Hasta hoy son muchas las delegaciones internacionales que han fracasado en el país por falta de claridad y delimitación en sus funciones, razón por la cual, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) le pide al gobierno de Juan Orlando Hernández, garantizar la independencia que requiere la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En su planteamiento de cara a la posible instalación de la MACCIH por parte del gobierno y de la Organización de Estados Americanos (OEA), la APJ es del criterio que esta institución solo podría darle resultados favorables a Honduras, si cuenta con la libertad para escoger, investigar, judicializar y probar los delititos de corrupción más relevantes en el país. Ver pronunciamiento de la APJ
“Asimismo, debe garantizarse independencia presupuestaria a través de una sólida y sostenible fuente de financiamiento internacional que evite el riesgo de obstáculos políticos, legales, administrativos y logísticos en la investigación y sanción de la corrupción en Honduras”, sostiene la APJ.
La coalición señala que la MACCIH responde al clamor popular de fortalecer la institucionalidad con el apoyo internacional de fiscales, investigadores y jueces extranjeros, especialistas en la lucha contra la corrupción y de combate a la impunidad. Plantea que el éxito de esta institución radica en las atribuciones, facultades, competencias y capacidades que se le otorguen en coordinación con los operadores de justicia nacionales. Es decir, facultades de investigar casos emblemáticos y la independencia para desarticular redes del crimen organizado.
“Los elevados niveles de impunidad no admiten “paños tibios”, ni acciones periféricas que no ataquen de forma fulminante el núcleo político, burócrata y empresarial de la corrupción en Honduras”, señala el documento. Sostiene, que los investigadores, fiscales y jueces, sean especialistas en perseguir la corrupción gubernamental, que hasta hoy en este país no logra ser revertida a pesar del debate público.
Reducir la mora de denuncias y los casos de gran magnitud que no han sido atendidos, a pesar de los severos daños ocasionados al patrimonio nacional y a la ciudadanía, son inquietudes que señala la APJ. Ante tal situación subraya que debe combatirse la injerencia política y económica que obstaculiza las investigaciones y dilata los procesos judiciales.
A juicio propio, la APJ indica que para no frustrar el anhelo de la población que clama justicia en Honduras, “no se le pueda dar a los corruptos la oportunidad para organizarse, comprar impunidad, mover sus activos o fugarse del país”. También recoge la necesidad de crear y poner en funcionamiento tribunales y cortes especializadas anticorrupción, condicionados en la rendición de cuentas y con espacios para la auditoría ciudadana.
Igualmente, la APJ insta realizar un diagnóstico de los sistemas de seguridad y de justicia, cumplir con la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y darle seguimiento a las recomendaciones surgidas entre 2012 y 2014 de la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) de la OEA.
Reformar los sistemas de seguridad, justicia, instituciones contraloras del Estado y la instalación de un observatorio del poder judicial, son necesidades que también expone en su posicionamiento la APJ.
Además, exhorta al gobierno enriquecer el marco jurídico con legislaciones que respondan la realidad, endurecer las sanciones administrativas y civiles para los servidores públicos que manejan mal los recursos del Estado, asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las campañas políticas y regular los fideicomisos públicos y las compras y contrataciones del Estado.
Exige que, “el secreto de Estado bajo motivos antojadizos de seguridad nacional no venga a ser un impedimento al control social y el combate a la corrupción”, sostiene el documento, que a renglón seguido ratifica el compromiso de la APJ de contribuir en el combate de la corrupción y la impunidad, siempre y cuando el gobierno encamine sus pasos a su desempeño con honestidad y eficiencia.
