Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.
Tomado de: InSight Crime / Escrito por: Mimi Yagoub
Después de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios.
El consiguiente informe, titulado «Situación de derechos humanos en Honduras», llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.
La población carcelaria aumentó 25% en 3 años
En noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14.805 detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el 2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre 2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de Honduras son mujeres.
En general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo tienen aproximadamente 10.500 cupos. Un 11 por ciento de la población carcelaria duerme en el piso.
Otro aumento significativo está relacionado con el número de personas recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014 era del 54 por ciento, es decir, más de 8.000 personas. La CIDH señaló que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de aquellos aún en espera de juicio.
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La anarquía y el uso de AK-47
| En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles «se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales determinados reclusos son denominados ‘coordinadores'». |
Dado que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas por año.
La violencia en las prisiones incluye desde «homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”, dice el informe.
Por ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de 2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos, incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las autoridades decomisaron «armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos».
Este tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH considera una «deficiencia estructural» en las cárceles de Honduras: o el hecho de que los internos manden.
En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles «se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales son determinados reclusos denominados ‘coordinadores’ los que ejercen el control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos por parte de la administración penitenciaria».
Durante su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso del «coordinador general» de la penitenciaría.
Fuerzas de seguridad: militarización y tortura
Las cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los «coordinadores», a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.
Según los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello viola la ley del sistema nacional de prisiones.
Las fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.
Sin embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento llegaron a acusaciones.
Mujeres, población LGBT y menores en riesgo
El informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26 mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.
Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.
Esta situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada «su resistencia a participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los presos». Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por parte de los demás internos.
La CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.
Análisis de InSight Crime
El excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron detenidos con base en escasas evidencias de «asociación» con las pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.
| A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos. |
De esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, «cobrándoles a los presos por ocupar espacios privilegiados… [con la] complicidad de los guardias».
Este clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780 por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.
Una cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.
Las autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.
La corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos, inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.
Los diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
En segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles de administrar.
«Los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.», señala el informe de la CIDH.
Podría decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.
Sin este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.
