“Los clientes me llaman por los muebles que me destruyeron, desde el dos de diciembre no puedo trabajar porque también me llevaron las herramientas, no tengo dinero ni para comer y en esta navidad mi familia va a tener que socarse la barriga”, dijo Mario Antonio Salinas Castillo, quién vive en carne propia el salvajismo de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa.
Durante diez años y trabajando honradamente, Salinas Castillo mantuvo su taller de tapicería en las afueras del antiguo aserradero Sansoni, donde ahora se ubica el Mall Premier. Sin embargo, a inicios del presente mes, el modesto centro de trabajo junto a doce puestos de ventas y servicios que ahí se encontraban, fueron destruidos de manera brutal.
Comerciantes y artesanos perjudicados dijeron a este medio digital que el operativo fue ordenado por el Juzgado de Policía, que en el mismo participaron al menos 20 inspectores y policías municipales y que para destruir los puestos utilizaron maquinaria pesada.
“Yo tenía materiales, varias mesas, tres juegos de muebles y una esquinera en reparación, todo está desecho porque fue levantado con un tractor, eso fue a las dos de la madrugada, yo estaba en mi casa y en la mañana que llegué vi que no había nada donde estaba el taller de tapicería. A nosotros no nos avisaron nada y por eso no saqué las cosas”, expresó Salinas Castillo.
Los restos de la mercadería y los materiales, fueron trasladados por policía municipal a la antigua penitenciaría nacional, donde se mantienen a la intemperie y sin cuidado alguno.
Con su mirada perdida en los escombros y lamentando la situación, el tapicero dijo que los tres juegos de muebles, fueron valorados por sus propietarios en 49 mil lempiras, que además en su puesto de trabajo estaban las herramientas y varios asientos de vehículos. “No hay nada porque dicen que fueron demolidas por el tractor, yo fui a reclamar mis cosas, pero ya nada sirve, faltan cerca de 32 yardas de tela y la otra no sirve porque se mojó y ya está picada. No sé cómo hacer porque el juez de policía dice que ellos mandan”, afirmó.
El operativo también desalojó Lelis Marina Ponce, quién se ganaba la vida través de la venta de comidas. A esta mujer, también le destruyeron sus bienes que con mucho esfuerzo había logrado obtener. “Perdí todo: los frízer, las mesas, las sillas, la estufa, una grabadora, los refrescos y churros, no sirve nada”, expresó.
La comerciante dijo que por mucho tiempo se mantuvo en ese lugar, que pagaba sus impuestos y el permiso de operación, pero que el Alcalde Municipal, Ricardo Álvarez, se niega a escucharlos. “Nosotros pagábamos 300 lempiras al mes y no nos avisaron que iban a ir a desalojar, aunque nunca nos ha querido atender, queremos hablar con el alcalde porque yo tenía permiso de operación, pero el jefe de ambulantes dijo que no servía”, aseguró.
Los comerciantes presentaron sus denuncias a la Fiscalía de los Derechos Humanos, al CONADEH y a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, ninguna de las tres instituciones del estado demuestra voluntad para investigar la situación.
El presidente del Sindicato de Vendedores Libres de Honduras (SIVELIH), Ovidio Zelaya, acusó a las autoridades municipales de llevar a cabo una represión sistemática contra los vendedores de toda la capital. Sostuvo que los comerciantes que se encontraban en el antiguo Sansoni (hoy mall premier), tenían más de diez años de estar pagando sus declaraciones, los permisos de operación y las mensualidades que cobra la alcaldía.
Criticó la posición blandengue de la Central General de Trabajadores (CGT), organización a la que se encuentra afiliado el SIVELIH. “La central no responde porque me parece que al hambre le quieren poner un color político y no sindical, la verdad es que no se por qué no se centran en el problema” aseveró.
Acusó a la Fiscalía de Derechos Humanos del extravió recientemente de un expediente que documentaba los atropellos de los inspectores de la alcaldía municipal, en contra de de la comerciante Marlene Gómez. Indicó que el caso fue asignado al fiscal Juan Carlos Griffin.
