“Se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna”, reza el artículo 178 de la Constitución de la República. Sin embargo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), demostró que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, por falta de voluntad política, retrasa los procesos de regularización de tierras.
En conferencia de prensa realizada el jueves 18 de agosto, en la capital, la ASJ a través del Proyecto de Monitoreo y Auditoría Social en Aplicación de la Ley de Propiedad, dio a conocer los miserables avances en la aplicación de la Ley de Propiedad.
El presidente de la junta directiva de la ASJ, Carlos Hernández, informó que hace un año la institución que representa, presentó un listado de dificultades en la aplicación de la Ley de Propiedad y los procesos de regularización de tierras por necesidad pública. No obstante, el desorden continua.
Negligencia administrativa en la expropiación de tierras, conflictos en el propio proceso, falta de control en la titulación, colonias excluidas, impugnaciones, ineficiencia en los procesos de socialización y falta de atención y seguimiento a zonas de riesgo, son parte los problemas presentados por la organización al gobierno.
“Cada uno de los señalamientos afecta por lo menos a dos colonias en las zonas donde el Instituto de la Propiedad realizó expropiaciones”, expresó el presidente de la ASJ.
Informó que el reglamento de la Ley que el Instituto de la Propiedad aplica, fue aprobado por el Consejo Directivo de esa institución y no por el Congreso Nacional, que es el único ente que cuenta con la atribución de aprobar y reglamentar la legislación nacional.
| Materiales de descarga |
Otra de las condiciones dadas a conocer se deriva del artículo 222 cuando señala que los asentamientos sujetos a expropiación por necesidad pública tienen que haberse establecido antes de 1999. Sin embargo, existe una reforma de la Ley de Propiedad que señala que los asentamientos tienen que haberse establecidos antes del 2006.
En torno a las negligencias administrativas, Hernández dijo que al revisar los expedientes, luego de 12 meses de haber señalado las irregularidades, el desorden en el Registro de la Propiedad, sigue igual. “Esto da vía a que cualquier cantidad de supuestos dueños hagan pretensiones sobre el mismo predio, causando conflictos sociales y económicos para los pobladores”, argumentó.
Aseguró que como producto del desorden el 70% de las colonias expropiadas en Tegucigalpa no siguieron un procedimiento claro y uniforme. Los expedientes no reflejan la existencia complementaria entre las entidades responsables. “Estas faltas han resultado en violencia y el asesinato de 8 líderes de patronatos en la Zona Norte”, aseguró.
Asimismo, dijo que en la colonia 3 de Mayo, no se concluyó el tracto sucesivo para determinar si la tierra en disputa es privada, o pública, mientras en la colonia Vida Nueva de San Pedro Sula a los pobladores se les permitió recibir títulos por más de un predio.
En Honduras son miles de familias que no cuentan con una vivienda y mientras el Estado no permita la legalización de la tierra, difícilmente los más pobres podrán mejorar sus condiciones de vida.
Galeria de fotos
 |
 |
 |
 |
 |
 |
