Tres expertos de las Naciones Unidas expresaron su gran consternación el 1 de octubre por el asesinato del abogado Antonio Trejo, en el marco de serias preocupaciones sobre la seguridad de los defensores de los derechos humanos en Honduras, en particular de los que trabajan con conflictos de tierra.
“Ese asesinato es inaceptable”, coincidieron en afirmar los relatores especiales de la ONU Margaret Sekaggya, Christof Heyns y Frank La Rue.
“Estoy muy apenada por su muerte… y es imperativo que el gobierno (del presidente Porfirio Lobo) establezca lo antes posible un programa nacional de protección de defensores de derechos humanos”, declaró Sekaggya.
En febrero de 2012, Trejo se reunió con Sekaggya durante la visita de ella al país y le informó haber recibido repetidas amenazas de muerte como consecuencia de sus actividades.
Heyns expresó su “profunda preocupación por la continua impunidad con la que operan los perpetradores en Honduras”, tras recordar al gobierno su “obligación de garantizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”.
La Rue pidió que “el resultado de la investigación de este crimen sea informado a la familia de Antonio Trejo, a la opinión pública de Honduras y a las relatorías relevantes de la ONU”.
Asimismo, Estados Unidos lamentó la tragedia.
“Recibimos con tristeza e indignación el asesinato del abogado hondureño y defensor de derechos humanos Antonio Trejo”, dijo el Departamento estadounidense de Estados, luego de instar a Lobo a realizar “de inmediato” una investigación a fondo y transparente de su muerte.
Sostuvo que Trejo “trabajó incansablemente para resolver el trágico y complejo conflicto de tierras en el Bajo Aguán, valiéndose de retos y negociaciones legales en una zona donde las disputas a menudo se resuelven con violencia. Instamos a todas las partes a continuar sus esfuerzos por traer paz a la zona”.
Al respecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el homicidio es emblemático de la “inseguridad crónica” que vive en Honduras.
Destacó que “existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable. Cuando los responsables saben que es muy probable que se salgan con las suyas, no hay nada que disuada de asesinar otros destacados defensores de derechos humanos del país”.
Desconocidos atacaron, dispararon y mataron a Trejo el 22 de septiembre de 2012 cuando el 22 de septiembre salía de la iglesia Torre Fuerte de la Colonia América de Tegucigalpa, donde acababa de unir en el matrimonio a una pareja amiga.
El profesional recibió cinco impactos de bala y fue trasladado al Hospital Escuela de la ciudad, donde falleció.
Trejo era el principal abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y representaba a tres cooperativas agrarias en esa región de la costa atlántica hondureña.
Estuvo vinculado a un conocido caso que se extendió por 18 años y que finalizó con la decisión judicial en junio de 2012 declarando ilegal la adquisición de las fincas de San Isidro, La Trinidad y El Despertar, y ordenando la devolución de esas tierras a MARCA.
Era muy activo en los medios de comunicación para denunciar los abusos de los terratenientes y de la clase política. Horas antes de su asesinato participó en un debate televisado en el que acusó a algunos políticos de utilizar el proyecto de construir ciudades privadas en el país para recaudar fondos para sus campañas electorales.
Ayudó además a grupos de agricultores a recuperar sus derechos legales sobre tierras del fértil valle del Aguán y en octubre de este año viajaría a Washington para participar en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas al persistente conflicto sobre esas tierras.
En los últimos diez años miles de campesinos sin tierras han ocupado numerosas parcelas del Aguán que habían sido expropiadas por empresas y terratenientes acaudalados.
La situación se agudizó desde el 2008 por numerosos enfrentamientos violentos en el valle que han causado decenas de muertes de labriegos y empleados de seguridad de los terratenientes.
La violencia continúa a pesar de que el gobierno hondureño llegó a un acuerdo con los terratenientes del valle para que devolviesen en torno a 1.600 hectáreas de tierras agrícolas a unas cuantas cooperativas de agricultores rurales.
Personal de seguridad privada que trabaja para terratenientes y empresas en Bajo Aguán ha sido acusado de una serie de presuntos abusos contra los derechos humanos, como amenazas contra agricultores locales, violaciones y otros ataques violentos.
