Los delitos de corrupción pública cuestan millones de lempiras al Estado, y por ende, al pueblo que aporta estos fondos mediante el pago de impuestos. Muchos fondos son perdidos, robados o mal usados además del dinero que paga el Estado para enjuiciar y combatir los actos corruptos después de haberse ocurrido.

Pero lejos de enfocarse en los casos de mayor impacto, históricamente el sistema judicial persigue crímenes menores que, por los daños relativamente menores y por sanciones leves contemplados en la ley, brindan menos oportunidad para recuperar el dinero.

 

EL DATO: El Estado solo recuperó 1.6 centavos de cada Lempira perdido a causa de la corrupción en los últimos 8 años.

 

Según un informe de la ASJ, en los últimos 8 años, el 50% de los (pocos) casos de corrupción pública que llegaron a ser judicializados fueron crímenes menores, terminaron en impunidad o multas pequeñas. Por ejemplo, en casos de abuso de autoridad y violación de los deberes, el Estado perdió 9.5 millones de lempiras en daños y solo recuperó 2.5 millones en sanciones. En los casos de malversación de fondos les fue peor:  se recuperaron menos de L. 47 mil de casi L. 151 millones perdidos. Sumando todo, significa que el Estado solo recuperó 1.6 centavos de cada Lempira perdido a causa de la corrupción.

 

Por procesar muchos actos menores de corrupción y pocos mayores, el Estado gasta más en tiempo y recursos y recupera menos en sanciones. Por eso, el gobierno puede gastar millones de Lempiras en salarios de autoridades de justicia para recuperar L. 5,000 en multas por un delito de soborno—pero no recupera nada de fraudes millonarios cometidos por oficiales de alto rango.