Invertir en la superación de la pobreza infantil indígena constituye una obligación estatal básica para aplicar los derechos de todos los niños y adolescentes, y para garantizar la supervivencia de los pueblos originarios y su aporte al porvenir de América Latina, demandaron a los Estados algunos organismos internacionales.
“No es posible entender la pobreza de la niñez indígena sin considerar el empobrecimiento sistemático al que han sido sometidos sus pueblos”, señaló el 14 de noviembre una publicación conjunta dedicada a la infancia y adolescencia del continente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Por lo tanto, toda política pública dirigida a superar la pobreza infantil indígena tendrá que considerar de manera sinérgica la situación de dichos pueblos”, añadió.
El documento se tituló “El derecho al bienestar para la infancia indígena: situación y avances en América Latina” y lo preparó Fabiana Del Popolo, experta de la CEPAL.
Según los datos extraídos de los censos de la década de 2000, en América Latina el 88% de los indígenas menores de 18 años sufren algún tipo de privación frente al 63% de la población general del mismo grupo etario.
La situación expresa una violación a los derechos de los niños a la supervivencia y el desarrollo e implica un alto costo para la sociedad en términos de capacidades humanas e inclusión social.
De acuerdo con la CEPAL y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los menores indígenas de la región sufren una privación severa de acceso a la educación, el agua potable y la vivienda tres veces mayor que el resto de los niños de su edad.
Cerca del 6,3% de los niños indígenas de 7 a 18 años ven gravemente vulnerado su derecho a la educación ya que no han accedido a ella formalmente o la han abandonado sin aprobar ningún año de estudio.
En el caso de la niñez no indígena, la situación alcanza solo el 1,9% y por esta razón se recomendó fortalecer la educación intercultural bilingüe.
Asimismo, el 65% de la infancia indígena sufre privación severa de vivienda y el 19% privación moderada.
En materia de acceso al agua potable, los resultados también son desalentadores: el 30,5% de los niños y niñas indígenas no tienen acceso a ella y el 51,8% sufre privación severa de saneamiento.
“Esas inequidades están estrechamente ligadas a las desigualdades territoriales. Los pueblos indígenas se asientan en mayor proporción en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos y la oferta de bienes y servicios del Estado es más deficiente”, explicó el documento.
También reconoció algunos avances recientes. En Ecuador, México y Panamá, que levantaron censos en el 2010, la privación en educación cayó entre un tercio y la mitad en comparación con las cifras observadas en el 2000.
Los resultados referidos a la vivienda y al agua son menos favorables en esta última ronda de censos.
Las carencias que afectan a los niños indígenas en esos ámbitos disminuyeron en los últimos 10 años en Ecuador, México y Panamá, pero fue mayor el descenso en la niñez no indígena. Por lo tanto, la desigualdad se ha incrementado.
La publicación finaliza con la descripción de una experiencia de uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en un programa de educación intercultural bilingüe en México.
