En octubre de 2014, el Gobierno suscribió con Transparencia Internacional, a través de su capítulo en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), un convenio de buena fe con el supuesto de transparentar la gestión pública.
La ASJ ha encontrado múltiples irregularidades cometidas en la Secretaría de Seguridad en la compra de vehículos, remodelación de edificios y manejo del personal, hallazgos que recientemente compartió con el gobierno y el público para incidir en la rectificación de dichas irregularidades.
Desde finales de 2011 la Secretaría de Seguridad ha implementado las pruebas de confianza para los aspirantes y miembros de la carrera policía. Sin embargo de una muestra de 230 policías nuevos, la ASJ encontró que sólo 100 policías, el 43% de los 230 solicitados, fueron evaluados mediante cada uno de las 4 pruebas de confianza: la prueba del polígrafo y las pruebas toxicológicas, socioeconómicas y psicométricas.
Descargue: Evaluación entre los años 2013 – 2014 de servidores policiales |
A 35 aspirantes más, solo algunas de estas pruebas fueron aplicadas, mientras a 95 de los 230 individuos, no se les aplicó prueba alguna.
Tal vez lo más sorprendente, es que 42 de aspirantes que realizaron las pruebas y fueron reprobadas, siempre fueron contratados: 3 de ellos por no cumplir con los aspectos evaluados en las pruebas socioeconómicas, y 39 por presentar reacciones significativas ante la prueba del polígrafo.
El informe expresa que no existen políticas integrales en la realización de las pruebas de confianza porque algunos oficiales en funciones previo a la creación de la DIECP, nunca han sido evaluados, mientras que a otros se las aplicado hasta 4 veces en 3 años.
Inconsistencias en planillas de la Secretaría de Seguridad permite “oportunidad para crear estructuras falsas,” según TI
Como parte de este trabajo la ASJ realizó una evaluación en materia de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad. En las planillas que le facilitaron encontraron inconsistencias relacionadas a los ingresos y cancelaciones de personal. “Esta situación puede considerarse como un mal manejo administrativo, es también una oportunidad para crear estructuras falsas”, sostiene.
“El procedimiento de ingreso de personal carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, refiere el informe, que además menciona el caso de 13 personas que habiendo sido cancelados entre diciembre del 2013 y junio del 2014, se mantuvieron en planilla hasta julio de 2014. Por estos salarios pagados a personas que no trabajaron el Estado perdió 747 mil 522 lempiras con 57 centavos (35,596.31 dólares).
Ver informe pag. 118
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Asimismo, expresa que en el archivo de altas y bajas consta la cancelación de 144 policías durante el 2013 y 559 en el 2014, pero que esta información es diferente a la que maneja la Unidad Legal de la misma institución, la que reporta 654 cancelaciones en el 2013 y 664 en el 2014. La diferencia entre una y otra base de datos es de 613 casos.
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