Los diputados del Congreso Nacional buscan revertir artículo que obliga prisión preventiva para delitos graves. Es al menos la cuarta vez en el último año que los “padres y madres de la patria” intentan deshacer piezas claves de las leyes anti-corrupción.
Una vez más diputados del Congreso Nacional salen a la carga y piden blindar a los corruptos. En este caso, buscan reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal , que prohíbe a los jueces conceder medidas sustitutivas de la prisión preventiva a los implicados en los delitos de lavado de activos, prevaricato, tráfico de drogas, defraudación fiscal, asesinato y asociación ilícita entre otros.
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La iniciativa fue presentada el martes, 21 de agosto, por el diputado nacionalista del departamento de Valle, Marco Antonio Velásquez. Surge en medio de las acusaciones y juicios por lavado de activos, defraudación fiscal y otros delitos que involucran a diputados, ex diputados, funcionarios, ex funcionarios del gobierno, líderes de los partidos políticos tradicionales y a dirigentes de fundaciones y ONGs creadas a juicio de las autoridades con propósitos del desvió de fondos públicos.
Para aprobar la reforma propuesta solo requiere el voto favorable de 65 de los diputados, la mayoría simple. El proyecto surge de la bancada del Partido Nacional que ya cuenta con 61 parlamentarios. La experiencia reciente muestra que estos diputados generalmente votan en bloque. Asimismo, otros ejercicios de legislación reciente sugieren que no sería difícil conseguir cuatro votos más en el resto de bancadas.
Acobijan la propuesta en el lenguaje de los “derechos humanos”
Vale decir que el proyecto de Ley lo basa el parlamentario Velásquez en la recomendación número 18 establecida en el informe que el pasado 30 de agosto hizo público la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), una institución del Organismo de Estados Americanos (OEA):
“El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.”
Pero esta invocación de la CIDH para respaldar este proyecto huele a conveniencia.
Según varios observadores, esta recomendación no se apega a la situación de Honduras, que sigue sumergida en una ola de criminalidad que no es distinta a las que habían en el 2013 cuando se aprobó el catálogo de delitos para los que no deberían existir medidas sustantivas.
De hecho, entre los que critican el proyecto se encuentra la Misión de Apoyo Contra la Corrupcion y el Impunidad en Honduras (MACCIH)—otro cuerpo patrocinado por la OEA. El miércoles 22 de agosto este organismo declaro que:
“La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos el homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros.”
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Similarmente, en enero del 2018, el vocero de la MACCIH declaró que una reforma de la Ley de Presupuesto constituía un “pacto de impunidad” . En ese entonces, no les importó a los diputados la opinión de la comunidad internacional, y aprobaron la reforma que introduce nuevas barreras para la persecución penal de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Ver infografia: Desesperados por Blindarse |
Y el congreso durante una década ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y otros organismos en torno al sistema electoral, desidia que fue en parte responsable por crear el contexto que produjo una crisis nacional tras las elecciones generales del 2017.
Lo que realmente pasa: los diputados están espaldas a la pared con acusaciones de corrupción
En diciembre del 2017, el Ministerio Público (MP) y la MACCIH acusaron a cinco diputados por actos de corrupción relacionados con los “subsidios” , fondos discrecionales a los cuales los parlamentarios tradicionalmente han podido acceder, supuestamente para dar apoyos puntuales a personas y organizaciones de las comunidades que representan. Pero según la MACCIH, estos cinco fueron solo los primeros acusados de al menos 140 parlamentarios integrantes de una Red de Diputados conformada para saquear fondos del Estado.
VIDEO: Honduras esta de luto (Pacto de Impunidad) |
En julio del 2018, el MP expuso el denominado Caso Pandora, acusando a casi 40 personas por lavado de activos, defraudación fiscal y otros delitos que involucran a diputados, ex diputados, funcionarios, ex funcionarios del gobierno, líderes de los partidos políticos tradicionales y a dirigentes de fundaciones y ONGs creadas a juicio de las autoridades con propósitos del desvió de fondos públicos.
El 14 de agosto pasado, la Directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, anunció en conferencia de prensa que viene Pandora II y Pandora III. Sostuvo que en los próximos la MACCIH dará a conocer más nombres de altos funcionarios involucrados en el Caso Pandora, por el que ya han sido procesados 38 hondureños, entre diputados, ministros y personas particulares ligadas a los partidos tradicionales y ONGs.
Manipular las leyes ya les ha salvado el pellejo a varios diputados
Lo sucedido en varios de estos casos muestra por que los diputados acusados (o que temen ser acusados) de corrupción buscan blindarse: manipular las leyes puede cambiar la amenaza de cárcel por una amenaza mucho más leve de multas y medidas sustitutivas.
Por ejemplo, en el Caso Pandora, los implicados fueron acusados por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado.
Sin embargo, en la audiencia desarrollada en la madrugada del sábado 28 de julio, con el cantar de los gallos la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento y dejó en libertad a 24 imputados de saquear 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fondos que según investigaciones de MACCIH habrían sido destinados para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional y del Partido Liberal, en las elecciones generales del 2013.
De los encausados solo guardan prisión el ex Ministro de Recursos Naturales, Jacobo Regalado, la coordinadora del Proyecto de la tarjeta de crédito, La Cachureca, Claudia Yanila Noriega Gonzales y Luis Fernando Urrutia. El resto se defiende en libertad, excepto, el ex Secretario de Finanzas, William Chong Wong, fallecido días después de haber sido acusado en los tribunales de justicia.
Cambiar el delito de lavado de activos a encubrimiento fue clave para que en la audiencia de declaración de imputados la jueza Lidia Álvarez les permitiera a la mayoría de acusados defenderse en libertad, debido a que el Articulo 184 del Código Procesal Penal vigente, que ahora pretenden reformar, prohíbe a los jueces concederles medidas sustitutivas a los acusados de lavado de activos.
Diputados “jamás se imaginaron que ellos iban a ser perseguidos”
“Lamentamos esa acción de los diputados del Congreso Nacional” dijo Carlos Hernández, el presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa, capitulo nacional de Transparencia Internacional.
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Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa, capitulo nacional de Transparencia Internacional. |
Sostuvo, que las condiciones de narcotráfico, lavado de activos, criminalidad organizada y los homicidios que llegaron a ocupar la tasa más alta del mundo, fueron el principal argumento para la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal e incorporar el catálogo de los 21 delitos por los cuales los jueces no deberían dictar medidas sustitutas. La situación sigue igual y lastimosamente los diputados o parte de ellos, que en ese momento fueron los precursores hoy están provocando retroceder.
“¿Qué cambio allí?, que en ese momento estaban viendo a los otros criminales, pero jamás se imaginaron que ellos iban a ser perseguidos y es lamentable que se legisle en el país de acuerdo a las condiciones particulares de las personas”, reflexionó Hernández, quien además dejó claro no estar de acuerdo con la recomendación que a inicios de agosto hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recomendó regular las medidas de prisión preventiva establecidas principalmente en el artículo 184 del Código Procesal Penal y a juicio del representante de Transparencia Internacional, no fueron lo suficientemente diligentes para hacer las lecturas del país, “un país donde el sistema está débil, con instituciones frágiles, donde el sistema ha sido cooptado por crimen organizado, por malos políticos que merecen pagar porque la corrupción o el lavado de activos le roba a la gente las posibilidades de tener una vida digna”, especificó.
Además, estimó absurdo, que los mismos diputados que están siendo amenazados con la aplicación del artículo 184 del Código sean los mismos que voten en el Congreso para derogarlo o reformarlo, por el conflicto de intereses que representa y “ojalá que eso sirva para que la juez que dio al Caso Pandora algunas medidas absurdas, como por ejemplo que no se comunicaran entre ellos y ellos están hemiciclo juntos todos los días, ¿cómo no van a poder estar juntos?”, expresó.
Entonces las medidas de prisión el espíritu es evitar alterar el proceso, evitar que haya manipulación en el proceso, pero en este caso el congreso está haciendo reformas y manipulando el proceso porque lo que busca con esta reforma es blindarse y evitar ser perseguidos por la justicia.
Hernández respalda las acciones de la MACCIH y la posición del Ministerio Público, que ya se ha pronunciado en contra de la pretendida reforma. Y también hizo un llamado a que la población esté vigilante del comportamiento de los diputados.
Advirtió sobre la existencia de un pacto multipartidario que involucra a los parlamentarios con más de un periodo utilizando subsidios del Congreso, que no han podido documentar el gasto y que buscan blindarse. En ese sentido asegura que es probable que la reforma no solo sea aprobada por los 65 que se requieren como mayoría simple, sino que a su favor podrían sumarse muchos más.
