Honduras perdió unos 30 mil millones de lempiras en los últimos cinco años por las compras directas realizadas por el gobierno entre el 2008 y 2012.
El problema se dio especialmente en los medicamentos que el Estado adquiere para abastecer a los 28 hospitales públicos que operan en el territorio nacional.
En las compras directas, los proveedores venden al gobierno a precios más altos al 10 y 20% que existen en el mercado local, según las investigaciones de la coalición de organizaciones no gubernamentales Transformemos Honduras (TH).
El desabastecimiento de medicinas en los hospitales y centros de salud del país, de acuerdo a TH, lleva a las autoridades a promulgar decretos de emergencias sanitarias que desplazan las licitaciones públicas determinadas por la Ley de Contratación del Estado. Y los recursos de la corrupción van a parar a los bolsillos de particulares o de políticos metidos a empresarios, que amasan fortunas a costa de un pueblo enfermo.
La situación impacta sin lugar a dudas en los proyectos sociales que pudiera desarrollar el gobierno en beneficio de los más pobres.
Para Alfredo Faraj, ex presidente del Colegio Químico Farmacéutico, “esto no es nuevo en el Ministerio de Salud porque toda la vida han habido compras de emergencia… y, si no hay cambios, todo seguiría igual”.
Subrayó que “si se planificara, no habría ningún obstáculo para tener surtidas las bodegas de los hospitales, pero en cada emergencia participan las mismas droguerías de siempre y ponen los precios que quieren sin ir a una licitación pública”.
Faraj es del criterio que las compras de emergencia, avaladas por las autoridades, deben ser abolidas por ser actos de corrupción. “Mientras no planifiquemos, seguiremos obteniendo los mismo resultados y el Estado perderá más y más millones”, reiteró.
El profesional sostuvo que el Ministerio de Salud no compra medicamentos de calidad para el pueblo porque su política se rige sólo por el precio y por ser baratas. “Y allí es de donde provienen los despilfarros porque los que hacen las compras son los auditores estatales de siempre… y no podemos permitir que la misma gente compre los productos sólo por sus precios sin ver la calidad”, declaró.
La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), cuyo director técnico Efraín Corea, dijo que del 2008 al 2012 el gobierno presupuestó unos 151 mil millones de lempiras para los suministros que adquieren todas las dependencias estatales.
“Sin embargo, la práctica amañada hace que las compras se hagan a las mismas empresas, lo que provoca enormes pérdidas para el país”, añadió, tras aclarar que «si el Estado comprara en condiciones de competencia podría ahorrarse mucho dinero”.
Corea manifestó que sólo para el 2012 se tiene presupuestado unos 45.000 millones de lempiras en gastos y suministro y si se aplican las normas de competencia se ahorrarían 9.000 millones de lempiras.
El padre Rafael Alvarado, coordinador de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, dijo que “seguimos con el problema de las medicinas porque nosotros como sociedad civil no tomamos en serio el tema”.
Afirmó que “la compra de medicamentos necesita una ley específica que descarte la actual Ley de Contratación del Estado porque esa limita y coarta a los técnicos que hacen las compras, que se sienten amenazados por la responsabilidad penal que la tarea implica”.
Para la CDPC el gasto público por compras es del 5 y 10% del Producto Interno Bruto y del 20% del presupuesto general de la nación. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una nación en un año determinado.
El presupuesto de 2012 es de 144 mil millones de lempiras con un aumento de 11 mil millones del año pasado. Su 80% es financiado con fondos nacionales y el 20% con recursos externos y donaciones.
Sólo en el primer trimestre de 2012, un total de 16 de las 91 entidades públicas centralizadas y descentralizadas de Honduras adquirieron bienes y servicios por 29,1 millones de lempiras, equivalentes al 19% del presupuesto general.
Pero en este triste panorama se vislumbra una esperanza de cambio si la Universidad Nacional Autónoma cumple su promesa de administrar con honradez el Hospital Escuela, considerado el más grande de Honduras y adonde diariamente acuden más de 2.000 hondureños en busca de la salud perdida.
