La figura del Fiscal General encabeza el Ministerio Publico, institución del Estado dedicado a investigar hechos criminales y presentar los casos ante los juzgados. En Honduras el Fiscal General se elige cada cinco años.
En el último proceso, realizado en el 2013, se postularon 51 candidatos, pero esta vez, apenas dos días antes de la fecha límite para postularse, solo hay seis candidatos.
Según expertos, el riesgo personal que conlleva ocupar un puesto clave en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado podría ser una razón por la cual hay pocos candidatos. La falta de transparencia que caracterizó el desenlace del último proceso en el 2013, podría ser otro factor desmotivador. También algunas personas podrían estar esperando al último momento para anunciar su candidatura.
¿Por qué es tan importante el Fiscal General?
La figura del Fiscal General encabeza el Ministerio Publico, institución del Estado dedicado a investigar hechos criminales y presentar los casos ante los juzgados. El Fiscal General es quien establece el «norte» para centenares de funcionarios públicos dedicados a la persecución de los hechores del crimen. Un buen Fiscal General puede motivar a los miembros del Ministerio Publico a perseguir casos de alto impacto y enfocar en los responsables del crimen organizado y la gran corrupción que tanto daño hacen al país. Un mal Fiscal General puede engavetar estos mismos casos y no exigir resultados de los fiscales.
¿Cuál es el perfil de un candidato idóneo?
La semana pasada se realizó el foro «Por un Fiscal General Cinco Estrellas», patrocinado por los organismos de la sociedad civil Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) y Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Entre los ponentes estuvo el expresidente de Transparencia Internacional (TI), el peruano José Ugaz, quien dijo que el próximo fiscal general de Honduras debe ser completamente independiente, debe amar a Honduras, debe pensar en las generaciones futuras del país, y debe estar enfocado en hacer cumplir la Ley y en investigar los crímenes. Omar Rivera, representante de ASJ, agrego que el fiscal general debe ser alguien completamente ajeno a la politización, la corrupción y la ineficiencia.
El foro contó con la participación de José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional y Jorge Padilla, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ver más |
Ellos son los seis candidatos hasta hoy:
La Junta Proponente ha establecido que el plazo para las postulaciones finaliza el lunes treinta de abril a las doce de la noche, pero cuando faltan apenas un día, solo se han auto propuesto seis abogados:
1. Aníbal Izaguirre Maradiaga ha sido director de la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate Contra la Corrupción Pública y de la Unidad de Investigación y Enjuiciamiento de Fiscales y Funcionarios.2. Omar Bonilla Jiménez es Juez de Sentencias en la Ceiba, Atlántida.3. Sara Patricia Sagastume4. Mario Cabañas Cedillo5. Juan Rafael Soto6. Mario de la Cruz Melgar |
Además, el lunes presentará su documentación como aspirante a Fiscal General, el abogado Kenneth Madrid, quien ha desempeñado diversidad de cargos en la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, Madrid es el jefe de la Unidad de Apoyo Técnico-Legal al Sector Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). “Estoy juntando toda la documentación”, dijo Madrid en platica exclusiva con Revistazo.
Así se debe escoger el Fiscal General, según la Ley
Según la Ley del Ministerio Publico, pueden postularse como candidatos a ser Fiscal General y Fiscal General adjunto los hondureños y hondureñas que tienen más de 35 años de edad, al menos diez años de ejercer la profesión de abogado y que sean reconocidos por su solvencia moral.
Recibe estas postulaciones una Junta Nominadora integrada por representantes de de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil, el Rector de una de las Universidades que funcionen en el país, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, y miembros de la sociedad civil.
De todas las postulaciones recibidas, la Junta Nominadora debe presentar una nómina de cinco candidatos de los cuales el Congreso Nacional debe escoger el Fiscal General y Fiscal General Adjunto.
El pasado 10 de abril, la Junta Proponente convocó a los profesionales del derecho a que presenten sus postulaciones para el proceso de elegir el próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto.
La Junta Proponente proyecta presentar esa nómina, que todavía no alcanza a completar, el 27 de mayo próximo para que los diputados escojan a dos, uno como Fiscal General y otro para Fiscal General Adjunto.
La última vez hubo 51 candidatos. ¿Por qué hasta hoy solo hay seis?
Lo que hoy ocurre, contrasta con lo sucedido en el 2013 cuando para ocupar el cargo de fiscal se postularon 51 personas. Según diversos expertos, la razón por la diferencia la cantidad de candidaturas podría incluir la desconfianza en la legitimidad del proceso; también podría tener que ver con el legado que deja el actual Fiscal General, que se ha tomado más en serio que sus antecesores su responsabilidad de liderar la lucha contra el crimen.
Razón 1: En los últimos cinco años ha quedado más claro que puesto de Fiscal General se trata en serio de combatir el crimen
Un posible motivante por la baja de candidaturas podría ser un resultado inesperado de que el Fiscal General actual, a pesar de su elección irregular (más sobre eso abajo), logró avances importantes en la lucha contra el crimen y la corrupción en Honduras.
Durante la gestión del Oscar Chinchilla, actual Fiscal General, se rebajó la tasa de homicidios a nivel nacional en un 50%; se fortaleció la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), cuerpo investigativo adscrito al MP; se desarticularon varias de las bandas más fuertes de narcotráfico en el país, entre ellos los Cachiros y los Valle Valle, confiscando bienes valorados en miles de millones de Lempiras y facilitando la extradición de varios de las cabezas de estos grupos; se metieron preso a funcionarios del Estado como Mario Zelaya, ex – director del IHSS, a varios alcaldes y a otros involucrados en la corrupción; y se coordinó esfuerzos con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH).
Cinco años de este tipo de trabajo puede haber cambiado el perfil del puesto en las mentes de los abogados, que ya no lo ven como un puesto jugoso que pueda dar prestigio sin requerir sacrificio.
La forma en que el que precedió a Chinchilla en el puesto, Luis Rubí, salió de la institución también pudo haber contribuido a un cambio de perfil que le hace el puesto menos deseable para algunos. A mediados del 2013, Rubi, junto con su fiscal general adjunto, Roy Urtecho, fueron humillados públicamente en una serie de comparecencias ante el Congreso Nacional y una intervención posterior del Ministerio Publico, con resultados que indicaban que los entonces líderes del MP parecían más interesados en regalar carros decomisados a sus familiares que perseguir de forma seria al crimen. Ambos se vieron obligados a renunciar antes que se les hicieran un juicio político.
Según Lester Ramírez, Director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), existe la posibilidad de que sus familias les estén recomendando a los abogados no participar por el riesgo que representa el cargo.
Razón 2: Falta de confianza en la institucionalidad
Diversos expertos también opinan que la escasez de postulantes a la Fiscalía General es resultado de la poca confianza que existe en la institucionalidad del país.
A juicio del Director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), doctor, Lester Ramírez, la falta de interés que muestran los abogados en postularse como candidatos a Fiscal general se debe a que por varias razones la gente no confía en el proceso. Una, por forma amañada con que históricamente se ha manejado, con una junta proponente politizada desde el inicio y con miembros que no son escogidos transparentemente. “Esa es la razón principal”, dijo Ramírez.
Sin embargo, es del criterio que muchas de las personas que aspiran a convertirse en Fiscal General y Fiscal General Adjunto, estratégicamente están esperando el último día para evitar “quemarse” con anticipación y que sus nombres circulen en las redes sociales con información personal.
Sobre el tema también han opinado analistas de la talla del doctor Hugo Noé Pino y del abogado Raúl Pineda Alvarado, quienes no distan en sus apreciaciones.
Para el doctor Pino, el proceso actual no goza de la confianza de los hondureños, pues según él, “la Junta está constituida por el presidente de la CSJ quien la preside, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ambos elegidos en el Congreso Nacional en forma nada transparente, a través de votos secretos y con calificaciones profesionales cuestionables”, señala en su columna de opinión publicada en varios medios de comunicación.
Y su opinión tampoco es favorable con la representación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Colegio de Abogados. “El resultado será una lista conformada a la medida de los grupos de poder fácticos y con candidatos cuyo comportamiento en el pasado haya sido de incondicionalidad hacia ellos”, señala Pino.
Por su parte, Raúl Pineda Alvarado, conocedor del tema, porque años atrás fue diputado del Partido Nacional, también ha manifestado que los políticos quieren de fiscal general a un amigo o allegado que no sea ni honrado ni capaz. Según él, el Fiscal general juega un importante papel y si el que resulte electo no muestra avances en la lucha contra la corrupción será aislado en el mundo.
Históricamente, puestos de Fiscales General y Adjunto fueron repartidos entre Nacionalistas y Liberales
Parte de la historia que podría influir en dudas por parte de algunos candidatos en potencia sobre la transparencia e institucionalidad del proceso de elegir el Fiscal General es la influencia histórica del bipartidismo sobre este puesto.
El Fiscal General es el director del Ministerio Público, (MP) órgano constitucional creado para que represente, defienda y proteja los intereses generales de la sociedad. Teóricamente y de acuerdo con la Ley, esta entidad es libre de toda injerencia política e independiente funcionalmente.
Sin embargo, desde que el MP fue fundada en el 1994 hasta hoy, los nombramientos del Fiscal General y Fiscal General Adjunto han sido caracterizados por un tinte político. Todos los fiscales han sido identificados o con el partido Liberal o el partido Nacional, con la particularidad de que cuando el Fiscal General ha sido Liberal, el Fiscal Adjunto le ha correspondido al Partido Nacional o a la inversa.
Huellas del 2013
Otro hecho que podría pesar fuertemente en la memoria de candidatos en potencia a la Fiscalía General es el desenlace del proceso anterior, llevado a cabo en el 2013. Esto proceso se realizó medio año antes de que fuera originalmente agendado debido a la renuncia del entonces fiscal general Luis Rubí y el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, ante fuerte cuestionamiento y hasta amenazas de un juicio político por su mal manejo del Ministerio Publico.
El proceso escoger los reemplazos de Rubí y Urtecho empezó con algunos aspectos prometedores:
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1.- Por primera vez en la historia la Junta Proponente incluía miembros de la sociedad civil. También incluía un representante adicional de las universidades. Este cambio se logró mediante una reforma de la Ley del Ministerio Publico aprobado por el Congreso Nacional. |
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2.- También por primera vez en la historia, la Junta Proponente se regiría por un reglamento claramente definido. |
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3.- Este reglamento exigía que los candidatos fueran evaluados por su experiencia académica y profesional, que los candidatos más calificados serían sometidos a audiencias públicas y que la nómina de cinco candidatos escogidos por la Junta serían sometidos a pruebas de toxicología, psicométrica y del polígrafo. |
Sin embargo, muy pronto empezaron los problemas.
El Congreso quería hacer todo a un paso tan rápido que los mismos miembros de la Junta Proponente sospechaban que ya tenían escogido su candidato. Cuando la Junta Proponente pidió 30 días más para hacer bien su trabajo, el Congreso les dio apenas 10.
Los representantes de la sociedad civil en la Junta Proponente denunciaban el conflicto de interés representado por el hecho que el abogado Roy Urtecho, quien meses antes se había renunciado del cargo de Fiscal General Adjunto ante señalamientos de corrupción e ineficiencia, ahora participa como miembro de la Junta Proponente en representación del Colegio de Abogados.
La Junta Proponente logro realizar un proceso ordenado de revisar las candidaturas, llegando a tener una lista de 13 candidatos que aprobaron las pruebas de confianza. (Esa lista de 13 no incluía quien llegaría a ser el Fiscal General, Oscar Chinchilla).
Fue en este momento que cuatro de los siete integrantes de la junta insistían en volver a meter en la lista personas que habían quedado por fuera. Ante esas acciones, tres miembros de la Junta Proponente renunciaron: Julieta Castellanos (Universidad Nacional Autónoma), Ramón Custodio (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) y Carlos Hernández (sociedad civil).
Ante el retiro de estos tres miembros, considerados por muchos de ser los menos comprometidos con posiciones políticas, varias personas también renunciaron su candidatura.
La Junta Proponente, ya solo conformada por cuatro miembros, presentó la nómina de cinco candidatos que establece la Ley, Óscar Fernando Chinchilla, María Antonia Navarro, Rolando Argueta, Rigoberto Cuellar e Ivis Discua Barrillas.
Ellos fueron evaluados por la Comisión Legislativa conformada por los diputados, Mario Pérez, Welsy Vásquez, Abraham Kafati, Tomás Zambrano, Marvin Ponce y Augusto Cruz Asensio. En este orden fueron pasando, Rigoberto Cuellar, Rolando Argueta, María Antonia Navarro y Óscar Fernando Chinchilla. Sin embargo, al momento que compareció ante los diputados, Ivis Discua Barillas solo hizo uso de la palabra para anunciar su retirada por considerar que el proceso estaba viciado. “La cúpula del Partido Nacional ya decidió quien será el fiscal general”, dijo.
El 30 de agosto del 2013 ya le tocaba al Congreso escoger el nuevo Fiscal General, pero la sesión que fue suspendida a la 1:30 p.m. Por los siguientes diez horas, hubo cabildeo no solo internamente sino también fuera del hemiciclo. La sesión fue reanudada hasta después de las 11:30 de la noche, mientras que en los bajos del Congreso centenares de manifestantes de diversas agrupaciones se manifestaban por el nombramiento de un fiscal honesto, independiente y capaz de acabar con la impunidad.
A la 1:20 de la madrugada, la Cámara Legislativa con 90 votos a favor y 38 en contra aprobó la elección de Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar, quienes deben mantenerse en sus cargos por un término de cinco años. A los 71 votos nacionalistas se sumaron los tres del Partido Unificación Democrática (UD), cinco de la Democracia Cristiana (DC), y diez del Partido Liberal.
Chinchilla y Cuellar
Chinchilla, es un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, parcial con los intereses del gobierno nacionalista y que además es yerno de Rigoberto Chang Castillo, diputado nacionalista y vicepresidente del Congreso que lo eligió. Cuellar es de filiación liberal y fue Ministro de Recursos Naturales en el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.
Meses después, Rigoberto Cuellar, fue señalado de recibir sobornos a cambio de impedir la presentación de requerimientos fiscales contra los dueños de varias empresas vinculadas con el robo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero a él se le ha permitido continuar en el cargo y hasta hoy, no existe acusación en su contra en los tribunales de justicia.
Por su parte, a pesar de la forma irregular en que fue nombrado, Chinchilla ha logrado un nivel de respeto entre varios organismos nacionales e internacionales por su actuación en el puesto. Aunque diversos sectores de la sociedad siguen reclamando que aún esperan más del Ministerio Publico, comparado con los Fiscales Generales que lo precedieron, Chinchilla ha logrado pasos importantes. Entre otros, ha presidido sobre el Ministerio Publico durante una época en que se rebajó la tasa de homicidios a nivel nacional en un 50%, se desarticularon varias de las bandas más fuertes de narcotráfico en el país y se metieron preso a funcionarios del Estado como Mario Zelaya, ex – director del IHSS, y varios alcaldes.
