No hay nada confirmado, pero en el Congreso circula la versión que el fiscal general de Estado, Luis Alberto Rubí, sería destituido en las próximas horas.
La legislatura eligió a Rubí por un periodo de cinco años, pero la mayoría de los diputados de los cinco partidos políticos estarían preparando su salida antes de que termine su mandato.
“Todavía no hay nada concreto sobre el caso. Sin embargo, no descarto que eso pudiera suceder”, dijo en rueda de prensa el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, del Partido Unificación Democrática, de izquierda.
Aseguró que “he escuchado algo, aunque a estas alturas no hay justificación para quitarlo y lo único que se le puede achacar es la falta de diligencia en el cargo”.
La separación de Rubí podría ejecutarse en momentos en que Honduras enfrenta una severa crisis de inseguridad generada por el alto nivel de impunidad y delincuencia. Ocho de cada diez crímenes que ocurren en el país no llegan a los tribunales por falta de investigación.
Ese nivel de impunidad conmociona a muchos sectores sociales, que consideran la necesidad de restructurar totalmente el Ministerio Público.
BELIGERANCIA
la posible separación de Rubí, las organizaciones de la sociedad civil son la que deben asumir más beligerancia en su incidencia popular a fin de que el Congreso designe a un profesional de alto nivel en el puesto.
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Pero ha trascendido que los posibles candidatos para reemplazar a Rubí son el ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid, y el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo. Ambos son del abogados del oficialista Partido Nacional y leales al presidente del poder legislativo, Juan Hernández. Rubí es del opositor Partido Liberal
DENUNCIAS
En las últimas semanas el Ministerio Público ha sido sacudido por las revelaciones de dos informes que han desnudado la negligencia y corrupción que afecta la investigación de los crímenes y matanzas que con frecuencia se registran en el territorio nacional.
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El 10 de febrero pasado, Revistazo publicó un informe elaborado por la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública que determinó que el fiscal de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado, utilizó su cargo para encubrir delitos.
Según el documento, Salgado violó los deberes de los funcionarios públicos, abusó de su autoridad, cometió irregulares e influyó para que los denunciados, imputados y fiscales hicieran lo mismo.
El documento publicado por este medio digital fue elaborado por una comisión multinacional que recientemente visitó el país.
VIDEO: APJ patrocina comisión multinacional independiente sobre seguridad pública{youtube}b54z5utHEN8{/youtube} |
La revelación del documento provocó que días después la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) pidiera en conferencia de prensa la restructuración total del Ministerio Público. Según ellos, la restructuración del Ministerio Público pasa por la destitución de Rubí.
“El fiscal general no ha cumplido con el mandato que le otorgó la ley y como sociedad civil responsable vamos a pedir una revisión de sus actuaciones. Si hay suficientes elementos que señalen que no es un profesional apto para ese puesto, pediremos su cabeza”, dijo Josué Murillo, coordinador de la APJ.
IMPUNIDAD
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El 14 de febrero, Revistazo también tuvo acceso a un estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos donde se afirmó que el Ministerio Público no asume el liderazgo en la investigación criminal.
Indicó asimismo que la relación entre la policía y la fiscalía alienta el desorden, la inactividad y descoordinación, y debilita así el trabajo de esa institución.
El análisis concluyó en que la institución carece de rumbo y visión, y que sus acciones rivalizan con las de la policía.
ILEGALIDAD EN BIENES INCAUTADOS
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Revistazo publicó además una carta donde el director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, denunció algunas irregularidades cometidas por el fiscal general con los recursos confiscados que se le asignan fuera del presupuesto.
En su nota del 21 de febrero, Palacios Moya reclamó a Rubí las inconsistencia encontradas en la liquidación entregadas por la fiscalía general a finales de 2012.
