A pesar que ya transcurren dos décadas de la aplicación de las políticas asistencialistas asumidas por los gobiernos nacionalistas y liberales con propósitos de reducir el impacto de las medidas económicas del modelo neoliberal, el clientelismo político electoral, impide la institucionalización de verdaderos programas sociales que ayuden al menos, a reducir los cordones de miseria en que vive un alto porcentaje de la población.
Una investigación realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señala que el proceso de institucionalización de la política social iniciada en la década de los noventa, se presenta en tres facetas importantes.
En primer lugar, aparecen las políticas sociales de corte asistencialista que tienen como propósito suavizar el impacto de las medidas económicas derivadas de neoliberalismo. Sin embargo, después de veinte años de haberse iniciado la implementación de estos programas, en el gobierno no se observa voluntad política para la integración de una estrategia que permita la despolitización de las ayudas condicionadas.
La Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), representa otro momento importante en la generación de recursos provenientes de cooperación internacional. La ERP fue dirigida a la generación de conciencia alrededor de la pobreza profundizada a finales de la década de los noventa, con el paso del huracán Mitch.
El informe de la ASJ menciona en tercer lugar la implementación de transferencias condicionadas, a partir de la creación la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo surgimiento fue adversado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta secretaria de estado, fue cimentada en la Red Solidaria, que en el mandato de Manuel Zelaya Rosales, unificó las ayudas condicionadas que se entregaban a través de diferentes bonos del gobierno.
Es de mencionar que a pesar del endeudamiento que sufre el Estado, para que el gobierno cumpla con estos compromisos, muchos de los cuales corresponden a ofrecimientos de campaña política, son mínimos los beneficios que el país recibe en términos de reducción de la pobreza.
La Secretaría de Desarrollo Social, inicia operaciones en febrero del 2010 a través del programa de Escuelas Saludables y el de las Unidades de Desarrollo Comunitario (UDECO). El primero, tiene los componentes de la merienda escolar, huertos escolares, brigadas médicas y se inscribe la integralidad de protección de la niñez, mientras el otro consiste en el fortalecimiento a la capacidad de generación de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Un tercer programa, es el de Fondos Descentralizados de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza, que facilita los desembolsos del nivel central hacia las alcaldías. Todos corresponden a situaciones ligadas directamente a casa presidencial.
Las motivaciones principales para crear la Secretaría de Desarrollo Social, estuvo relacionada con la necesidad de superar la fragmentación y las acciones aisladas de programas y proyectos sociales del Estado.
La transición hacia la institucionalización de la Secretaría, iniciada en el gobierno Zelaya Rosales, tuvo como objetivo principal, lograr armonizar, articular y alinear los esfuerzos del sector social. Sin embargo, las fallas jurídicas y estratégicas convierten a esta institución en un “tigre sin dientes, ni garras”, debido a que no tiene el poder para coordinar las acciones que le corresponden. Su papel específico es débil frente a las otras instituciones del Estado.
“Cuando la Secretaría le quiere indicar a Ministerios e instituciones como a: Salud, Educación, PRAF, FHIS lo que tienen que hacer para atender la demanda de servicios hacia los más pobres, existe muy poca autoridad para lograr que orienten sus acciones de acuerdo con la visión de la Secretaría”, dice el informe de ASJ.
Karla Cueva, viceministra de la Secretaria de Desarrollo Social, dijo que esa dependencia estatal se instauró luego de la aprobacion del diagnóstico institucional que le permite cumplir con el rol de normar, evaluar y ejecutar programas sociales. Indicó que la institucion se divide en dos subsecretarías, que se encargan de la formulación, diseño, análisis y la evaluación de políticas sociales.
No obstante, la investigacion realizada por la ASJ, asegura que por intereses particulares, son mínimos los avances obtenidos en esta materia.
“Que por el hecho de mantener control político y sobre los recursos, no ceden ante la necesidad de organizar de forma racional la oferta social. Y por otro lado, es latente el temor manifiesto de los funcionarios, que en su discurso público hablan de la necesidad de avanzar hacia esa articulación planteada, pero en el ambito de su propia practica no toman acciones concretas para no verse debilitados y quedarse sin poder dentro de la estructura estatal”, afirma el documento.
El titular de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), Julio Raudales, asegura que con la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno busca consolidar los programas sociales para darles un sentido de coherencia, situación que obliga a esta dependencia a consolidar las funciones que le asigna la ley.
