han expresado preocupación y han perdido confianza en la protección que les puede dar el estado.
Dina Meza, quien es periodista y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), ha dado acompañamiento a algunas de las personas que pidieron apoyo al mecanismo y conoce muy bien su funcionamiento. Meza se ha convertido en una de las principales críticas a los cambios realizados al mecanismo.
Explica que ahora la carga de la protección a personas amenazadas está recayendo sobre las organizaciones que defienden derechos humanos. Detalla que les están llegando más casos todavía, ya que las personas que estaban en el sistema han quedado solas. “Están en el limbo, no los atiende o no los quieran atender, entonces nos están buscando a nosotros”, dice Meza.
Revistazo pudo constatar con dos personas que gozaban de protección del mecanismo, que no han sido atendidos en los últimos meses. Una de las personas dijo que no había tenido ninguna comunicación con los nuevos representantes, pero que él tampoco los había buscado.
La segunda persona dijo que se había tratado de comunicar con las personas encargadas de su caso pero que el teléfono celular sonaba apagado y que viendo la situación actual del sistema, prefirió buscar apoyo con organizaciones civiles ya que no confiaba en que lo pudieran ayudar en este momento.
Esta situación se repite en casi todos los beneficiarios. Meza reconoce que las nuevas personas podrían ser capaces, pero expresa preocupación ya que son gente que está aprendiendo y el personal anterior era especializado en la materia ya que se invirtió mucho en capacitarlos.
El mecanismo surgió en el año 2015 y se luchó porque fuera un ente técnico, por lo que tanto el Estado como la comunidad internacional invirtieron mucho en la capacitación del personal, esfuerzo que quedó desperdiciado con los despidos.
Meza estima que capacitar a los nuevos empleados tomará al menos dos años y en este tiempo los beneficiarios son los que pueden pagar, hasta con su vida, la inexperiencia de los nuevos funcionarios.
“Los están llevando a capacitación, quizá todas las semanas, pero eso no es tan rápido ni tan fácil porque es una cuestión especializada, deben tener pericia para brindar protección oportuna y hoy no la tienen, eso se convierte en un atentado contra la vida de los beneficiarios», dijo Meza.
Sumado a esto, actualmente solo hay cinco servidores públicos asignados al mecanismo, cuando anteriormente eran 14 los empleados y aun así tenían una sobrecarga de trabajo. Otro problema recurrente ha sido la falta de recursos económicos suficientes para dar cobertura a todas las necesidades.
Diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por el rumbo que está tomando el mecanismo. Emmanuel Colombié, director de Reporteros sin Fronteras en América Latina dijo, «estos recortes de personal tienen un impacto dramático en la seguridad de los beneficiarios de las medidas de protección. Los periodistas hondureños trabajan en un entorno extremadamente hostil y son víctimas, a diario, de amenazas y violencia. Resulta, por tanto, urgente e imperativo restituir al personal despedido o reemplazarlo por empleados formados y competentes, para que los actuales beneficiarios no estén todavía más expuestos al peligro. Es responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro, a través del refuerzo del mecanismo, garantizar su seguridad”.
Meza concluye diciendo que tiene la esperanza que se recupere el camino y que no sea todo el proceso una estrategia para desmantelar todo el mecanismo de protección. “Ojalá que no sea una política de Estado, pero pareciera que lo fuera”, concluye.
