“El Congreso Nacional es quién asigna los beneficiarios, montos y proyectos a ejecutar, por lo que recomendamos que la información sea solicitada al Congreso Nacional, por ser los responsables de su asignación”, señala la gerente administrativa de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Lilia María Bogran, en su oficio No GA-475.
La funcionaria respondió así a una petición de información pública que revistazo.com hizo recientemente, sobre el apoyo económico que el Congreso Nacional asignó a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG´s), iglesias y patronatos comunales, durante el periodo 2008 y 2010, documentación que de acuerdo a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), no se encuentra en los archivos del Poder Legislativo.
Revistazo.com también solicitó a la Secretaría de Finanzas, información relacionada a los subsidios que el Ministerio de Gobernación y Justicia (hoy Secretaría del Interior) entregó a las Ongs e iglesias en ese mismo periodo, pero de igual forma se informó que esa dependencia estatal no cuenta con los registros.
“Los subsidios que otorga la Secretaría del Interior, los beneficiarios y montos, son asignados por esta institución, quienes realizan los trámites de pago. Ambos casos los pagos se realizan a través de la Tesorería General de la República a través de transferencias bancarias”, refiere la nota oficial, que la gerente administrativa envió a la oficial de transparencia de la SEFIN, el pasado 28 de noviembre.
De acuerdo al artículo 32 de la Ley de Transparencia, todas las instituciones del Estado están obligadas a conservar y custodiar la información pública captada o generada en sus funciones. No obstante, el Congreso Nacional asegura no contar con los archivos correspondientes a la gestión 2008 y 2009.
A pesar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se encuentra obligado a velar por la correcta aplicación de la ley de Transparencia, después de cinco años de estar en vigencia, no se determina acción alguna, que esta institución haya ejecutado contra los organismos que niegan la información pública.
Mientras la situación siga así, la población hondureña continuará debatiéndose en la miseria, unos pocos seguirán enriqueciéndose y el país se perpetuará en los primeros lugares en corrupción.
