Expresó que el informe de la auditoria no especifica la responsabilidad de los funcionarios que emitieron los pagos, debido a que se trata de una investigación rígida, dirigida específicamente al pago de los colaterales que recibieron los maestros. “Estas son auditorias puntuales, por eso no señalan la responsabilidad de la Secretaria de Educación en el desorden, hay otras auditorias de cumplimiento, financieras y de gestión que si cubren la totalidad”.
Indicó que el informe corresponde a pliegos individuales para cada maestro. Sin embargo, “a mi me parece que además de los maestros que recibieron indebidamente el pago, el funcionario que lo hizo indebidamente también debe ser responsabilizado. Habría que ver si en el departamento de auditoria se hizo, y si no, todavía hay tiempo, porque habrá que ver la responsabilidad solidaria que hay en el informe”, aseguró
Indicó que todavía hay tiempo para hacer los correctivos, pues de no aparecer la responsabilidad de los funcionarios, el TSC tendrá que retomar el caso.
Una auditoria realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el salario de los maestros, revela que entre 2003 y 2008, la Secretaría de Educación Publica, emitió pagos indebidos por valor de 901 millones 456 mil 729 lempiras, equivalentes a 47 millones 445 mil 91dolares.
Rigoberto Córdova |
Aunque funcionarios del organismo contralor son del criterio que el Estado debe recuperar el dinero, después de dos años de emitido el informe no refleja mas que una debilidad en su capacidad coercitiva, porque del total de las erogaciones únicamente ha podido recuperar 350 mil lempiras.
En declaraciones para Transformemos Honduras, la secretaria general del TSC, Alba Rivera, dijo que ese organismo suspendió la notificación de los reparos, por falta de recursos económicos para el pago de las publicaciones. Sin embargo, el representante legal, Rigoberto Córdova, aseguró que las notificaciones se continúan haciendo.
“Se está notificando no en la totalidad, pero hay muchos avances. Hay notificaciones que han sido confirmadas, mientras otras posiblemente se desvanecen, pero eso es parte de un proceso. Al profesor o a cualquier otro funcionario, no se le puede violentar el derecho a la defensa o al debido proceso, no podemos hacerle una responsabilidad y cobrarle de un solo, debemos ser responsables de la ley”, aseveró. Córdova.
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