El Ministerio Publico presentó acusación contra Alejando Ventura, Pedro Arnaldo Pinto y doce ex miembros más de junta directiva del Inprema, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude en contra de la administración pública. El pleno de la Corte Suprema de Justicia, nombró por unanimidad, al magistrado presidente, como juez especial, que determinará si admite la denuncia, para que inicie el procedimiento.
De acuerdo al expediente 107-2007 abierto en su momento por la Fiscalía General de la República, la denuncia también abarca a Marco Antonio Vallecillo, Gustavo Adolfo Fonseca, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Óscar Nahúm Rubí, quienes son acusados por delitos en perjuicio de la administración pública.
Asimismo, Óscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales Cano, Darío Roberto Cardona Valle, Jorge Armando Lanza Bueso, Jorge Alejandro Ventura Soriano y Lorenzo Sauceda Cálix, por el delito de abuso de autoridad. Parte de la responsabilidad se deriva de la participación de los imputados en la aprobación irregular del proyecto habitacional, Residencial La Cañada, donde supuestamente se realizaron erogaciones sin respaldo económico.
Para el proyecto se habían presupuestado 16 millones de lempiras, pero al ejecutarlo, invirtieron cerca de veinticinco millones.
Según la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la acusación cuenta con suficientes pruebas documentales, periciales y declaraciones de testigos que serán presentadas al Juzgado. La presentación de la acción penal, surge de las investigaciones realizadas luego de conocer los informes del Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Comisión nombrada para intervenir la institución.
Debido a que el imputado, Darío Roberto Cardona Valle, es un alto funcionario del Estado, quien se desempeña como viceministro de la Secretaria de Recursos Naturales, la acusación se realizó a través de un procedimiento especial. En su momento el funcionario fungió como representante de la Secretaría de Trabajo ante el directorio del Inprema.
Corrupción
La comisión interventora del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), presentó en septiembre de 2011 ante el pleno del Congreso Nacional el informe de la corrupción en esta institución. El documento señala entre los responsables al exministro de Educación, Alejandro Ventura y al ex dirigente magisterial, Arnaldo Pinto.
La comisión que fue presidida por Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y actual presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hizo una radiografía para exponer cómo el Inprema llegó a un déficit actuarial de 79 mil millones de lempiras, mientras el capital de esa institución ronda los 18 mil millones.
El informe que fue enviado al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, señala responsabilidades penales y administrativas por el otorgamiento de préstamos y pagos de jubilaciones a docentes muertos, préstamos concesionales a dirigentes y a los colegios magisteriales, totalmente al margen de la ley.
De igual manera, señala la compra de terrenos sobrevalorados. En el caso particular del exministro de Educación, Alejandro Ventura, quien al ser dirigente magisterial estuvo en el directorio del Inprema, “aparece en varias aprobaciones de irregularidades, tomó decisiones que afectaron la institución y hay que decirlo así”, dijo Vilma Morales, cuando presentó el informe.
Demuelen edificio
A pesar que el informe señala que el inprema en la actualidad opera con un déficit de 79 mil millones de lempiras y que la institución no cuenta con los recursos necesarios para atender once mil jubilaciones pendientes de trámite, la Junta Interventora ordenó la demolición del antiguo edificio, que recién había sido remodelado.
“Se habla de que la institución está en la quiebra financiera, pero destruyen un edificio que le cuesta al magisterio millones, el año anterior le invirtieron 400 millones de lempiras para remodelarlo, la verdad no entendemos”, señaló Eulogio Chávez, ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras.
Tras lamentar la difícil situación que atraviesa el inprema, Chávez informó que en la administración de Arnaldo Pinto y Luis Lara, invirtieron 525 millones de lempiras, en un edificio que resultó ser desechable.
El actual presidente de la Junta Interventora del inprema, Roberto Jerez, asegura que la demolición del edificio se ordenó en base a un dictamen de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en virtud que el terreno donde fue construido es vulnerable a derrumbes por tratarse de un relleno. Indicó que en ese lugar será construido un estacionamiento. El nuevo edificio se construye a la par a un costo de 300 millones de lempiras.