La construcción de 12 kilómetros de carretera en Nacaome ha sido un sueño para los habitantes de cuatro comunidades. Para la alegría de la población, el Congreso Nacional emitió 20 millones de lempiras para la obra, tramitados por el diputado José Alfredo Saavedra, actual presidente del Congreso Nacional, en el año 2006. La obra ha estado abandonada pese a que se gestionó desde el año 2006. Pero por “alguna” razón, nadie está acusado de corrupción.
María Canales, una anciana de 70 años de edad, ha vivido toda su vida en Altos del Estiquirín. Su pequeña aldea queda en el mismo camino de tierra que une a las comunidades de El Rosario, el Tamarindo y El Tular.
Su casita la fue construyendo con la siembra y venta de maíz y de diversas semillas más. Para ella y su familia, el inició de la construcción de los 12 kilómetros de carretera, fue una luz que cimentó la esperanza de desarrollo para su localidad.
Cuando la construcción de la carretera inició, él pensó que las cosas mejorarían para todos los que circulan a diario por la vía, que se vuelve intransitable con la lluvia y crea nubes de polvo en el verano.
Santos levantó una casita de horcones y adobe, con el esfuerzo de toda una vida, “de mi sueldito, aunque en tiempos uno coma con sal y en otros tiempos toque socarse la faja”, afirma. El anuncio de la construcción de la carretera también le creó expectativas y sueños de superación.
Pero lo que María y Santos no se imaginaban es que la pavimentación de la carretera fue un sueño que rápidamente se esfumaría. Los 20 millones de lempiras (alrededor de un millón cien mil dólares) que erogó el Congreso Nacional, unos no se han invertido para mejorar la comunicación terrestre de estas comunidades.
La Secretaría de Finanzas, la incompetencia de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Viviendas –SOPTRAVI-, aunadas a la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de en el uso de los fondos que reciben como subsidios las y los diputados, serían los responsables de que la carretera siga siendo una utopía para estos poblados y de que se desconozca donde están los millones erogados para dicho proyecto.
Una obra de construcción que quedó a “medio andar”
En el año 2006, por decreto Legislativo Nº 80–2006, el Congreso Nacional emitió dos cheques por el valor de 10 millones de lempiras; cada uno se entregaría a SOPTRAVI, para iniciar la construcción del tramo carretero descrito.
De acuerdo a datos proporcionados por la misma SOPTRAVI, fue hasta el mes de junio del año 2007, que la obra se sometió a licitación. A finales de 2008, la Constructora Marve S. de R.L. junto a la ES Constructores S.A. de C.V., iniciaron la construcción de los 12 kilómetros de carretera, pero en mayo de 2009, la obra fue interrumpida.
Carretera se convierte en enemigo de pobladores
Revistazo.com realizó un recorrido por la carretera que sirvió de objeto para la emisión de los 20 millones de lempiras. Durante el recorrido inicial se visibilizaba una planicie de tierra, piedras y polvo.
Pero a medida que nos íbamos adentrando, fueron aflorando tramos carreteros que presentaban hondonadas que se rellenaron con tierra que evidentemente, fue sustraída de las partes altas de la misma carretera.
De los 20 millones de lempiras, solo los “raspados” de la carretera daban testimonio de trabajo alguno, realizado en la zona. Pero ese es el escenario en el verano. Los vecinos del lugar se quejan también del invierno.
Todos coinciden en que los trabajos iniciados se detuvieron en el mes de mayo del 2008, justo cuando los lugareños esperan el agua de invierno que irriga sus cultivos.
Fue en esa época que la polvareda del verano se convirtió en un canal de lodo y en la cual se presentaron pequeñas inundaciones en las casas paralelas a la carretera, debido a que la maquinaria que no culminó su trabajo, dejó los costados de la calle, a una altura superior al piso las viviendas.
Para María la salida de su vivienda en invierno es una odisea y Santos hasta perdió una casa que una inundación daño antes de que alguien habitase en ella.
Obra paralizada porque Finanzas no entregó el total del dinero a SOPTRAVI
Revistazo.com consultó a María Judith Gómez, Ingeniera y Coordinadora del proyecto en el Departamento de Construcción de la SOPTRAVI, acerca de la paralización de la obra.
De forma escueta, la funcionaria de ese ente estatal aseveró a este medio que la obra se detuvo porque la Secretaría de Finanzas no inyectó el dinero necesario a la SOPTRAVI para pagar a las constructoras.
A Gómez también se le cuestionó la falta de supervisión de las obras que ese ente ejecuta, sobre todo cuando se afecta a pobladores como María y Santos.
¿Hay una supervisión sistemática del gobierno en los proyectos que se ejecutan con el erario público?, es la pregunta que le fue realizada a la funcionaria. Gómez dio como respuesta un simple “no”.
Pero, ¿quién gestionó y no supervisó los fondos en el Congreso Nacional?
Alfredo Saavedra, actual presidente del Congreso Nacional, Ana Julia García Villalobos, Ersy Mejía y Eleazar Juárez, son las y los diputados que representan al departamento de Valle ante el Congreso Nacional.
De acuerdo al informe que presentó la Fundación Democracia Sin Fronteras sobre la producción legislativa de las y los diputados, entre enero del 2008 y enero del 2009, fue Saavedra el gestor de los 20 millones de lempiras para la construcción del tramo carretero.
Ese dato fue corroborado por Ana Julia García y por Eleazar Juárez, diputado del partido liberal quien aseveró además, que a él no se le asignó ni “un centavo” por concepto de subsidios mediante el fondo departamental.
Juárez dijo a Revistazo.com que durante la administración de Roberto Micheletti, en el Congreso Nacional se le dijo que no podía gestionar dinero alguno para obras en su departamento. De hecho, Juárez no aparece en el monitoreo que presentó a la sociedad la FDsF.
Cabe señalar que a Ersy Mejía se le asignó un millón de lempiras, a su suplente, Juan Pablo Cerrato, se le entregaron 400 mil lempiras. A Ana Julia García también se le entregó un millón de lempiras a través del fondo departamental.
Sorprendentemente, Alfredo Saavedra sólo aparece con los 20 millones que gestionó para la construcción de la carretera de esta historia.
“Obras” de diputados sin supervisión
Martha Sabillón, abogada representante de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), explica que la discrecionalidad de la distribución del presupuesto del Fondo Social de Planificación Departamental no es el único problema, sino también la supervisión inexistente y auditoria respectivas.
“Esa es una de las falencias que tiene todo este sistema, que no obstante a que el reglamento establece que los fondos deberán ser liquidados ante la Secretaría de Finanzas y posteriormente sufrirán una auditoria por parte del Tribunal Superior de Cuentas, hasta ahora no se realiza ni la liquidación ante Finanzas ni la auditoria ante el TSC”, aseguró Sabillón.
Como conocedora del tema, la entrevistada asevera que el único control que existe por parte del Congreso Nacional es una liquidación posterior, “algo un poco informal”.
Los diputados presentan recibos o facturas y una vez que han liquidado, pueden optar a la siguiente parte del subsidio o a la siguiente subvención correspondiente al siguiente proyecto, según el mecanismo, explicó Sabillón.
Guillermo Casco Callejas, abogado miembros de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras –FOPRIDEH- también ubica la “rendición de cuentas”, como punto crítico del Congreso Nacional.
Callejas considera que hay un aspecto no menos importante que la simple exposición de facturas y ejecuciones de proyectos: la calidad de la obra.
“Se ejecuta la misma, se invierten los fondos y muy poca gente hace el examen del desembolso y de la utilización de los recursos, pero nadie hace el examen de la calidad de la obra”, cuestionó.
Quizás María y Santos, seguirán hasta los últimos años de su vida entre el polvo y el lodo de una carretera que se utilizó como argumento para sacar 20 millones de lempiras de los que nadie brinda cuentas.
Quizás 20 millones de lempiras representen una cantidad pequeña para la construcción y pavimentación de 12 kilómetros de carretera. Se podría presumir que el embrollo político que embargó a Honduras en un letargo de proyectos sin concluir y fondos congelados, haya tenido que ver con la paralización de la obra. Pero, ¿existe alguna excusa para iniciar, dos años después, un proyecto con el visto bueno desde el año 2006?
¿Tienen que pagar por esa tardanza los hondureños más pobres?
