A quienes conocieron a Dionisio Díaz García, todavía se les derraman las lágrimas cuando recuerdan la fatídica mañana del cuatro de diciembre de 2006. Díaz García, a quien sus representados le denominaban “el abogado de los pobres”, fue asesinado por sicarios, cuando se dirigía a realizar diligencias en los tribunales de justicia.
En las cercanías del edificio de la Teletón, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, dos sicarios que se conducían en una motocicleta, abatieron a uno de los más grandes defensores de los derechos laborales.
Trabajando para el proyecto laboral de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Díaz García representó a trabajadores de las empresas de seguridad privada y de los restaurantes de comidas rápidas, sectores muy reconocidos, que bajo la sombra del poder político y económico, atropellan sin control alguno el derecho de sus empleados.
En representación de unos veinticinco guardias de seguridad que habían sido despedido sin el respectivo pago de prestaciones, Díaz García, había entablado demandas laborales contra la Empresa Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), compañía Delta Security Service y la empresa Security Sistems de Honduras (más conocida como Inter-com).
De igual forma representaba a varios trabajadores de los restaurantes de comida rápida agrupadas en INTUR, propietario de las franquicias de Burger King, POPEYES, CAMPERO, Church´s Chicken y Baskin Robin, entre otras, que denunciaron atropellos laborales. Previo al asesinato, Díaz García recibió múltiples amenazas de muerte.
Embarga vehículo de SETECH
En la demanda laboral contra SETECH, el abogado Díaz García, logró que el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, embargara un vehículo que formaba parte de los bienes de la empresa. El automotor debía servir para amortizar las deudas que la compañía había contraído con los empleados al despedirlos sin el pago de sus derechos laborales. La acción provocó el inicio de las amenazas contra el profesional del derecho.
Dos días después, el vehículo decomisado fue sustraído del lugar donde las autoridades judiciales ordenaron que se quedara en depósito. Según testigos el automotor fue robado por individuos que vestían el uniforme de SETECH. Díaz García denunció el hecho ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC.
De manera contradictoria los representantes de SETECH también acusaron a Díaz García, del extravío del vehículo, la denuncia interpuesta por el defensor de los guardias de seguridad no prosperó, pero sí la realizada por los representantes de la empresa.
Díaz García también denunció el caso ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, acción que también realizó la empresa. La denuncia de la SETECH avanzó, mientras la ejecutada por Díaz García desapareció misteriosamente.
Condenan a autores materiales
En enero del año 2008 el Tribunal de Sentencia de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, condenó como autores materiales a Ramón Eusebio Solís Zelaya, ex guardia de seguridad y al ex agente de la Dirección de Investigación Criminal, César Daniel Amador Estrada. Solís purgará una pena de 21 años de cárcel, mientras Amador veinte.
Con este juicio una vez más se evidenció que la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos, aunque los autores materiales purgan su pena, quienes pagaron por el crimen, andan libres y cobijados con el manto de la impunidad.
