El año 2020 será recordado por la llegada del Covid-19, pero también por una desastrosa gestión de la crisis. Con esa frase trillada de “ningún país estaba listo”, justificaron malas decisiones, despilfarro y una flagrante corrupción -para eso si estaban listos.
La serie “Las 12 Campanadas de la Corrupción”, muestra los principales escándalos de manera satírica -solo queda reír para no llorar- mismos que marcaron tendencia en materia de corrupción e impunidad en el 2020. Cada mes tuvo sus particulares especiales, pero dos sucesos saltan a la vista: la impunidad a gran escala que produce la salida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la compra insólita de los siete hospitales móviles por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la supuesta unidad ejecutora élite del gobierno.
El año 2020 fue el año de la denuncia, por todos lados se denunció sobrevaloraciones, contratos amañados, incompetencia, falta de controles y de investigación criminal. Pero la concentración del poder en el Ejecutivo, a través de decretos, presupuestos y estilo de gobernar, puso a la luz púbica el autoritarismo con que se trabaja en Honduras, acrecentando más la brecha de desconfianza y problemas de legitimidad. Pero también hay responsabilidades compartidas, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), no respondieron al llamado de la población en el momento que más se necesitaban. Si no fuera por la sociedad civil y el periodismo de investigación quién sabe. Por eso es tan importante defender la libertad de expresión y la libertad de asociación.
En fin, ningún gobierno que pretenda atender los grandes desafíos que presenta el Covid-19 para la población y sus efectos económicos y sociales, lo podrá hacer solo, al menos que quieran seguir cayendo en la tentación de la corrupción. A continuación, presentamos los escándalos que nos indignaron. No podemos dejar que el 2021 como año del Bicentenario sea más de lo mismo o, aún peor.
La falta de confianza en el gobierno y en las instituciones públicas más necesitadas para resolver los problemas de la población durante la emergencia controlar, fiscalizar y asegurar que los limitados recursos se manejan atender la emergencia sanitaria y la falta de controles y rendición de cuentas, esto se demuestra con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el 2018 se ubicaba en el puesto 132 a nivel mundial con 29 puntos, pero en 2019 cayó al puesto 146 con una puntuación de 26. La mala gestión de la pandemia probablemente haga que caiga aún más en el nuevo índice que se publicará en los próximos días.
Enero: La MACCIH
En enero de 2020, se termina la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). El gobierno «lamentó» que no se alcanzará los consensos para un nuevo convenio. Pero el gobierno no estaba solo en esto, también diputados, funcionarios, empresarios, periodistas y líderes religiosos, estaban de acuerdo que Honduras debía resolver sus problemas internos y que la institucionalidad se había desarrollado lo suficiente.
Este golpe al Estado de Derecho, viene a demostrar cómo reaccionan las redes de corrupción e impunidad del país cuando se ven amenazados. No solo salió afectó la imagen del gobierno, Juan Orlando Hernández -algo que ya estaba presupuestado-, sino que dejó una institucionalidad anticorrupción prácticamente inoperante sin el apalancamiento de la Cooperación Internacional.
Si la MACCIH hubiera continuado cumpliendo su mandato y trabajando con operadores de justicia hondureños, probablemente tendríamos acciones más contundentes con respecto a los actos de corrupción que se han dado durante la emergencia, incluso, se habría tenido la oportunidad de denunciar o detectar más abusos o tal vez, hubiese disuadido a potenciales corruptos. En todo caso, la salida de la MACCIH, fue devastadora para la población hondureña.
Febrero: Lavandería Sauceda
El Comisionado General de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, fue detenido el 11 de febrero en Tegucigalpa acusado por el delito de lavado de activos. Según la acusación del MP entre 2006 a 2017 sauceda habría amasado una fortuna de 13.8 millones de lempiras, mismas que no pudo justificar de acuerdo a sus ingresos.
Sauceda comenzó en la policía en 1992, con diversos puestos a lo interno de la institución policial y, tan solo unos días antes de su detención judicial había sido nombrado Comisionado General de la Policía. Se le incautaron 33 bienes y 13 cuentas bancarias, también fue detenida su esposa que tenía cuentas por unos siete millones de lempiras que tampoco puede justificar, actualmente ambos esperan juicio oral y público por estas acusaciones.
Sauceda era uno de los oficiales más mediáticos, reconocido miembro de la iglesia evangélica y presentaba un perfil ejemplar y honorable. Su captura tomó por sorpresa a algunos y fue un duro golpe para la imagen de la Policía y el Gobierno. Por el momento, que se cumpla el debido proceso, se respeten las garantías judiciales y se presente la evidencia necesaria para que se haga justicia.
Marzo: Mi Rosita
Luego de haber sido condenada a prisión por 58 años, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que se debía repetir el juicio contra Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Rosa de Lobo había sido condenada por tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, según la MACCIH el caso «Caja Chica de la Dama» es toda una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente de donaciones, destinado a obra sociales, y desviarlo para uso propio por un valor de 16 millones de lempiras.
La ex-primera dama junto a otros cómplices conformó una organización para apropiarse de fondos del 2011 al 2015, otorgaron 70 cheques que a personas que simularon tener contratos para proveer zapatos y útiles escolares, pero nunca los entregaron y luego devolvían el dinero cobrando una comisión.
Este caso fue la primera muestra de la salida de la MACCIH. Su defensa interpuso un recurso de casación y la Sala de lo Penal, por lo que se tendrá que repetir el juicio. Mientras tanto, a finales del mes de julio, Rosa Elena recuperó su libertad ya que se superó el plazo de prisión preventiva que permite el Código Penal. Por su parte, ya nadie se recuerda de los niños y niñas que quedaron sin zapatos y útiles escolares.
Abril: Inflaciones Copeco
Las compras de emergencia del Covid-19 abrieron todo un flanco de irregularidades. El primer caso sale a la luz en el mes de abril, con las denuncias de compras sobrevaloradas de televisores, percoladores y hasta una carpa de lona inservible que haría de “hospital móvil” en Villanueva, Cortés. El entonces director del Comité Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, negó las acusaciones, pero al poco tiempo renunció.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo su auditoría, pero no dedujo responsabilidades. El Ministerio Público (MP), hizo su investigación, pero aún no presenta ningún requerimiento. Mientras tanto, Rubí regresó al Congreso, donde tiene inmunidad como si nada hubiera pasado y ahora es precandidato a diputado nuevamente.
Mayo: La buena fe de Invest-H
En el mes de mayo, varias auditorías sociales como las de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dejaron en evidencia un rosario de irregularidades, abusos de poder y actos de extrema negligencia por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), bajo la dirección de Marco Bográn.
Entre la resma de fracasos que han puesto en riesgo la vida de los hondureños, está la compra de 250 mil pruebas de Covid-19, pero no se pidieron los kits de extracción. Todas las pruebas se arruinaron, perdiéndose unos L50 millones en unos de los países que menos pruebas Covid-19 hace. También Invest-H compró más de 500 ventiladores mecánicos pulmonares a unos L.700 mil cada uno, sin tener las condiciones hospitalarias o el recurso humano para su operación. Esperemos que los ventiladores no terminen en una clínica privada o en el mercado negro.
Pero el golazo fue la adquisición de siete hospitales móviles sobrevalorados a un costo de L.1,400 millones, fabricados con materiales reutilizados, comprados de “buena fe” a un proveedor con antecedentes oscuros y, sin garantías de cumplimiento del contrato o calidad de los bienes. Después de más de seis meses de espera y sendos reclamos públicos, solo un hospital está funcionando.
Marco Bográn, exdirector de Invest-H, fue destituido de su cargo. Ante las denuncias públicas se le inició un proceso judicial, pero solo se le han imputados delitos de bagatela que no implican cárcel, aunque el MP dice que tiene al menos 17 líneas de investigación.
Junio: Código Penal de la Impunidad
A pesar de una fuerte oposición ciudadana, el 25 de junio entró en vigencia un nuevo código penal, bautizado como el “Código Penal de la Impunidad” por el Conseja Nacional Anticorrupción (CNA).
El Código Penal se aprobó en 2018 y su entrada en vigencia se pospuso en dos ocasiones debido a que no había sido socializado y por las férreas protestas. Sin embargo, a muchos políticos les urgía que entrará en vigencia el nuevo código penal, especialmente antes que se iniciará el ciclo electoral.
Para muchos este nuevo código beneficia a los corruptos y permitirá la salida de la cárcel de personas ya condenadas por corrupción y malversación de dinero público, también rebaja el período de prescripción para la persecución de algunos delitos. El Fiscal Luis Javier Santos denunció que este Código se aprobó para beneficiar a “aquellas personas que cometen delitos de corrupción”.
Julio: ERIC no miente
Desconfianza en el gobierno y poca legitimidad en el presidente Juan Orlando Hernández son algunos de los hallazgos más importantes del Sondeo de Opinión 2020, presentado por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) a mediados de julio.
El 71.6% de las personas encuestadas manifestaron que el gobierno actúa con poca o nada transparencia. También, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que la corrupción está muy extendida en el gobierno central.
Sobre la escala de 0 a 10, los encuestados le dieron un 3.69 por su desempeño al mandatario Juan Orlando Hernández y el 51.9% de la población desaprueba su gestión, calificándola de mala o muy mala. El 50.5 por ciento de la población afirma que Hernández debe salir antes de que termine su mandato en 2022.
Con un país en las condiciones actuales, resulta difícil entender por qué hay tantos candidatos compitiendo por llegar al poder. Pues, lastimosamente no es para resolver el problema de la corrupción.
Agosto: Pandora
En el mes de agosto, la porosa justicia hondureña dictó sobreseimiento definitivo a favor de 22 implicados del caso Pandora, también trabajado con apoyo de la MACCIH.
El caso Pandora se desviaron 282 millones de lempiras entre 2012 y 2013 desde la Secretaría de Agricultura (SAG) a cuentas de organismos no gubernamentales y organizaciones fantasma relacionadas con diputados y líderes políticos. El dinero inicialmente estaba destinado a proyectos de desarrollo agrícola, pero termino para pagar campañas políticas del Partidos Liberal y Nacional.
Entre los acusados sobreseídos hay cinco diputados, un ex -alcalde, un ex – gobernador, además del ex – esposo de la hermana del presidente, ya fallecida. Entre ellos destacan José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Arnold Gustavo Castro (esposo de Gladis Aurora López) y Jean Francois Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández.
Varios de los imputados actualmente optan otra vez a cargos de elección popular, demostrando que no hay un verdadero interés en la depuración de los implicados en corrupción en política.
Septiembre: Expedición Turquía
Los primeros dos hospitales móviles comprados por Invest-H en marzo llegaron al país hasta julio, pero presentaron más de 57 defectos. Para enero de 2021, solo hay uno funcionando.
La Junta Interventora de Invest-H nombrada después de la debacle de Marco Bográn, tiene la ardua misión de enderezar a la unidad ejecutora. En el mes de septiembre, la Junta Interventora envía un equipo de técnicos a Turquía para comprobar que el proveedor Axel López realmente estuviera construyendo los restantes cinco hospitales y asegurar que los defectos no se repitieran en los hospitales por embarcar.
Este viaje costó unos 300,000 lempiras, salidos de los impuestos que pagamos y no dio resultados claros. No se obligó a Axel a cumplir con las reparaciones del caso o entregar los hospitales a tiempo, ni mucho menos, asegurar que firmará un documento que garantizará la calidad de los hospitales.
A pesar que los restantes hospitales llegaron al país ninguno de ellos está instalado, no se sabe si hay garantías de calidad del equipo. En todo caso, la Junta Interventora no ha podido dar una respuesta clara con respecto a la decisión final que se tomará contra Axel López.
Octubre: Inversiones Asfura
El Ministerio Público (MP) presentó en octubre en el Juzgado Anticorrupción una solicitud de antejuicio contra el alcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.
Se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, por un monto de 28 millones de lempiras, mismos que fueron extraídos de un fideicomiso creado con dinero de la alcaldía para respaldar cheques que luego eran depositados en tres cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde.
Dicho fideicomiso se creó en 2011 para recibir todos los fondos provenientes de tasas e impuestos municipales y desde que Asfura asumió como alcalde tuvo acceso directo a dichos fondos, de donde sacaba el dinero que terminó en sus cuentas personales.
Según la investigación el dinero se usó para compra de joyas, pago de tarjetas de crédito, depósitos en cuentas de su campaña política y también depósitos en cuentas de empresas propiedad del alcalde.
Noviembre: Todo azul en Patuca
En marzo de 2019 la MACCIH presentó el caso “Patuca III Colusión y Corrupción”, acusando diez personas de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por más de cuatro millones de lempiras en sobreprecios.
Según las investigaciones los acusados crearon una red de corrupción utilizando la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE, girando invitación para presentar ofertas para el equipamiento de la Unidad de Viviendas del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III a un grupo de empresas relacionadas entre sí y les adjudicaron millonarios contratos sobrevalorados en hasta un 149% del costo real.
Seis meses después de la salida de la MACCIH, en el mes de noviembre, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción por unanimidad de votos declaró absueltos a todos los imputados.
Diciembre: Cartas de navidad de Libertad
Para cerrar con broche de oro, la justicia liberó a dos altos funcionarios acusados de corrupción para que pasaran navidad junto a su familia. Asimismo, eximió de responsabilidad a quienes autorizaron las transferencias de fondos que posteriormente fueron saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Miguel Rodrigo Pastor, reconocido político del Partido Nacional y exdirector de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), fue acusado en el caso que la MACCIH bautizó como “Narcopolítica”, donde al menos 12 personas participaron en una red para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través del otorgamiento de proyectos carreteros.
Guardaba prisión desde mayo de 2019, pero el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción cambió la medida de prisión preventiva por lo que el resto de su juicio gozará de libertad.
Palabras finales
El 28 de enero de 2021, Transparencia Internacional (TI) estará publicando los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, veremos cómo estos escándalos han afectado la puntuación de Honduras que viene de picada por cuatro años consecutivos.
