Da la impresión que los diputados que aprobaron esta Ley de Secretos, no tienen idea de lo que es el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que en materia de derecho de acceso a la información pública no se admite regresividad alguna; en tal sentido, lo que habíamos ganado con la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la suscripción y ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, no lo podemos perder con la aprobación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
Esta nefasta legislación le da la oportunidad a los funcionarios públicos de autoreservar y “meter bajo la cama” la información que ellos mismos producen, como consecuencias de sus actos en la administración estatal; le concede al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la facultad de declarar reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos generados, adquiridos y administrados por los funcionarios que integran dicho Consejo. Es decir, por ejemplo, el Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad, se convierten en juez y parte. Antes de esto, era el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como ente independiente y colegiado, quien determinaba si declaraba o no secreta una información.
Justificando que cierta información pudiese generar efectos institucionales no deseados, daño o perjuicio interno y externo, grave o excepcionalmente grave, las autoridades podrían cubrir con un manto de opacidad los Lps. 8 mil 566 millones, correspondientes al Defensa y Seguridad, asignados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014; alegando que se pone en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, y la soberanía nacional, se pueden declarar secretas todas las asignaciones presupuestarias destinadas a la prevención, investigación criminal, combate al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y los asuntos concernientes a la educación y capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es inaceptable, ya que en nombre de la Seguridad del Estado, aquí en Honduras, se han cometido los más horrendo crímenes y se han ejecutado los más bochornosos actos de corrupción. Es tradición de las entidades policiales y militares, mantener bloqueado el acceso a información oficial, y el ejemplo más crudo es la resistencia del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, a rendir cuentas sobre las recaudaciones, destino y uso de los recursos de dicha contribución ciudadana; se han negado a dar cuentas de la forma en la que han gastado más de Lps. 2 mil millones, recaudados en los dos últimos años.
Hay tremendos riesgos con esta Ley de Secretos, iniciativa poco transparente de las autoridades del Estado, ya que hoy empiezan con el tema de defensa y seguridad, pero mañana ampliaran el ámbito de la opacidad al sector justicia, y luego a las grandes inversiones, explotación de recursos naturales y concesionamiento de servicios públicos; es sintomático de toda esta “bola de nieve” todo lo concerniente a los proceso de depuración de los operadores de justicia y los contratos suscritos por CoAlianza. Uno sabe como comienzan las cosas, pero no sabemos cómo terminan.
Los congresistas deben derogar la Ley de Secretos, atendiendo una demanda ciudadana y cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho; de no ser así, no queda de otra que la Sociedad Civil organizada realice acciones judiciales para declarar esta norma como inconstitucional y –en el último de los casos- haga uso de la movilización y la presión popular para revertir esta Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
Los funcionarios públicos deben tener un freno, contrapesos al poder que ejercen, ya que como lo decía el historiador católico británico John Emerich Edward Dalkberg Acton, más conocido como Lord Acton, en 1887, “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Tegucigalpa, MDC – 21 de marzo de 2014
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