El país se aproxima a un nuevo ciclo de gobierno en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas, pero también por profundas limitaciones estructurales. El gobierno entrante heredará un Estado presionado por crisis acumuladas en salud, educación, seguridad, economía y gobernanza democrática, que no pueden resolverse con discursos ni medidas aisladas. El verdadero desafío será implementar transformaciones integrales en el gobierno para responder a problemas que llevan años profundizándose.
Más allá del relevo político, el próximo gobierno asumirá funciones en un país donde la desconfianza hacia las instituciones públicas persiste, la capacidad estatal es limitada y la población enfrenta condiciones de vida cada vez más precarias. Gobernar en este contexto exigirá priorizar, tomar decisiones basadas en evidencia y romper con prácticas que han debilitado la respuesta del Estado.
Un sistema de salud al límite
Uno de los retos más urgentes será el sistema de salud pública. La mora quirúrgica, que supera los 14 mil pacientes en espera, evidencia no solo una falta de recursos, sino graves problemas de gestión. Más de la mitad de estas personas ha superado el tiempo máximo recomendado para una cirugía, mientras casi un tercio de los quirófanos del país permanece inhabilitado, reduciendo aún más la capacidad de respuesta del sistema.
A esta situación se suma una baja ejecución presupuestaria y recortes en áreas sensibles como medicamentos y vacunas, en un país que invierte apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, lejos de los estándares internacionales recomendados. El reto para el próximo gobierno no será únicamente asignar más recursos, sino garantizar que estos se traduzcan en servicios efectivos, oportunos y transparentes para la población.
En este sentido, Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advierte que la respuesta del nuevo gobierno debe partir de decisiones inmediatas orientadas a garantizar el acceso a medicamentos, reducir la mora quirúrgica y los tiempos de espera, y avanzar hacia un sistema de salud integral basado en la atención primaria y el uso eficiente de los recursos públicos, como ella misma señala, “el nuevo gobierno debe tener una agenda primaria o urgente que atender”.
Educación: la deuda más peligrosa
El sistema educativo enfrenta una crisis silenciosa pero profunda. Más de un millón de niñas, niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo, y solo una fracción logra completar la educación media. Los niveles de aprendizaje han retrocedido más de una década, con resultados en lectura y matemáticas que reflejan serias deficiencias desde los primeros grados.
Aunque el presupuesto educativo ha registrado incrementos, la mayor parte se destina a salarios, mientras la inversión en materiales y calidad educativa es mínima. La ausencia de textos escolares durante varios años es un reflejo de esta despriorización. De no tomarse medidas urgentes, el país enfrenta el riesgo de consolidar una generación con escasas oportunidades educativas y laborales, lo que impactará directamente en la seguridad, la economía y la cohesión social.
Seguridad y justicia: sin institucionalidad no hay resultados sostenibles
En materia de seguridad, los resultados continúan siendo limitados y frágiles, en un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen siendo una de las principales preocupaciones de la población. La ausencia de mejoras sostenidas refleja las dificultades del Estado para avanzar hacia una política de seguridad integral y de largo plazo. A pesar de la implementación prolongada del estado de excepción, los resultados han sido limitados y han generado preocupaciones adicionales sobre la restricción de derechos fundamentales.
Para revertir este escenario, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, sostiene que la mejora de los indicadores de seguridad pasa por una estrategia integral que combine prevención, reacción efectiva y fortalecimiento de la investigación criminal. En ese sentido, subraya que “el nuevo gobierno debe adoptar un enfoque, una metodología clara para atender a cada uno de estos elementos”, como condición para avanzar en la reducción de la violencia y la impunidad.
En ese sentido, el próximo gobierno deberá enfrentar el reto de abandonar enfoques improvisados y avanzar hacia una estrategia integral que priorice la investigación criminal, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza ciudadana. Sin un sistema de justicia funcional, cualquier esfuerzo en seguridad seguirá siendo frágil y temporal.
Democracia bajo presión y opacidad persistente
La debilidad del espacio cívico y los retrocesos en transparencia representan otro desafío central.
La opacidad en el manejo de fondos públicos, las irregularidades en compras y contrataciones y el uso discrecional del presupuesto han debilitado la rendición de cuentas. En los últimos años, se han documentado más de 800 millones de lempiras en compras del Congreso Nacional sin justificación clara, así como un uso recurrente de prácticas contrarias a la normativa, según informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Por otro lado, gobernar implica no solo administrar recursos, sino garantizar condiciones para la participación ciudadana y el respeto al Estado de derecho. Los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil, sumados a altos niveles de impunidad en crímenes contra comunicadores, reflejan un entorno cada vez más hostil para el ejercicio democrático.
Economía estancada y finanzas públicas bajo tensión
En el plano económico, el país enfrenta una combinación compleja de alta pobreza, precariedad laboral y fuerte dependencia de las remesas, que representan más de una cuarta parte del PIB. Según datos obtenidos del informe Estado de país de la ASJ, a pesar de un crecimiento económico modesto, seis de cada diez hogares viven en condiciones de pobreza, mientras la mayoría de los nuevos empleos generados son informales.
Este escenario refleja una estabilidad macroeconómica que no ha logrado traducirse en mejoras estructurales. Como señala Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de ASJ, Honduras mantiene un crecimiento cercano al 3.6%, “insuficiente para generar empleo de calidad y sacar a la población de la pobreza de forma sostenida”, en un contexto donde la economía depende de sectores con bajo impacto productivo y de las remesas, mientras la inversión y sectores clave pierden dinamismo.
El manejo de las finanzas públicas también plantea serios retos. Una parte significativa del presupuesto se destina al pago de salarios y deuda, dejando un margen reducido para inversión productiva. A esto se suma un modelo de endeudamiento que no ha logrado traducirse en mejoras tangibles para la población, con miles de millones de dólares en préstamos sin ejecutar.
En el subsector eléctrico, pese a incrementos presupuestarios, persisten altos niveles de pérdidas y una estructura financiera insostenible que continúa presionando las finanzas del Estado.
Desde la sociedad civil se plantea la necesidad de impulsar un crecimiento productivo basado en agricultura, agroindustria y manufactura, atraer inversión con certeza jurídica, reducir la informalidad laboral y reorientar el gasto hacia infraestructura, advirtiendo que sin inversión y empleo formal el país seguirá estable, pero estancado.
Cambio climático: una crisis que atraviesa todos los sectores
Honduras se encuentra entre los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Incendios forestales, tormentas y eventos extremos han afectado a cientos de miles de personas, mientras la deforestación avanza a un ritmo que supera ampliamente los esfuerzos de restauración. La baja ejecución de compromisos ambientales y la alta impunidad en delitos ambientales reflejan una brecha crítica entre el discurso y la acción. El reto para el próximo gobierno será integrar la agenda climática como un eje transversal del desarrollo, entendiendo que sus impactos afectan directamente la seguridad alimentaria, la salud, la economía y la estabilidad social.
En conclusión, el gobierno entrante asumirá el poder en un país profundamente golpeado por la desigualdad, la debilidad institucional y la desconfianza ciudadana. Los problemas están diagnosticados y los datos son contundentes. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el mayor obstáculo no ha sido la falta de recursos o de diagnósticos, sino la incapacidad de transformar estos en decisiones oportunas, coherentes y sostenidas en el tiempo.
Si las prácticas de improvisación, opacidad y priorización de intereses políticos persisten, el país corre el riesgo de repetir un ciclo de frustración social, deterioro institucional y gobiernos cada vez más débiles. En cambio, si la próxima gestión gubernamental asume con seriedad la magnitud de los desafíos, apuesta por la evidencia, la transparencia y el diálogo con la sociedad, aún existe una ventana de oportunidad para comenzar a reconstruir la confianza y sentar las bases de un desarrollo más justo y sostenible. En este escenario, nadie podrá decir que los desafíos no estaban claros desde el inicio.
