No saldré a defender a quienes, en alianza con fiscales, diputados y militares, le dieron golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya Rosales; tampoco pretendo preservar la institucionalidad de un Poder Judicial politizado, al servicio de los partidos políticos y los poderes facticos del país (una institución “fallida”, como dice Joaquín Mejía); ni mucho menos tengo la intención de analizar la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el formalismo jurídico con el que muchos avalan –de manera permanente- la ruptura del orden constitucional, cuando les conviene. No se puede defender la actuación de jueces que actúan como escuderos de la oligarquía y la clase política vernácula, mucho menos hacerla de cándido, esgrimiendo argumentos legales sobre un tema eminentemente político. Eso es de ingenuos; yo no quiero empezar el 2013, haciéndola de candoroso.
Ya en las próximas horas, todo este asunto de la destitución de los magistrados de la CSJ será –como casi todo en Honduras- superado con pactos bajo la mesa, actos de contorsionismo constitucional y el uso de la fuerza oficial de quien la detenta; ese será otro episodio más de la tragicomedia que vivimos desde hace décadas en el país.
Lo que difícilmente podrá superarse, por el efecto de bola de nieve que está generando, es ese refinado absolutismo con el que Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernandez, nos gobiernan y la repugnante abulia y connivencia con la que actores no estatales observan los acontecimientos; esto es lo que deseo colocar sobre el tapete de discusión, sobre lo que quiero reflexionar en estas líneas. Quiero poner de relieve el autoritarismo que caracteriza al actual régimen nacionalista, el pasivo y complaciente papel de la oposición política, y la falta de liderazgo que impulse las profundas transformaciones que el país requiere; sin lugar a dudas, el problema no es que estamos tocando fondo, lo más grave es que no veo quien y con qué fuerzas nos podrá ayudar a salir de este profundo y oscuro abismo en el que nos encontramos.
Herederos del más agreste estilo de gobernar de Tiburcio Carias Andino, los abanderados del “Humanismo Cristiano”, hoy hacen gala de utilizar la mayoría parlamentaria que tienen en el Congreso Nacional de la República, para –cual tsunami- imponerse con medidas antipopulares, transgresoras de la Ley y violatorias a los derechos humanos; abusan del “poder” que las ilegitimas elecciones del 2009 les confirió y, en alianza con sus cómplices en el hemiciclo legislativo y en el Gobierno, van preparando el camino para empotrarse en la cima del Estado por “cincuenta años”, como lo dijo el líder de los “Azules Unidos”, en una de sus afiebrados discursos de campaña.
Sin importarles los rangos de actuación que la Carta Magna les otorga como funcionarios públicos, le apuestan a hacer de la fuerza del buró y del erario nacional, los instrumentos reales de gestión estatal; “Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”, parecen parafrasear, en medios del festival de canonjías y prebendas concedidas a sus aliados. Da la impresión que para quienes nos gobiernan, todos son permeables a la extorsión y al soborno; basta ver el papel de mucho han desempeñado en los últimos tres años los legisladores de oposición, el Fiscal General del Estado y el Presidente de la CSJ.
La oposición al régimen es casi inexistente; motivaciones para esta perezosa e irresponsable actuación sobran. Algunos pagan favores y otros los hacen para tener asegurada protección; hay desde los que se venden como rameras y también quienes, candorosamente, asumen que lo correcto es apoyar a quien está en la línea de sucesión oligárquica. Calculan. Nadie quierevivir fuera de presupuesto o sin recibir la sombra del frondoso árbol del Estado.
Dan pena los diputados liberales y ex liberales (ahora LIBRE), y los congresistas residuales (los del Partido Innovación y Unidad, los democristianos y los de la Unificación Democrática), quienes a los largo de estas tres legislaturas han bailado al ritmo del palmoteo graciano y el son olanchano. Pena ajena da, no seguir más que la línea del que “manda”, obviando escuchar el clamor popular y olvidando aquella promesa que dice “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Triste resulta observar, no solamente la actuación de las facciones partidarias en el Congreso Nacional, sino la cómoda posición de los partidos políticos, de los viejos y de los nuevos, que no elevan la voz de protesta ante los excesos del Gobierno de la República. El posicionamiento político de las juntas directivas de estos partidos, que deberían estar en oposición, y la de sus máximos dirigentes, entre los que se encuentran los candidatos presidenciales, es imperceptible, y en muchos casos colinda con la confabulación. No hay quien levante la voz de protesta en forma sostenible y firme, no hay quien la eleve de tal manera que la población la escuche y se sienta representada en el discurso político. Da la impresión que estos cachurecos y sus cómplices, tienen el camino libre, la autopista pavimentada, sin mayores obstáculos más que los excesos que ciegan al que gobierna sin frenos ni límites.
Al margen de la esfera oficial y la clase política, tampoco se observa un liderazgo que guie y motive; las históricas instituciones que han aglutinado y orientado a la ciudadanía, han visto deteriorado su prestigio y la gente confía en ellas. Ni en las iglesias y mucho menos en los medios de comunicación, se encuentra luz; el golpe de Estado del 2009 debilito a estas entidades que, en el pasado reciente, eran reserva moral en el país, hoy muy pocos les creen a sus altos jerarcas.
Aquí, hay una importante oportunidad para que los movimientos sociales, las organizaciones sociedad civil, los gremios profesionales y empresariales, y los colectivos ciudadanos asuman un protagonismo que nunca han tenido, y que en toda sociedad en transición al desarrollo es imprescindible; no obstante, para ello, deberán elevar sus capacidades de análisis y propuesta, ampliar su cobertura geográfica de actuación, democratizarse a lo interno y abdicar a la calentura política-partidaria que a algunas ha contagiado o defender –a ultranza- los intereses de los grupos que específicamente representan.
Para promover las profundas transformaciones que la nación requiere, debe fortalecerse la organización comunitaria, dinamizarse la participación ciudadana y combatirse la arbitrariedad y el autoritarismo; los ciudadanos debemos darnos cuenta que el principio básico de la construcción de una nueva Honduras comienza por ponerle límites a quien detenta el poder, hacerle rendir cuenta de cómo administra los recursos públicos y sancionar a todo aquel funcionario que viole los derechos humanos de los que residimos en el territorio nacional.
No cuestiono a quien le apueste a fortalecer las instituciones y los sistemas estatales, sin embargo, se hace necesario que –en paralelo- se fomente una cultura de respeto a la Ley y a las libertades individuales, para que nadie se sienta facultado para actuar, en el desempeño de sus tareas como funcionario público, como jefe de un régimen despótico, capataz de hacienda o dueño de una finca de café. Yo veo un grave peligro en esta renovada vocación de caudillos disfrazados de demócratas que los que llegan al poder por las urnas y se quieren sostener en él por la vía de utilizar la fuerza del Decreto y el Presupuesto del Estado.
En la Honduras del nuevo siglo, no podemos seguir de golpe en golpe, eso no es de personas civilizadas. Ese es el punto, lo demás vendrá, y se solucionará, por añadidura.
