Ha corrido una década y fracción desde que se creó el Instituto de la Propiedad (IP), institución gubernamental que tiene como misión garantizar que todos los sectores de la sociedad hondureña tuviera acceso a tener una propiedad respaldado y protegido por la ley. Pero según un informe recién lanzado, el IP, afectado por la politización, la ineficiencia y el descontrol, sigue lejos de cumplir plenamente su misión.
| Descargue: Informe del Índice de Desempeño y Transparencia del Instituto de la Propiedad
|
El informe del Índice de Desempeño y Transparencia del Instituto de la Propiedad (IDTIP) concluye que en el 2014 esa dependencia estatal produjo resultados insatisfactorios que ubican la institución como una entidad aplazada, con solo el 19% en rendimiento de producción y transparencia.
EL IDTIP, creado a inicios de 2014 por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en conjunto con autoridades del mismo IP como herramienta para medir el desempeño y la transparencia de esta institución, recoge los resultados de 10 indicadores relacionados a la producción en titulación de tierras y la administración de los recursos económicos y humanos.
1. Productividad en relación al presupuesto
La ASJ encontró que con el paso de los años el dinero invertido en el IP ha rendido cada vez menos: el monto que el IP tuvo que invertir para tomar las medidas oficiales de un terreno, registrar un traspaso, y emitir un título nuevo, aumentaron en términos reales. Normalmente se esperara que con el paso de los años y la adquisición de experiencia, una institución se vuelve más productivo—o sea, los costos de realizar cada trámite disminuyen. Sin embargo, en el IP desde el 2012 al 2014, pasó lo opuesto.
El informe de la ASJ señala que el IP solo produce el 29% de los títulos de propiedad que está en capacitad de producir.
 |
 |
Desde el 2012 al 2014, el presupuesto de la Dirección de Regularización Predial se mantuvo relativamente estable alrededor de 26 millones de Lempiras; sin embargo de haber emitido alrededor de 25 mil títulos en el 2012, el IP emitió solo 16 mil y fracción en el 2013, y en el 2014, solo 5,500.
Y cabe mencionar que respecto a estos 5,500 titúlos emitidos en el 2014, desde este medio digital se denunció que esta documentación refleja multiplicidad de problemas que les estarían causando problemas legales a las familias beneficiadas.
2. Transparencia de la gestión financiera
De acuerdo al IDTIP el IP incumple los parámetros establecidos en la ley para ser considerada una institución transparente en el manejo del presupuesto. El informe señala que esta entidad incumple su deber de publicar totalmente la forma en que maneja el dinero que le asignan anualmente. La información financiera es publicada “solo de forma parcial, porque falta la información del gasto del presupuesto y las ejecuciones presupuestarias de varios meses”, subraya.
Según el informe, el IP no analiza la información que publica en su página web, no divulga la cantidad del dinero que ingresa y no planifica las actividades que le generan gastos o ingresos.
Asimismo, el informe detalla que en su página web el IP publica los gastos, pero no el presupuesto que les asigna el gobierno y el dinero que recibe por todos servicios que presta. El IP recibe ingresos por el traspaso de propiedades, por la emisión de títulos de propiedad y registros de herencias, entre otros.
La Secretaría de Finanzas mantiene registro de los recursos que el IP declara como fondos generados, pero la falta de mecanismos de control no le permite verificar si las cantidades declaradas fueron en realidad el total de lo recaudado. El IDTIP ha determinado en su informe que la transparencia financiera de esta institución es insatisfactoria y solo alcanza una calificación del 16%.
 |
3. Productividad del personal
El IDTIP también compara los mismos resultados analizados en el indicador #1—terrenos medidos o “catastrados,” traspasos y otros trámites registrados, y títulos emitidos—en comparación con la cantidad de personal asignado para la realización de estas tareas. El informe devela variaciones considerables en el número total del personal asignado a las Direcciones de Catastro , Registro, y Regularización (encargada de solucionar los conflictos sobre la posesión y tenencia de la tierra en litigio), con bajas en la cantidad de personal asignada a todas estas direcciones en el 2014 comparado con el 2013.
Por el lado positivo, el IDTP encontró que en la Dirección de Registro, se mantuvo en un nivel relativamente estable de producción por empleado, y en Catastro, se incrementó la cantidad de predios medidos por empleado en un 46%; sin embargo, el número de títulos emitidos en proporción a la cantidad de personal en las Dirección de Regularización bajó en 55% en el 2014 comparado con el año anterior.
La relación entre la cantidad de personal, y la producción de Regularización no queda clara, ya que en el período con el mayor número de empleados, la producción decayó, al igual que en el año con el menor número de empleados.” destaca el informe
4. Gestión del Recurso Humano
Las observaciones reveladas por el IDTIP sobre el manejo del personal, indican que en el IP no existen políticas destinadas a contratar a personas idóneas para cada uno de los puestos de trabajo, razón suficiente para que en términos de gestión del recurso humano reciba una calificación insatisfactoria del 48%.
 |
Lo anterior determina que la institución carece de las políticas que necesarias para el manejo eficiente y transparente del personal. Y esto pasa porque la Unidad de Recursos Humanos limita sus funciones al pago de las planillas, programación y cálculo de vacaciones y control de asistencia.
Funciones importantes como la de contratar personal le han sido arrebatadas y son los miembros de la Junta Directiva, los directores y funcionarios de alto rango, quienes bajo criterios personales determinan a quien debe laborar en la institución. Y en muchas ocasiones, “crean nuevos puestos y los contratos son enviados a Recursos Humanos para que se proceda a incluirlos en las planillas”, expresa el informe del IDTIP.
El documento relata que solo entre 2012 y 2014 las autoridades crearon 44 nuevos puestos de los cuales, 15 corresponden a Registro, 9 a Catastro, 9 a la Secretaría Ejecutiva, 7 a la administración y 4 a Regularización.
Según el informe, en el Instituto de la Propiedad no existen políticas definidas para la selección y nombramiento del personal. Sostiene que los empleados nombrados en los últimos tres años fueron escogidos con criterios propios de los miembros de la Junta Directiva y funcionarios de las distintas direcciones.
La falta de políticas salariales también ha provocado que sean los mismos funcionarios quienes determinen el salario que deben ganar los nuevos empleados, una situación que de acuerdo al informe ha provocado enormes diferencias remunerativas entre el personal asignado para una misma función.
Además, el IDTIP detalla que la institución tampoco cuenta con un código de ética o los mecanismos que obliguen a los empleados a realizar su trabajo transparentemente y que por esa razón, gran parte del personal incurre en negligencia y abusos en el cumplimiento de sus funciones.
5. Eficiencia de la regularización por necesidad pública
El IDTIP encontró diversas irregularidades cometidas durante el proceso de regularización. Entre ellas, la falta de socialización en las comunidades, desorden en los pasos establecidos en la Ley e incumplimiento de plazos o términos legales. Por ejemplo: la Contaduría de la República, no publicó en los medios escritos nacionales la notificación para los pobladores y supuestos dueños, procedieran a nombrar el perito para determinar el justiprecio de los terrenos.
La Ley de Propiedad establece en su artículo 82, que si alguna de las partes no acredita el nombramiento del perito, el Tribunal Superior de Cuentas lo nombrará para que lo represente y así se hizo. El Estado nombró el perito para representar a los pobladores, pero este no se contactó con los líderes locales ni explicó el procedimiento del justiprecio.
Justiprecio es el valor que pagan los pobladores a la persona que ha sido afectada con la expropiación de la tierra donde se encuentra asentada la comunidad beneficiada con la titulación predial.
Según la Ley, la “regularización”—el proceso de legalizar el derecho a la tierra de los residentes de zonas mayormente urbanas y marginales—debería tomar unos 284 días hábiles, o un poco menos de un año. Sin embargo, el estudio señala que la duración de cada uno de los pasos del proceso de regularización en las 61 colonias de Tegucigalpa duró en promedio 2,432 días, o en otras palabras, a 6 años con 6 meses.
 |
6. Transparencia de la gestión administrativa
En materia de transparencia en la gestión administrativa, el IDTIP encontró que en el IP no existen instrumentos de control para los recursos económicos y humanos. En términos porcentuales, la institución apenas cumple el 15% de sus responsabilidades en esta área. Las auditorías internas del 2012, mencionan que existen inconsistencias relacionadas con la alteración de recibos de transporte, facturas de combustible y de hoteles.
 |
De 27 aspectos valorados por el IDTIP, el IP solo cumple 5, equivalentes al 18%. El informe destaca que a partir de 2013 este organismo gubernamental dejó de realizar auditorías internas. Además, muchas personas nombradas para hacer trabajos en determinada dependencia, labora en otra sin que nadie de razones de tal situación.
7. Cumplimiento de la Ley de Transparencia y otros principios de transparencia
El artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones del Estado a publicar la información relativa a sus actividades, sobre todo, lo relacionado con los fondos públicos que administren, pero según el informe de la ASJ, el IP solo cumple con un 20% de esta obligación.
 |
La ASJ señala que esta institución no cumple con el término legal para entrega de la información pública que solicitan los ciudadanos y que además, esa información no es completa ni de la calidad requerida.
8. Nivel de inclusión de grupos vulnerables
Afirma el informe que el IP no lleva registro de la cantidad títulos emitidos en favor los sectores vulnerables, como las comunidades étnicas, mujeres y las poblaciones situadas en terrenos no legalizados. A través de la oficina de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, los investigadores del IDTIP solicitaron información relacionada con estos sectores, pero la Dirección de Legalización y Regularización, se negó a darla a conocer.
 |
9. Satisfacción de los usuarios
El 94% de los usuarios han mostrado insatisfacción con el servicio que presta del IP. Es decir, solo el 6% de ellos considera que el proceso de regularización se lleva a cabo de manera clara y transparente, situación que relacionan con la falta de comunicación, la inequidad y el costo de la titulación. La ASJ llegó a estas cifras mediante una encuesta de residentes de barrios y colonias ubicados en la Capital y en el departamento de Cortes, que participaron en el proceso de regularización en años anteriores.
10. Gestión de las tecnologías de la información
En este tema, el IDTIP valoró las facilidades que el IP le da a los ciudadanos para obtener información de las actividades que realiza. Al hacer la valoración encontró que el sistema de información es débil y fácil de modificar. Indica el informe que no existe un respaldo que permita la recuperación de datos perdidos.
También el informe señala que existen caídas frecuentes del sistema y que el mismo no ha sido desarrollado ni actualizado completamente. Esto implica, dificultades para acceder a espacios importantes, como el levantamiento catastral, la georreferenciación y catastro.
 |
Viendo al futuro: ¿Se “pondrán las pilas” los encargados del IP?
El informe de la ASJ muestra una línea base contra la cual se podrá comparar avances alcanzados o retrocesos sufridos en el presente año del 2015 y en años venideros. El informe contiene numerosas recomendaciones para mejorar el IP.
| Ver guia elaborada por Revistazo para detectar errores en los títulos.
|
En el presente año los encargados de esta institución han mostrado cierta apertura para colaborar con representantes de la sociedad civil que buscan mejorarla. Por ejemplo, tras la publicación de una nota de Revistazo sobre errores entre los 5,500 títulos emitidos a finales del 2014, las autoridades del IP instaron al personal bajo su cargo de utilizar una guía desarrollada por este medio para asegurar que cada título tenga los elementos necesarios para garantizar su legalidad.
Pero deben haber muchos cambios más para que el IP pueda cumplir a cabal su misión. ¿Sus autoridades—y el gobierno de Juan Orlando Hernández—prestarán atención a los resultados de este informe? ¿O seguirá siendo el IP nomas una fuente de trabajo para personas vinculadas al Estado, que deja desprotegidos a los hondureños en cuanto a su derecho a la propiedad?
