TI cuestiona compras millonarias realizadas sin controles en la Secretaría de Seguridad

En octubre de 2014, el Gobierno suscribió con Transparencia Internacional, a través de su capítulo en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), un convenio de buena fe con el supuesto de transparentar la gestión pública. La ASJ ha encontrado múltiples irregularidades cometidas en la Secretaría de Seguridad en la compra de vehículos, remodelación de edificios y manejo del personal, hallazgos que recientemente compartió con el gobierno y el público para incidir en la rectificación de dichas irregularidades.

Una investigación desarrollada en el marco del convenio entre Transparencia Internacional y el Gobierno de la República encontró que entre 2013 y 2014 la través de la Secretaría de Seguridad se compraron ilegalmente trece camionetas blindadas valoradas en 24 millones 500 mil lempiras. El decreto que supuestamente ampara esta compra ya había vencido al momento de adquirir los vehículos, y solo autorizaba la compra de 5 camionetas, no 13.

La ASJ detalla que estos vehículos fueron adquiridos mediante un decreto de emergencia que ya no era vigente al momento de la negociación: A finales de 2011, la Policía Nacional entró en una tremenda crisis provocada por múltiples acontecimientos que revelaban la podredumbre institucional y el ex Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en Consejo de Ministros declaró estado de emergencia en la seguridad pública, a través del Decreto Ejecutivo, PCM-75-2011 del 5 de diciembre de ese año. El decreto tuvo vigencia hasta el 27 de enero de 2014, sin embargo la compra de las camionetas fue autorizada el30 de enero y el 5 de febrero de ese año. Es decir, tres y once días después de que la norma jurídica había perdido vigencia.

Según la ASJ, el acta de recepción y apertura hace referencia de un estricto cumplimiento del Acuerdo Ejecutivo, 033-2013 , que autoriza la compra de cinco camionetas, pero las autoridades no compraron cinco sino catorce. Además, tampoco existe información que determine las razones que tuvieron para adjudicar la compra a la empresa Latin American Armor Company, S. A., (LAACSA).

Se pudo constatar que el precio ofertado por esta empresa no era precisamente el más bajo” sostiene la ASJ, aduciendo que un cuadro comparativo de las cotizaciones devela que la empresa Blindajes de Centroamérica ofertó a precio más bajo.

LAACSA es una empresa dedicada al blindaje y no a la importación de vehículos, pero inexplicablemente el gobierno central se los compra a ellos. Esto significa, que los carros que compra el Estado ya van con margen de ganancia a favor de la compañía, porque comercialmente nadie quiere perder ni vender al precio que compró.

Llama la atención que de estos 13 vehículos comprados con dinero de la Secretaría de Seguridad, solo cuatro están a servicio de esta institución. Los demás fueron repartidos entre instituciones que cuentan con su propio presupuesto y no realizan trabajos peligrosos y por ende no tendrían por qué afectar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad.

Se verificó que conforme a los Acuerdos Ejecutivos se autorizó la compra de 15 vehículos; no obstante las empresas ofertaron únicamente 14 y finalmente la empresa LAACSA hizo entrega únicamente de 13 camionetas, y en vista de no haber tenido acceso al contrato suscrito, no fue posible determinar el porqué de estas diferencias”, señala el informe, de la ASJ, organismo que tuvo la oportunidad de levantar un inventario físico de los automotores.