Dentro de la policía nacional hay individuos honestos y capaces, pero la sociedad hondureña seguirá desconfiando de ellos mientras no exista un proceso fiable que separe la “mala hierba” de la buena.
Diversos sectores de la sociedad podrían tener razón al manifestar que en Honduras la depuración policial fracasó. Han pasado tres años desde que impulsado por el clamor popular, el gobierno inició un proceso encaminado a sanear la institución, pero los resultados obtenidos hasta hoy, no son nada favorables para una población que pide a gritos mejoras en su seguridad ciudadana.
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En los últimos tres años, Honduras destinó 140 millones de lempiras al proceso de la depuración policial, pero datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, revelan que esa inversión no es congruente con la realidad del asunto.
De marzo de 2014 a septiembre de 2015 la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), envió 399 expedientes a la Unidad de Enjuiciamiento de Funcionarios Policiales, Militares y Judiciales, del Ministerio Público. Del total, solo 22 casos, el 5.5% fueron judicializados por falta de pruebas.
En su gran mayoría, las denuncias no fueron sustentadas como delito penal sino como faltas de carácter administrativo. Es por eso que 169 expedientes todavía están en proceso de investigación, 48 casos han sido remitidos a otras fiscalías, 42 están en proceso de cierre y 118 ya han sido cerrados.
Las cifras anteriores fueron dadas a conocer por el propio Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla y el Coordinador de Fiscales, Rolando Argueta, en reunión sostenida con miembros de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), organismo no gubernamental que surge a finales de 2012 para impulsar la exigencia ciudadana de una depuración policial, del Ministerio Público y demás entidades operadoras de justicia.
Para el Coordinador de la APJ, Omar Rivera, es inaceptable que la DIECP esté mandando bagatelas o casos de tipo administrativo a la Fiscalía, “cuando debería concentrarse en asuntos de alto impacto en los cuales estén involucrados altos oficiales de la Policía Nacional en casos de corrupción», sostuvo.
Agregó, que tan cacareada depuración policial solo se ha concentrado en agentes de la escala básica, sin tocar a los miembros de la cúpula.
A juicio del presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante en Honduras de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, no se justifica la erogación de más de 140 millones de lempiras en una institución como la DIECP, que no le ha dado a la sociedad resultados de combate a la corrupción policial.
Según él, “urge darle un abordaje diferente a este proceso de depuración policial, ya que al paso que vamos, se gastará una enorme cantidad de dinero en un proceso fallido”, insistió Hernández.
La depuración
Desde décadas atrás la sociedad hondureña y la comunidad internacional venían clamando la intervención y la depuración de la Policía Nacional, pero la exigencia alcanzó su mayor esplendor el 22 de octubre de 2011, cuando un grupo de policías asesinaron a los universitarios, Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda. El primero era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y el otro, de doña Aurora de Pineda, quienes alzaron sus voces, primero para exigir justicia por el doble crimen y luego demandaron una depuración policial.
Al clamor ellas se unieron organizaciones de la sociedad civil y demás familiares de víctimas, una situación que obligó al Gobierno de la República a iniciar un amañado proceso de depuración policial, que cuando ya han pasado tres años no alcanza a llenar las expectativas de la población.
El crimen de los universitarios, fue el punto de partida para destapar la corrupción en el sistema policial y de justicia, las autoridades descubrieron que postas enteras de la policía formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato, pero llama la atención que los casos incoados en los tribunales de justicia se reducen a problemas de abuso de autoridad, detención ilegal, cohecho, violación de los deberes de los funcionarios, sustracción de documentos y evasión, entre otros delitos menores.
Ante las revelaciones de corrupción, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, creó la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), como ente encargado de hacer las recomendaciones para llevar a cabo un proceso de depuración idóneo. Lamentablemente, este organismo no tuvo la beligerancia requerida y dejó que fuera la misma cúpula policial y la DIECP quienes llevaran a cabo la depuración policial.
Los comisionados de la CRSP limitaron su accionar en actividades meramente académicas y a la redacción de anteproyectos de Ley que al final no fueron tomados en cuenta.
Como respuesta, el Congreso Nacional, dirigido en ese momento por el actual Presidente de la República, Juan Hernández, deslegitimó las funciones de CRSP y con la oposición de diversos sectores, creó la Policía Militar y la Policía élite Tigres, dos entidades que a pocos meses de haber entrado en funciones comenzó a reportar situaciones irregulares. Ver infografia
Para muestra un botón
A finales de 2014, al menos ocho policías tigres fueron acusados del hurto de 1.3 millones de dólares, del dinero incautado a Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Vale, quienes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico que les imputa el gobierno norteamericano.
El hurto se cometió el 5 de octubre de 2014 durante el operativo en el que fueron arrestados los hermanos Valle, en la comunidad de El Espíritu, municipio de Florida, Copán, en el occidente de Honduras. En audiencia preliminar, realizada el 23 de julio pasado, el juez que conoce la causa determinó que existen elementos suficientes en contra de los policías.
De igual manera, en julio de 2015, cuatro policías militares (PM) fueron detenidos en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, por suponerlos responsables del hurto de 25 mil lempiras. La afectada, a quien la Fiscalía mantiene en calidad de testigo protegido, informó que los militares detuvieron el vehículo en que se conducía y que al realizar un registro sustrajeron el dinero.
Por este delito el Ministerio Público acusó en los tribunales de justicia a Heber Rolando Betanco, Carlos David Hernández, Darlin Nahúm Reyes y Óscar Lauren García, miembros de la PM.
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