El 01 de diciembre de 2016, el Vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor presentó el muy esperado Primer Informe Semestral de la MACCIH -documento fechado el 19 de octubre, pero hecho público un mes y medio después.
Seis meses es poco tiempo para pedir resultados tangibles a la MACCIH en materia de “apoyo” al combate a la corrupción e impunidad. Sin embargo, hay un indicador de desempeño que incidirá en los resultados que tendrá la Misión en el medio y largo plazo; se trata de la capacidad de la MACCIH en motivar reformas anticorrupción.
Siguiendo la línea CICIG –aunque no les guste a algunos-, la experiencia nos muestra, que primero hay que hacer las reformas legales para poder ir contra los corruptos; y para esto, indudablemente se tiene que trabajar con el Legislativo. En cierta medida el Primer Informe de la MACCIH muestra esa estrategia, pues la gran mayoría de las interacciones, las tuvo con el Congreso Nacional.
En fin, en estos primeros meses de mandato, la MACCIH ha tenido que navegar las aguas turbias de la política hondureña, y no le ha ido muy bien que digamos. Tres son los momentos que se me vienen a la mente, casos bien documentados mediáticamente y que también aparecen en el Primer Informe Semestral.
1.- Reforma por Adición a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.
El 20 de julio pasado, el Congreso, reformó la legislación que crea jueces con jurisdicción nacional para incluir a los juzgados especializados anticorrupción y antiextorsión. La MACCIH tuvo un trabajo protagónico a través del asesoramiento al Poder Judicial (PJ) de la iniciativa de ley, pero el Congreso al final, le trastocó el espíritu y el alcance de la reforma.
Tal como quedó la reforma, los juzgados especializados conocerán casos de 3 o más servidores públicos, mientras que los tribunales tradicionales conocerán aquellos que involucran dos o menos imputados que actualmente comprenden el 75% de los casos judicializados. Para rematar, el Congreso dejó por fuera la facultad de los jueces anticorrupción de aplicar medidas de privación de dominio (decomiso de bienes a los corruptos) y no conocerán todo el catálogo de delitos de corrupción; como, por ejemplo, la malversación de caudales públicos. No se debe olvidar también, que los altos funcionarios como ministros y diputados, ya tienen su propio “juzgado especializado”, a través de los jueces naturales nombrados por la Corte Suprema de Justicia.
Esto implica que los juzgados anticorrupción tampoco conocerán casos que involucren altos funcionarios que suelen ser de gran corrupción (por ejemplo, casos como el IHSS), aunque haya tres o más involucrados. Para rematar los juzgados especializados antiextorsión, también solo van a ver casos de 3 o más imputados. En fin, en vez de fortalecer capacidades e independencia judicial a través de juzgados especializados; así como, contribuir a reducir la mora de los tribunales, el Congreso decidió por dos jurisdicciones paralelas.
2.- Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos o “Ley de Política Limpia”.
Esta Ley fue aprobada el 20 de octubre por el Legislativo, pero peculiarmente a diciembre de 2016 aún no ha sido enviada al Ejecutivo, y menos publicada en La Gaceta.
El proyecto inicial que promovió la MACCIH, establecía un único titular encargado de la Unidad de Fiscalización que sería responsable de verificar la transparencia y veracidad de las cuentas de los partidos, movimientos y candidatos políticos. Tal como quedó aprobado por el Congreso, la Unidad tendrá tres titulares distribuidos entre los tres partidos políticos con mayor presencia. En otras palabras, lo que quedó fue un “mini” Tribunal Supremo Electoral, dentro del mismo Tribunal Supremo. Como dijo un funcionario de la MACCIH: “los ratones cuidando el queso”.
Se dice que los viejos “lobos” políticos le tendieron una trampa a la joven MACCIH, pues se tiene una Ley legitimada por la Misión que dista del espíritu inicial y sin posibilidad real de ser efectivamente supervisada o cumplida por los políticos. El error fue tratar el proyecto de ley como una reforma electoral más y únicamente trabajar con los partidos políticos. Al final, la MACCIH quedó “sola” -a pesar del repudió social que ha habido por la corrupción y el dinero ilícito en la política.
3.- Selección de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin duda ha sido el momento de mayor tensión entre la MACCIH y las cúpulas políticas.
La MACCIH en octubre 2016 publicó un reporte especial (Tercer Reporte MACCIH) que básicamente vincula la selección transparente de los magistrados del TSC con la responsabilidad del Congreso Nacional de combatir la corrupción. Esto solo fue el preámbulo, pues lo que realmente caló mal, fue la asociación de la MACCIH con la sociedad civil organizada y la mediatización del arreglo político entre el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Refundación y Libertad por el control del TSC –una vieja práctica que ha contribuido a la impunidad administrativa.
Al final, fueron los mismos arreglos políticos que terminaron por deslegitimar el proceso de selección, a pesar de los múltiples comunicados de prensa y argumentos constitucionalistas de los diputados involucrados en la repartición del TSC. De paso, hasta la misma Embajada de los EUA, salió mencionada–no se debe olvidar los miles de millones de lempiras de ayuda al desarrollo que está condicionada a muestras de transparencia y combate a la corrupción.
En fin, fue la primera vez –y esperamos que no sea la última- que la MACCIH coincide con la sociedad civil para promover una reforma anticorrupción. Esto tuvo un impacto en las relaciones de poder y puso en jaque a los poderes fácticos acostumbrados a manipular la opinión pública y al Estado a su discreción.
¿Qué lecciones podemos sustraer de los seis primeros meses de la MACCIH?
En contextos de corrupción sistémica y estructural como el hondureño, no se puede “apoyar” en el combate la corrupción, sin afectar intereses políticos. Esto implica que la MACCIH, forzosamente se tendrá que confrontar con el estatus quo político si realmente pretende tener resultados tangibles en el combate a la corrupción e impunidad. Experiencias como la CICIG en Guatemala y los jóvenes procuradores del caso Lavo Jato en Brasil muestran este patrón.
Otra lección, es que las reformas que promueva la MACCIH deben tener una movilización social que acompañe. Pues de manera aislada, no podrá con un poder político que por décadas ha acostumbrado a campar a sus anchas. A nosotros los ciudadanos se nos está olvidando que fuimos nosotros que pedimos ayuda a la Comunidad Internacional para recuperar a la política de la corrupción.
Veremos cómo termina el primer año de la MACCIH…
