Uno de los principales colaboradores del presidente Porfirio Lobo acusó al fiscal general Luis Alberto Rubí de comprar armas y rentar oficinas con casi 14 millones de lempiras, en vez de invertirlos en la lucha que Honduras libra contra los delincuentes y narcotraficantes.
El ex coordinador de fiscales y actual director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, dijo que la liquidación presentada al respecto por Rubí tiene “debilidades administrativas”.
Para él, los recursos debieron invertirse exclusivamente en mejorar el trabajo de las unidades del Ministerio Público que directamente luchan contra la criminalidad organizada.
RUBI
Pero Rubí respondió a Palacios Moya que no tiene porqué darle explicaciones sobre los fondos asignados al Ministerio Público.
“Gustosamente podría darle un informe al presidente Porfirio Lobo, a la Corte Suprema de Justicia, a los secretarios de Estado (y) a cualquier miembro del Consejo Consultivo de la OABI, incluso a un organismo contralor del Estado, pero no a un funcionario que carece de atribuciones y poder de tipo contralor”, sostuvo Rubí.
DESCARGUE
Oficio de la OABI al Fiscal General |
IRREGULARIDADES
El fiscal general presentó el 13 de diciembre pasado a la OABI un recuento de los gastos, en el que figuran facturas pagadas antes de que el gobierno depositara los fondos.
“Inconsistencia que demuestra egresos de la fiscalía con otras disponibilidades”, señaló Palacios Moya en la carta que giró a Rubí.
Palacios Moya calificó de “lapsus calami” o error involuntario el hecho de que Rubí pagó el arrendamiento de un año de un local para la OABI situado en el edificio Torre Altamira de Tegucigalpa.
Eso, según Palacios Moya, “es incorrecto, ya que la OABI es una entidad dependiente del (poder) ejecutivo que funciona en su propio local (incautado)”, tras indicar que “lo anterior se apunta con el fin de evitar perjuicios futuros que representen compromisos administrativos”.
Palacios Moya aseguró en su misiva que la fiscalía carece de fundamento al establecer en su informe la existencia de “saldos pendientes de desembolsar”.
Al respecto afirmó que “ninguna normativa gubernamental compromete a la OABI para que subvencione compromisos de la fiscalía ni de ninguna otra institución del Estado” y que sus observaciones podrían ser analizadas por los entes contralores gubernamentales, los que podrían deducir responsabilidades tanto a la OABI como al Ministerio Público.
El reclamo de la OABI coincide con diversos informes que en las últimas dos semanas han desnudado la incapacidad operativa del Ministerio Público en su presunta lucha por combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en el país.
DEBILIDADES
Según la OABI, en la liquidación de gastos del Ministerio Público hubo las siguientes irregularidades:
- Las facturas justificantes fueron pagadas en meses anteriores a la fecha en que la OABI asignó el dinero al Ministerio Público. La Ley Sobre Privación de Dominio fija un destino específico a las unidades que directamente luchan contra la criminalidad organizada, adscritas al Ministerio Publico. Esa inconsistencia demuestra egresos de la fiscalía con otras disponibilidades.
- En las liquidaciones de gastos se observa que el Ministerio Público cubrió un contrato de arrendamiento con el ingreso extrapresupuestario que la OABI le dio y no con el presupuesto ordinario asignado anualmente a la fiscalía. Eso contradice la Ley de Contratación del Estado en la asignación presupuestaria, que debe constar en el expediente de contratación, para cubrir obligaciones emanadas de los contratos firmados.
- Por un Lapsus Calami, o error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir, el Ministerio Público justificó pagos de arrendamiento de un local para la OABI en el edificio en que están las oficinas de la Fiscalía. Eso es incorrecto porque la OABI tiene su propio local.
- La fiscalía agregó en su liquidación que hay un “saldo pendiente por desembolsar de la OABI”, situación sin fundamento porque esos valores y pagos son de desembolsos ya hechos y ninguna ley compromete a la institución a subvencionar compromisos del Ministerio Público. La ley dice que de los bienes decomisados se dé un porcentaje para “unidades que directamente luchan contra el crimen organizado, adscritas al Ministerio Público”.
DESEMBOLSOS
Hubo dos depósitos de fondos de la OABI al Ministerio Público.
Uno, por 8,7 millones de lempiras, en octubre de 2012, y otro por 5,2 millones el 19 de diciembre de ese año.
Pero en su oficio a la OABI del 13 de diciembre, Rubí informó que gastó 2,5 millones en comprar 130 pistolas marca Beretta y 11,1 millones en pagar el alquiler de todo el año 2012 de la Torre Altamira. En ese edificio están las oficinas de la Fiscalía Especial de Privación Definitiva del Dominio, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
VIOLENCIA
El caso se da en momentos en que, de acuerdo al Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma, Honduras es el país más violento de Centroamérica y del mundo con una tasa de homicidios de 85,5 por cada 100.000 habitantes, apenas un punto menos que lo reportado en 2011.
Las muertes diarias en 2011 fueron de 19,47, mientras que en 2012 el dato es de 19,65.
En 2012 murieron de forma violenta 7.172 personas en Honduras, mientras que en 2011 los fallecidos en circunstancia de agresión fueron 7.014. Eso indica que en 2012 se reportaron 68 homicidios más que en 2011.
Durante los tres años de gestión de Lobo se han registrado 20.573 muertes.
Lobo ha justificado que la enorme ola de muertes violentas obedece a que el territorio hondureño es usado como plataforma del narcotráfico. Por eso, ha demandado más ayuda de Estados Unidos y Europa para combatir el flagelo.
Sin embargo, los países de Centroamérica son utilizados casi por igual como puentes para movilizar la droga a Estados Unidos, pero solo Honduras presenta niveles de criminalidad superiores a las naciones vecinas.
