Al cumplirse el 22 de octubre un año del asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, sus parientes aún claman justicia.
“Somos víctimas de la violencia desatada por la policía criminal”, dijo en rueda de prensa la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos.
Ella es la madre de Vargas Castellanos.
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“Entonces para nosotros no ha es una demanda de justicia a la que tenemos derecho, sino que demandamos depurar las filas de la policía”, añadió.
Para ella, la institución policial enfrenta la peor tragedia porque debe garantizar la seguridad y el proceso de investigación, y ha sido infiltrada por bandas criminales.
Castellanos sostuvo que la denuncia del asesinato de Carlos David y Rafael Alejandro “eran motivos suficientes” para mejorar la policía en forma rápida y absoluta.
Pero “a un año después del crimen, la policía sigue involucrada en asesinaros”, afirmó.
Lamentó que el caso continúe en la impunidad “por la falta de voluntad para investigar y castigar a los responsables”.
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{youtube}AtBpLF0-Jug{/youtube} La rectora universitaria Julieta Castellanos critica la |
Advirtió que “no abandonaremos la lucha, seguiremos pidiendo justicia”.
Instó al Ministerio Público a rendir cuanto antes un informe detallado sobre la muerte de su hijo.
Asimismo, Aurora de Pineda, madre de Carlos David, informó que logró que la Fiscalía de Derechos Humanos ampliara la acusación contra los comisionados policiales Jorge Barralaga y Marco Tulio Palma.
“La acusación la hicieron por un delito casi insignificante, como es el abuso de autoridad”, expresó.
Acusó a esos oficiales de haber incurrido en delitos que van desde encubrir hasta ocultar las armas usadas en la muerte de los dos universitarios.
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El caso está en la Corte suprema de Justicia, la que decidirá si el proceso se lleva a no en tal forma.
Tanto Castellanos como Pineda exigieron agilizar las investigaciones, capturas y enjuiciamiento de los autores del crimen.
Al clamor de ellas se sumó la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil y la Red de Jóvenes contra la Violencia.
Crimen
Rafael Alejandro y Carlos David fueron asesinados en Tegucigalpa el 22 de octubre de 2011. Sus cadáveres fueron tirados a un barranco de la colonia Villa Real, al sur de la capital.
Después del hallazgo de los cuerpos, trascendió que los culpables del delito eran ocho policías.
Se identificó casi de inmediato a los autores del crimen como el subinspector Carlos Galeas Cruz y los agentes, Wilfredo Figueroa Velásquez, Arnulfo Padilla Rodríguez y José Rubén Pozo.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza, posteriormente dijo públicamente que los supuestos implicados huyeron luego que las autoridades les dieron permiso de salida con motivo de fin de semana.
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La situación provocó la separación del jefe de la policía metropolitana de Tegucigalpa, Jorge Barralaga, y del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, a quienes la fiscalía acusó de encubrimiento.
Depuración policial
El coordinador de la APJ, Josué Murillo, exigió a las autoridades agilizar el proceso de investigación para castigar con rapidez a los responsables del caso.
La APJ recolectó firmas para apoyar su interés en que el gobierno proceda limpiar la policía de malos agentes.
