Al menos 42 personas murieron y otras 42 resultaron heridas el año pasado en 38 hechos violentos registrados en el Bajo Aguán, considerada la zona más conflictiva de Honduras desde hace cuatro años a raíz delos frecuentes enfrentamientos entre labriegos y terratenientes.
Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), divulgado el 11 de marzo, reveló que el 2012 se caracterizó por una serie de hechos que van desde invasiones, desalojos, destrucción de fincas, robo de frutas, detención de campesinos, decomiso de armas, desaparición de personas, emboscadas y enfrentamientos armados que dejaron como secuela muertos, heridos y la falta de castigo para los responsables.
Durante ese año, hubo 28 campesinos asesinados. También tres guardias de seguridad privada, cuatro empleados de la Corporación Dinant, dos policías, un soldado, el apoderado legal de un movimiento campesino y tres particulares.
En el marco de esta crisis resultaron unos 42 heridos, entre cuyas víctimas están 32 campesinos, siete soldados, dos guardias de seguridad y un particular, de acuerdo al documento del Conadeh.
A los hechos violentos mencionados se suman las denuncias de campesinos desaparecidos y el atentado contra un ejecutivo de la Corporación Dinant, cuyo dueño es el empresario agrícola Miguel Facussé
Armas ilegales
En agosto de 2012, el Congreso reformó la Ley de Portación de Armas de Fuego. Prohibió además el uso de armas en el departamento de Colón, donde está el caudaloso río Aguán. Las armas no pueden usarse en lugares públicos o vehículos, aunque estén registradas o exista un permiso para su portación.
De tal disposición se exceptuaron los miembros de los cuerpos de defensa y seguridad del Estado, y las empresas mercantiles que, para el funcionamiento de sus actividades, requieran el servicio de seguridad privada.
Antes y después de la entrada en vigor de la ley, las fuerzas del orden capturaron a varias personas en posesión de armas de grueso calibre, entre ellas carabinas M-16 y AR-15, fusiles FAL, escopetas calibre 12, cargadores de carabina M-16 y de FAL, pistolas de 9 mm, revólveres, fusiles Ruber calibre 2.23, AK-47, lanzagranadas, bazucas y munición para todas ellas.
Saqueo y destrucción de fincas
Otros de los hallazgos del informe del Conadeh es que algunas fincas fueron saqueadas y quemadas. Prueba de ello es que en varios operativos, las autoridades arrestaron a sujetos con toneladas de fruta de palma africana que se cultiva en la región.
Durante 2012 también se registraron emboscadas y atentados contra campesinos, ejecutivos de la corporación Dinant y autoridades policiales y militares.
En marzo, unos 15 soldados fueron emboscados por desconocidos cerca de la finca Marañones con unl resultado de cinco heridos de bala. Dos graves fueron trasladados al Hospital D’Antoni de La Ceiba.
En julio, luego de un desalojo en la Finca Los Laureles, los miembros de la policía y las fuerzas armadas, fueron víctimas de un atentado en el momento en que se retiraban de la zona. En el incidente no hubo víctimas.
Desconocidos en dos vehículos sin placas interceptaron y dispararon en diciembre a un ejecutivo no identificado de la Corporación Dinant. El hombre sin embargo salió ileso del atentado.
Invasiones y desalojos
Durante 2012 se reportaron una serie de invasiones de fincas y consecuentemente los desalojos realizados por las autoridades militares y policiales.
Entre las fincas invadidas están La Confianza, Lempira, Aurora, Concepción, Paso Aguán, San Isidro, La Trinidad, El Despertar y Los Laureles, entre otras.
Una de las fincas fue invadida en represalia, luego que los labriegos encontraron muerto en el campesino Gregorio Chávez. Muchos desalojos fueron suspendidos por las autoridades para evitar confrontaciones con los grupos invasores.
80 detenidos en desalojos
El Conadeh detectó durante 2012 el arresto de unas 80 personas vinculadas supuestamente con los movimiento campesinos que operan en el Aguán, entre los que figuraron algunos dirigentes.
El 21 de agosto, el Ministerio Público acusó ante un juez de Tegucigalpa a 25 campesinos bajo el cargo de emprender manifestaciones ilícitas en perjuicio de la seguridad del Estado.
En esa oportunidad, los acusados participaron durante dos días en protestas en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia porque los jueces habían favorecido a los empresarios de la palma africana.
Los manifestantes apedrearon a los policías antimotines, que les lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. En el evento hubo cinco personas heridas.
El 9 de septiembre, otras 34 personas fueron detenidas durante el desalojo de una finca del Bajo Aguán, pero los labriegos la habían ocupado tres días antes. De los 34 detenidos, nueve eran mujeres, entre ellas dos menores de edad, y 25 hombres.
Acuerdo de tierras
El documento del Conadeh refiere que en octubre se concretó un acuerdo entre el gobierno, la Corporación Dinant y el Movimiento Unificado de Campesinos.
Así, se traspasaron unas 3.962 hectáreas de tierra en producción de palma africana a grupos campesinos aglutinados en 30 empresas asociativas quedarán sustento a alrededor de 3.500 familias de la zona.
