Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional aprobó en la noche de este martes, 29 de marzo, el convenio que permite la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Derivado de la presión popular ejercida a través de la Plataforma de los indignados que mediante masivas marchas con antorchas exigieron la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la CICIG, que hasta hoy ha dado buenos resultados en Guatemala, en la judicialización y condenas para los implicados en los casos más relevantes de corrupción.
La demanda de los indignados obligó a mediados de 2015 a que Presidente, Juan Orlando Hernández, solicitara apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo con el cual el 19 de enero pasado suscribió el convenio este Convenio, ahora convertido en Ley al ser ratificado por el Congreso Nacional.
El convenio tiene como objetivo principal, apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones, encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción en Honduras.
De acuerdo al convenio, la MACCIH será conformada por investigadores, jueces, forenses y fiscales internacionales, quienes serán los encargados de seleccionar, asesorar, evaluar y certificar a los operadores de justicia que ejercerán la acción penal en los casos de corrupción.
DESCARGUE CONVENIO
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La MACCIH también asesorará, supervisará y evaluará al Ministerio Público, al Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy convertida en el Servicio de Administración de Rentas (SAR),en su labor de prevención y combate de la corrupción.
En tal sentido, separa su accionar en tres unidades, comprendidas en el acompañamiento, supervisión y colaboración activa en la investigación de los casos de corrupción; el seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); y la formulación de reformas al marco legal e institucional.
Funcionamiento
Entre otras acciones, en materia de justicia penal el Convenio ordena crear la Unidad de Reformas, conformada por expertos del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). De igual manera prevé elaborar un diagnóstico sobre la situación del sistema de justicia penal y elaborar las recomendaciones para el fortalecimiento de la calidad, efectividad y legitimidad del sistema de justicia penal hondureño.
Con apoyo de la sociedad civil, fundará el Observatorio del Sistema de Justicia Penal, que operará con independencia técnica y administrativa para el cumplimiento del Convenio.
Además contempla crear la División de Reforma Político-Electoral con propósitos de acompañar la formulación de la Ley sobre Financiamiento de los Partidos Políticos.
Sus alcances
Según el convenio, la MACCIH actuará con absoluta independencia, autonomía, objetividad, neutralidad y transparencia, mediante una colaboración activa con la institucionalidad del Estado. En ese sentido, solicitará al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas, peritos, demás colaboradores y operadores de justicia.
“La MACCIH presentará informes semestrales al Secretario General sobre los trabajos que realiza incluyendo los avances, desafíos y posibles obstáculos detectados en las instituciones del Estado con las cuales se relaciona”, indica el Convenio, instaurando además, que el Secretario General de la OEA le entregará el informe al Gobierno y que posteriormente lo hará de público conocimiento.
Obligaciones del gobierno
El gobierno de Honduras garantizará a la MACCIH todas las condiciones acordadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones y responderá por la libertad de movimiento y acceso en el territorio, sin restricción alguna.
También, garantizará el acompañamiento, supervisión y colaboración activa de la MACCIH, con la institucionalidad y las autoridades en las diligencias de recabar información, investigación de los casos de corrupción y toma de denuncias, teniendo pleno acceso a la información y material documental de las mismas y cualquier otra que guarde relación con la investigación, los archivos oficiales, las bases de datos.
Además deberá poner en conocimiento de las entidades del Estado y de las autoridades, los contenidos del Convenio, con propósitos de facilitar sus actividades con la MACCIH.
Para el cumplimiento del Convenio, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la Secretaría de Estado de Seguridad pondrán a disposición los jueces, fiscales, policías, investigadores, forenses y especialistas que sean necesarios, quienes serán seleccionados, evaluados, supervisados y certificados con base al protocolo acordado.
El Gobierno también debe coordinar con la MACCIH las diligencias necesarias para la formulación de acusaciones y además debe presentarle al Congreso Nacional las reformas legislativas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia.
Estas propuestas de reformas legales serán elaboradas por el Gobierno con el apoyo de la MACCIH.
