En lo que va del 2018, pareciera que cada semana los diputados del Congreso Nacional inventan una nueva propuesta para blindarse protegiendo a los corruptos y alimentando la impunidad que campea en Honduras.
Hace algunos días trascendió que el diputado Denis Castro Bobadilla presentó una propuesta de reforma que quitaría los dientes a la ley que ha permitido la incautación de centenares de bienes a los Cachiros, ex-funcionarios del Instituto Hondureño de Seguro Social, la ex-Primera Dama Rosa Elena de Lobo, y otros supuestos narcotraficantes y funcionaros corruptos.
Ahora, documentos revisados por Revistazo muestran que el diputado Castro no suda calentura ajena. Hace cuatro años fue afectado por la incautación de una empresa de la cual era socio. Expertos consultados por Revistazo dicen que la reforma propuesta por Castro podría beneficiar a él mismo, anulando la incautación de su empresa o provocando una indemnización por ella.
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Castro Bobadilla no solo suda calentura ajena
En abril de 2013, el Juzgado de Letras de Privación del Dominio Definitivo de Bienes de Origen Ilícito aseguró la compañía Inversiones Chicas S. de R.L., propiedad de Castro Bobadilla en sociedad con su esposa, Arema Raquel Diekerman de Castro y sus sobrinos, Sergio Eduardo Chimirri Castro y Marcelo Antonio Chimirri Castro.
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Según la inscripción de Inversiones Chicas en el Registro Mercantil, la empresa está dedicada a «la compra y venta de mercadería en general; renta de inmuebles; confección de ropa; alquiler y servicio de televisiones y extranjeras y cualquier otro negocio de lícito comercio».
En el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, Marcelo Chimirri fue gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
En julio de 2009, la Fiscalía acusó a Chimirri de recibir sobornos por parte de la empresa estadounidense Latin Node mientras él dirigía Hondutel, para suscribir contratos de telefonía con tarifas preferenciales. Por esa razón en agosto del 2013, el Juzgado de Letras de Privación del Dominio aseguró la empresa Inversiones Chicas, propiedad de Chimirri, su hermano y su tío Denis Armando Castro Bobadilla.
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Pacto de Impunidad, Parte Dos
La Ley de Privación del Dominio Definitivo de Bienes de Origen Ilícito y Lavado de Activos fue aprobado en el 2010, con el objetivo de hacer más fácil para el Estado la lucha contra el crimen organizado. Antes que existiera esta Ley, el Estado no tenía la facultad de quitarles las ganancias mal habidas por medio del crimen y la corrupción, hasta que hubiera una sentencia firme contra el dueño de estas ganancias—proceso que podría tardar muchos años.
La Ley de Privación de Dominio permitió que el Estado tomara posesión de bienes de origen ilícito por medio de un proceso distinto al proceso penal contra el dueño de estos bienes. Por eso, por ejemplo, el Estado pudo incautar las propiedades de supuestos narcotraficantes como los Cachiros y los Valle Valle, aunque ellos no enfrentaban cargos en Honduras. Asimismo, esta Ley le permitió al Estado quitar de inmediato varias propiedades de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, antes que se le haya realizado juicio.
La reforma de la Ley propuesta por el diputado Castro Bobadilla va dirigida a favorecer a funcionarios, ex funcionarios y empleados de gobiernos nacionalistas y liberales, afectados con la incautación de bienes. Entre otros puntos, propone que cuando se trata de funcionarios o empleados investigados por malversación de caudales públicos, se les confisquen solo los bienes adquiridos desde la fecha en que tomó posesión y no de todos, como ocurre hoy. Además, prohíbe que el Estado venda las propiedades incautadas para recuperar el costo a la sociedad de los actos criminales, y permite a los implicados seguir viviendo en sus casas incautadas hasta que haya sentencia firme.
De aprobarse esta reforma, muchos políticos, de distintos partidos, que han aprovechado los cargos públicos para derrochar el dinero del pueblo, resultarían beneficiados.
¿Pago de una deuda entre Alianza Patriótica y PN?
El Congreso Nacional discute la reforma de la Ley de Privación del Dominio Definitivo de Bienes de Origen Ilícito y Lavado de Activos, proyecto que fue presentado por Denis Armando Castro Bobadilla, electo diputado por el Partido Alianza Patriótica, del General Romeo Vásquez Velásquez, quien desde el inicio giró instrucciones para apoyar las propuestas del Partido Nacional.
El general Vásquez dice que apoya al Partido Nacional porque ese si es un partido de orden. Pero el general también tendría razones para estar personalmente agradecido con los Nacionalistas. En el 2013 el partido de Vásquez Velásquez, la Alianza Patriótica, estaba por desaparecerse porque no obtuvo los votos necesarios para continuar con vida. Sin embargo, en enero de 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada por tres magistrados nacionalistas y dos liberales, resolvió a su favor un amparo, permitiendo a la Alianza Patriótica participar en las elecciones del 2017.
Ante tal situación, algunos observadores han calificado como sospechoso que justo el martes 6 de marzo, una semana después de que el Estado incauta bienes a la esposa del ex-presidente nacionalista, Porfirio Lobo Sosa y la mete presa, es cuando el diputado Castro Bobadilla haya presentado su propuesta que dejaría sin dientes la Ley de Privación de Dominio.
El 28 de febrero la ex-primera dama Rosa Elena de Lobo fue capturada por supuesto enriquecimiento ilícito. En los días siguientes, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) incauto varias propiedades a la ex primera dama, y el 04 de marzo, la OABI emplazo al ex Presidente, Porfirio Lobo Sosa, para que en un mes desocupe su casa.
Otros que podrían beneficiar
La propuesta del diputado Castro Bobadilla podría beneficiar a una larga lista de funcionarios que recientemente han sido señalados por supuestos actos de corrupción por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otros.
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¿Dónde está la oposición?
Mientras la reforma ha sido propuesta por el diputado de la Alianza Patriótica, aparentemente con apoyo del Partido Nacional. Pero la respuesta de los otros partidos no ha sido muy contundente en contra.
En cambio, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el CNA si han dejado claro que, para ellos, aprobar esta reforma sería otro retroceso para Honduras.
