El Índice de Percepción de Corrupción 2018, lanzado hoy por Transparencia Internacional, muestra casi cero movimiento para Honduras comparado con el año pasado.
Sin embargo, el contexto detrás de esta tendencia no es de estancamiento, sino de dos corrientes fuertes y opuestas, en medio de una batalla que aún no llega a su desenlace.
Desde los Pactos de Impunidad en febrero hasta la captura de Juan Antonio “Tony” Hernández en noviembre, el año 2018 fue para Honduras un campo de batalla a favor y en contra de la corrupción.
IPC no cambió
Tal vez no sea una sorpresa, entonces, que la percepción de corrupción no ha cambiado en Honduras según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI).
Al igual como en 2017, el índice, publicado por TI el 29 de enero, se mantiene en 29 puntos, de una escala donde 0 significa completamente corrupto y 100 significa completamente transparente. Este puntaje significa que diversos analistas y expertos ven a Honduras como mucho más corrupto que transparente.
Ver graficas IPC 2018
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Si bien el IPC en Honduras se mantuvo fijo, en otros países de América Central el índice disminuyó, con la excepción de El Salvador. Incluso el IPC de Costa Rica, que se ha mantenido con un puntaje relativamente transparente en el percentil 50 en los últimos siete años, bajó de 59% en el 2017 a 56% en 2018.
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Costa Rica se ha mantenido en los últimos siete años (2012- 2018) como el país más transparente de Centroamérica y Nicaragua que cada año baja el puntaje como el menos transparente de la región. En los países del triangulo norte solo El Salvador en los últimos dos años había bajado hasta 6 puntos, para este año logro subir 2 puntos colocándolo como el mejor, Honduras se mantiene igual y Guatemala en descenso bajo 1 punto, quedando como el país del triangulo norte con la más alta percepción de corrupción. |
La consistencia de Honduras refleja el tira y afloja de 2018. Por un lado, muchos casos de corrupción fueron investigados y expuestos—incluso, hubo consecuencias judiciales para personas de alto rango.
Sin embargo, la exposición de estos casos también hizo abiertamente evidentes las debilidades profundas en los institutos del gobierno, y los resultados de varias acusaciones quedan por verse.
Congreso mostró las cartas con reformas propuestas
Honduras empezó el 2018 inmerso en un conflicto sobre la corrupción. Con el país todavía aturdido por las elecciones y manifestaciones del año anterior, el Congreso Nacional propuso y aprobó dos reformas legales que últimamente sirvieron para salvaguardar a los oficiales corruptos. Revistazo se refirió a las reformas como el Pacto de Impunidad.
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La primera reforma fue hacer un cambio a la Ley de Presupuesto que añadiría un paso adicional a las investigaciones sobre la malversación de fondos por parte de los funcionarios públicos. Este paso extra podría agregar cuatros años o más a los procesos judiciales contra oficiales corruptos.
La segunda reforma fue a la Ley de Privación de Dominio. El cambio habría prohibido a las autoridades decomisar a los bienes de un funcionario acusado de corrupción hasta que fuera declarado culpable. Significa que un funcionario corrupto podría tener acceso a fondos posiblemente robados durante el largo proceso judicial.
Estas reformas podrían haber retrasado años a Honduras en la lucha contra la corrupción. No obstante, después de mucha presión por parte de la sociedad civil, el Presidente de la Republica al fin vetó ambas reformas.
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MACCIH y UFECIC expusieron podredumbre
A lo largo del 2018, siete investigaciones importantes coordinadas por la MACCIH y la UFECIC del Ministerio Público expusieron a más de 60 funcionarios, ex funcionarios y civiles corruptos.
Entre ellos se encontraban sospechosos de alto perfil: La ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa de ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue capturada el 28 de febrero por malversación de fondos públicos y lavado de activos. En noviembre, la MACCIH acusó a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente y el ex Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, de fraude y malversación de fondos públicos. Los juicios seguirán en el 2019.
En junio, la MACCIH presentó una acusación contra 38 funcionarios y civiles en un caso conocido como Pandora. Los implicados supuestamente desviaron fondos públicos presupuestados para proyectos de ayuda a madres jóvenes, mejoramiento de políticas agrícolas, y una escuela para trabajadores agrícolas, entre otros. Algunos de los fondos desviados se usaron para financiar las compañas políticas del 2013 y otros se utilizaron para gastos personales. La cantidad ascendió a 282,016,175 lempiras (más de 11.5 millones de dólares).
Las investigaciones avanzaron con la cooperación del Fiscal General Oscar Chinchilla, quien fue reelegido durante el 2018. En el periodo de su primer mandato, Chinchilla estuvo involucrado en golpes importantes contra corrupción, entre ellos el desentrañamiento del escándalo del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) y la captura de miembros claves del cártel Valle Valle. Chinchilla implementó mejoras en el Ministerio Público con la adición de 38 fiscales y la creación de la UFECIC, la unidad anticorrupción que trabajó con la MACCIH en las investigaciones mayores de 2017 y 2018.
Sentencias contra asesinos de Berta Cáceres
Otro caso de alto perfil del Ministerio Público fue el asesinato de la activista Berta Cáceres. Después de una serie de retrasos en los dos años después de su muerte, los fiscales presentaron una investigación fuerte contra la primera ronda de responsables en el juicio oral y público. El tribunal penal condenó a siete de los ocho acusados, sentando un precedente positivo para el juicio contra el noveno implicado y cualquier otra acusación que pudiera surgir de la investigación.
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DEA golpea el narcotráfico—y revela participación de altos funcionarios hondureños
El sistema de justicia hondureño también logró avanzas contra la corrupción y el narcotráfico con dos extradiciones significativas. Geffry Darío Guzman, un excandidato a alcalde de El Paraíso, fue extraditado en febrero por el tráfico de drogas. En noviembre, Arístides Díaz Díaz, también se extraditó un narcotraficante que trabajó con el cártel Valle Valle.
Tres hondureños se entregaron voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos en el 2018: Gerson Stanley Ortega, acusado de trabajar con los Valle Valle, y los ex diputados Midence Oquelí Martínez y Fredy Nájera, ambos con supuestas conexiones con los Cachiros. Dos hondureños más fueron capturados fuera de Honduras y ahora enfrentan juicios en los Estado Unidos. Uno de ellos es Antonio “Tony” Hernández, diputado y hermano del actual Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández.
Comisiones ciudadanas lograron mejoras en salud, educación, seguridad
Para fortalecer a los institutos gubernamentales contra corrupción del futuro, la Administración Presidencial nombró comisiones interventoras en las áreas de salud, educación y registro de personas y extendió el plazo de la Comisión para la Depuración de la Policía Nacional.
Las comisiones han trabajado para establecer un camino para la participación de la sociedad civil en la gobernación de los Ministerios de Salud y de Educación. También implementaron modelos más transparentes para recursos humanos y prácticas de compras, dos debilidades consistentes en el gobierno. La comisión de la depuración policial se preparó para instalar a DIDAPOL como elemento permanente de investigación de la Policía Nacional. DIDAPOL va a asumir el trabajo de la comisión en 2019.
Empresas Abiertas
Las tendencias coincidentes de una mayor percepción de la lucha contra la corrupción y una mayor conciencia de la corrupción en sí, fueron evidentes en el trabajo de Revistazo también. En noviembre, Revistazo lanzó Empresas Abiertas, una plataforma en línea que les permite a los usuarios buscar compañías y sus socios, datos que suelen ser difíciles de encontrar en Honduras.
La plataforma fue reconocida por el gobierno, el sector privado y los grupos internacionales como un paso adelante para la transparencia en Honduras. Por otra parte, las investigaciones que realizó Revistazo usando los datos de la plataforma también produjeron nuevas revelaciones de gran corrupción en los sectores de energía y salud.
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Retos para el 2019
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Aunque mantener la percepción de corrupción en 29 puntos es un logro en sí, Honduras se enfrenta con varios retos para lograr mejorar la percepción en el próximo año.
Primero, Después de las elecciones polémicas en 2017, Honduras enfrenta la necesidad de una reforma electoral. El Congreso ha aprobado una serie de reformas, entre ellas dos nuevos comités (Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral) para supervisar el proceso electoral. Las reformas adicionales, como una segunda ronda de votos si los resultados no son decisivos, todavía están en discusión. El Congreso deberá continuar trabajando para implementar cambios positivos en la elección general. La falta de reforma podría perjudicar la percepción pública de los líderes del gobierno.
Segundo, el Ministerio Público y el sistema de justicia enfrentarán el gran desafío de investigar y procesar las numerosas acusaciones de corrupción que salieron en el 2017 y 2018. Investigaciones como la Red de Diputados, Pandora y el informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre el mal uso de fondos gubernamentales por parte de COALIANZA y el mal manejo de los contratos, expusieron redes de corrupción que afectaban profundamente al gobierno.
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Aunque las acusaciones fueron un paso adelante, la prueba real de la transparencia de Honduras en 2019 serán los resultados judiciales de los muchos casos de corrupción en proceso.
Interactivo: IPC 2018
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