Mediante el decreto Legislativo No 109-2009, el Congreso Nacional expropió, por necesidad e interés público, los terrenos donde se encuentran 17 asentamientos en el sector de Cofradía, Cortes, zonas en las que se han suscitado amenazas a muerte y asesinatos de líderes comunales, no obstante, es hasta un año y medio después que el Instituto de la Propiedad –IP- comienza a regularizar las colonias expropiadas.
No se sabe si por desconocimiento de la ley, negligencia o desidia, lo cierto es que la zozobra en la que han vivido las decenas de pobladores de las 17 colonias expropiadas no le importó al Instituto de la propiedad y pese a que desde el año 2009 se emitió el decreto, fue hasta el pasado 3 de mayo del corriente año, que el Programa de Administración de Tierras (PATHA) a través de la FINNMAP y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Propiedad, articulo 64, exhibió la información levantada de los 17 asentamientos expropiados a través de planos, mapas así como de los nombres de todos los ocupantes de terrenos y que se conoce como Vistas Públicas Administrativas.
Por su parte, los representantes de la Vida Nueva, Michelety, Brisas de Occidente III, Altos de Cofradía, Montes de Sinaí, Paz Rivera, Etica, asentados en el sector de Cofradía, Cortes, firmaron Contrato de Fideicomiso para el pago de las tierras que ocupan, hasta el pasado 29 de junio del 2011.
El proceso de expropiación se llevó a cabo, en virtud de presentar problemas relacionados con la tenencia de tierra ya que varios terratenientes reclamaban las tierras asentadas, de su propiedad.
Las Vistas Públicas Administrativas se le denomina a la fase por las que transitan las colonias o asentamientos que están sujetos a los mecanismos de regularización que señala la Ley de Propiedad, aprobada en el 2004, y es la antesala a la declaratoria de zona o área catastrada -regular o irregular- , conforme lo señala el artículo 65; este acto está a cargo de la Dirección General de Catastro y Geografía dependiente del Instituto de la Propiedad.
Aún cuando la mencionada declaración de Catastro Regular/Irregular, no ha tenido lugar por parte del IP en su respectiva dirección, el 29 de junio, los representantes de 8 asentamientos de los 17 expropiados suscribieron los Contratos de Fideicomiso con el cual se busca que los vecinos cumplan con su deber de acreditar el pago de sus tierras que fue valuado para pagarse en precios que oscilan entre 11.67 y 26.40 lempiras por metro cuadrado.
Pese al atraso suscitado en el proceso de expropiación de sus predios, las y los representantes de los asentamientos mostraron su satisfacción por llegar casi al final de la ruta crítica que han transitado debido a la problemática de tierras que el sector enfrenta.
El decreto Ley señala algunas condicionantes que al parecer fueron pasados por alto por los funcionarios encargados de llevar a cabo el mandato legislativo: las cuotas deben ir a una cuenta especial en BANADESA; la cuenta debió ser escogida por la Federación de Patronatos del sector de Cofradía, por la Corporación Municipal de San Pedro Sula y la Secretaría de Gobernación y Justicia entes que no comparecieron y figuran en el “memorable” acto.
Como una de sus funciones, el proyecto “Monitoreo de la Ley de Propiedad”, que dirige la Asociación para una Sociedad más justa –ASJ- dará seguimiento a esta problemática hasta lograr que las y los pobladores obtengan su título de propiedad.
