Durmiendo en sus casas y trabajando tranquilamente como si nada hubieran hecho, permanecen los funcionarios de la Secretaría de Salud, que en junio de 2015, sin explicación alguna enterraron medicamentos en buen estado en los predios del hospital Gabriela Alvarado, de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, a 90 kilómetros al oriente de Tegucigalpa.
Los imputados—Melissa Valladarez, coordinadora de la Unidad de Logística de la Región Sanitaria número 7; Sonia Arely Cruz, Directora Departamental; los auxiliares de salud ambiental, José Luis Rodríguez Cruz y Walter Raúl Hernández Ordoñez; y los auxiliares de almacén, Jader Humberto Amador Escalante y Orlando Donato Zuniga Izaguirre—fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión, mediante fallo de la audiencia de declaración de imputado, desarrollada en el Juzgado Primero de Letras seccional judicial de Danlí, el pasado 16 de enero.
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“Es que tenían comején”
La frase anterior, forma parte de lo expresado por los imputados, al rendir sus declaraciones ante el juez que conoce la causa. Sin embargo, no mostraron pruebas fehacientes que indiquen que la plaga haya afectado el producto enfrascado en botes de plástico. Pero aun así quedaron libres, con la única prohibición de no acercarse al lugar del entierro de las medicinas y con la obligación de llegar al tribunal a firmar el libro correspondiente.
Revistazo conoció que de los seis imputados, todos empleados de la Secretaría de Salud, solo tres, con cargos irrelevantes, fueron despedidos. A Melissa Valladarez, coordinadora de la unidad logística, le hicieron audiencias de descargo, determinaron que había que despedirla, pero inexplicablemente dejaron vencer el término legal para su separación y por tal razón sigue trabajando en la institución, informaron personeros del Ministerio Público.
Comején no come plástico
Datos proporcionados por el Ministerio público, indican que como prueba contra los imputados, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, presentó en el juicio el peritaje de un ingeniero químico quien determina que el comején no vive en plástico y que por lo tanto, no pudo haber dañado los frascos de la medicina enterrada.
Aparte de ello, también hace referencia a que los botes de plástico mantienen una cerradora y sello de seguridad que imposibilita que la plaga entre y contamine el producto. Este peritaje solo fue practicado a la medicina con fecha vigente para ser utilizada.
Otra de las pruebas que presentó la fiscalía, la constituye el resultado de un perito experto en contaduría, quien determinó que los seis sacos de medicina en buen estado que encontraron enterradas tendrían un valor de 100 mil 400 lempiras. Entre los medicamentos hallaron varios frascos de sulfato ferroso, con la marca de Astropharma.
Del total, muchos medicamentos siguen enterrados en el lugar, debido a que las autoridades suspendieron las labores de desentierro para evitar mayor contaminación ambiental. En las cercanías del lugar se encuentra un centro de educación preescolar y las autoridades no tomaron las medidas de disposición final apropiadas.
Los medicamentos están considerados como desechos sólidos peligrosos y su disposición final debe ser controlada bajo tres sistemas: incineración, relleno sanitario y el de autoclave, que funciona a través de unrecipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a altapresión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua.
Esta no es la primera vez que en esta región sanitaria llevan a cabo el entierro de medicamentos, puesto que en el 2011 lo hicieron bajo autorización del director departamental, el jefe de almacenamiento y el asesor departamental, quienes además se autonomizaron para formar parte de la comisión verificadora.
El entierro
Era la noche del sábado 20 de junio de 2015 cuando en medio de las tinieblas, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud se dispuso a enterrar varios lotes de medicamentos de los cuales se decía que estaban vencidos.
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En la investigación los miembros de la Agencia Técnica de Investigación, Dirección Nacional de Investigación Criminal y del Ministerio Público, encontraron medicinas que sin vencerse, porque sus fechas de caducidad estaban previstas para agosto de ese año y otras para el 2017.
Los medicamentos fueron enterrados en una fosa construida con maquinaria pesada con un aproximado de tres metros de profundidad y sin llevar a cabo los procedimientos legales y ambientales establecidos.
Del hecho, la fiscalía tuvo conocimiento por denuncia de un testigo protegido, quien a gritos les suplicó investigar la situación y acusar a los culpables.
La fiscalía informó, que este testigo les pidió que no presentaran el requerimiento en Danli, porque las imputadas, Melissa Valladares y Sonia Arely Cruz, mantienen amistad íntima manifiesta con el juez; que Melissa Valladares, es hermana de una ex fiscal, amiga del juez y que Sonia Arely Cruz, es médico que atiende al funcionario judicial en sus padecimientos.
Ante tal situación, la fiscalía presentó el caso en los Juzgados de la Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, pero la juez número 7 se excusó argumentando que los hechos habían ocurrido en Danlí y que eran los tribunales de aquella ciudad los que tenían competencia para conocer la causa.
¿Quién autorizó enterrarlos?
En la investigación los imputados manifestaron que quien dio la orden para enterrar las medicinas fue la directora departamental, Sonia Arely Cruz, pero en la audiencia inicial, realizada el pasado 28 de enero, la coordinadora de logística, Melissa Valladares, presento un listado de llamadas entradas y salidas para acreditar que la orden venía directamente de la administradora, Brenda Liseth Vallecillo. El requerimiento fiscal fue presentado el 14 de enero.
No puede dejarse de mencionar que el 17 de julio de 2015, a un mes de que las autoridades regionales de oriente enterraron los medicamentos, en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, también se descubrió la quema de un lote de fármacos. En total, allí se encontraron alrededor de 500 frascos de jarabe, Sulfato de Salbutamol, varios paquetes de pastillas y 700 jeringas incineradas.
