Tener una casa en Honduras es un privilegio porque sólo una parte de la clase media y muchos ricos y poderosos tienen la oportunidad de adquirir una o más.
La falta de políticas estatales destinadas a favorecer a los más pobres, que representan el 70% de los 8,2 millones de hondureños, dificulta que se pueda contar con una vivienda digna en el país.
La situación seguirá así hasta que políticos consecuentes con la realidad y con visión de estadistas lleguen al poder para enfrentar la pobreza y ayudar a los que viven en ese nivel social.
Sólo basta recorrer las zonas marginadas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes que albergan a unos 2,1 millones de personas, para constara las malas condiciones en que viven centenares de miles de hondureños por no poseer un pedazo de tierra para construir su casa.
Por ese motivo, esa gente se refugia en las orillas de los ríos o arriesgan sus vidas y las de sus familias para apoderarse por la fuerza de terrenos concesionados a los ricos o en las laderas de las colinas y montañas.
Allí, los hondureños conviven con enfermedades endémicas relacionadas directamente con la carencia de una casa digna como lo son la difteria, el dengue, enfermedades respiratorias y el temido mal de Chagas.
HACINAMIENTO Y CASAS MAL CONSTRUIDAS
El tema preocupa a los cooperantes y a la comunidad internacional, menos al gobierno, pese a que las estadísticas oficiales indican que el 66% de las casas son deficientes por estar construidas con cartón, madera, adobe y todo tipo de desechos vegetales, y en las que el hacinamiento es tal que en una sola habitación están entre 4 y 10 personas sin servicios básicos.
A finales del siglo XIX la mayoría de las tierras ejidales de la capital fueron dadas en dominio útil a un reducido grupo de familias con influencias políticas y económicas, que las utilizaron en actividades agrícolas y la ganadería que, con el tiempo las abandonaron.
Pero otros hondureños llegaron de distintas regiones del territorio nacional y construyeron allí sus viviendas con el afán de encontrar una solución a sus precarias condiciones de hambre y del olvido estatal.
La falta de oportunidades en la zona rural produjo que a lo largo del siglo pasado continuara la migración de personas del capo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, particularmente a Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Ambas localidades absorbieron tanta gente que hicieron surgir innumerables asentamientos en tierras ejidales, que años después trataron de legalizar.
Hasta 1979 la mayoría de terrenos eran ejidales en Honduras y las municipalidades otorgaban certificados de dominio útil que facultaban a las familias a edificar sus viviendas.
A pesar que en 1980 las corporaciones municipales continuaron con la práctica de dar más dominios plenos, el proceso se tornó difícil porque en la década de 1990 el gobierno involucró en estas tareas al Instituto Nacional Agrario y a la desaparecida Corporación Desarrollo Forestal, conocida hoy por Instituto de Conservación Forestal.
El poco remante de la clase media que aún existe debe sortear numerosos problemas para adquiri o alquilar una vivienda adecuada porque dispone de sueldos bajos, altos costos de vida, inflación, altos intereses de los prñéstamos bancarios hasta del 42% anual, costos de construcción elevados y falta de apoyo gubernamental.
Las circunstancias dan origen sin embargo, a Ideas tan insólitas de que algunos levantan sus casas con botellas plásticas de bebidas gaseosas que llenan con arena y tierra.
La interrupción del proceso de titulación iniciado por las municipalidades provocó que las familias que originalmente resultaron beneficiadas con la concesión de dominio útil, entablaran demandas contra el Estado y eso provocó impedimentos para que muchas comunidades establecidas legalizaran sus predios.
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LEY SIN REGLAMENTO, SOLO EN HONDURAS
Cifras oficiales señalan que un 86% de los hondureños vive en tierra sin documentación, mientras los pocos terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad presentan irregularidades derivadas de la mala aplicación de ley.
En el 2004, el Congreso aprobó la Ley de Propiedad, pero dejó pendiente la promulgación de su respectivo reglamento.
Ocho años después, en el 2011, la carencia de ese reglamento sigue creando problemas para que los pobres logren su tan ansiado propósito de contra de un pequeño predio para vivir.
DESORDEN POR LA FALTA DE REGLAMENTO
Estadísticas de las Naciones Unidas señalan que el litigio de tierras es uno de los principales problemas que enfrenta el país, pues solo en la capital cerca del 40% de la población vive en terrenos sin legalizar.
Según el Secretario General del Fondo Social para la Vivienda, René Lanza, la falta de un reglamentación de la Ley de Propiedad permite que las autoridades instituyan sus propios métodos para regularizar los predios y ocasionen un serio desorden administrativo en el proceso.
En Tegucigalpa y Comayagüela hay 400 colonias en riesgo de ser afectadas por desastres naturales, mientras otras fueron expropiadas sin estar en litigio.
Lanza afirmó que “a esta situación no se escapan los ocho grupos indígenas establecidos en el país porque, a pesar que la Ley de Propiedad contiene un capítulo especial para legalizar sus tierras, las comunidades de ellos están a la deriva y bajo amenazas de desalojo tras ocho años de haberse aprobado la legislación”.
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| Carlos Hernández. |
El director de la organización sin fines de lucro Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, sostuvo que el desorden provocado por la carencia de una reglamentación provoca que el 70% de las colonias expropiadas en Tegucigalpa no siguieran el debido procedimiento.
Indicó que “esta situación también ha causado la muerte violenta de ocho líderes comunales en la zona norte del país, lo cual jamás debió darse”.
Investigaciones realizadas por la ASJ dan a conocer que la debilidad en la aplicación de la ley también ocasiona que alrededor de 1,5 millón de hondureños permanezcan pendientes de obtener su título de dominio pleno, pues en los últimos ocho años sólo 16.000 familias han logrado ese beneficiadas.
En vez del reglamento de la Ley de Propiedad, el gobierno aplica una disposición del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP) que no cuenta con un soporte jurídico debido a que en Honduras, el único ente con capacidad para emitir, reformar y aprobar leyes es el Congreso.
EXPROPIACION: NUEVA MODALIDAD
La regularización predial consiste en incorporar a los mapas urbanos de los municipios, los barrios y colonias fundadas ilegalmente. De acuerdo a la ley, esa inscripción solo puede lograrse al titularse la tierra a favor de los pobladores.
En Honduras es común encontrar terrenos con documentos registrados a favor de muchas personas, pero cuando tal cosa sucede en comunidades establecidas antes de junio de 1999, la ley determina la vía de la expropiación por necesidad pública.
En teoría, la regularización por expropiación elimina el conflicto entre los pobladores y los supuestos dueños del terreno porque es el Estado, a través de los tribunales, el que determina la propiedad de la tierra. Así, los beneficiados pagan el precio antes de titular el predio.
El proceso de regularización comprende un levantamiento catastral realizado por el IP. En esa etapa, los funcionarios orientan a los pobladores sobre la ubicación y dimensión de sus correspondientes predios, los límites de la comunidad, las calles, aceras, áreas verdes y espacios para centros de salud y escuelas.
Asimismo, se lleva a cabo una investigación denominada “tracto sucesivo” para determinar la identidad del propietario y decretar la expropiación que, luego se publica en el diario oficial La Gaceta.
Además se forma una comisión para determinar el justiprecio o valor monetario que pagarán los pobladores por metro cuadrado de terreno. La comisión cuenta con un representante de los pobladores, uno del gobierno y otro del propietario de la tierra.
Una vez que la comisión está de acuerdo, se fija el sistema de pago a través de un fideicomiso, se organizan las Mesas de Regularización para que los pobladores y los empleados del Programa de Administración de Tierras del IP, determinen el plazo de pago. Una vez cancelada la deuda, el IP debe emitir el título de propiedad debidamente registrado a favor del poblador.
Centenares de hondureños que residen en las colonias como la Flor del Campo y Villa Cristina recibieron el apoyo directo del Proyecto de Tierras de la ASJ.
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| Tomás Reyes. |
Esa experiencia la calificó el presidente del patronato de la Flor del Campo, Tomás Reyes, como un “acto positivo” porque “la comunidad ejerció presión en el IP para que le pusiera atención al asunto y los habitantes de la Flor del Campo tuvimos un representante con voz y voto en el Comité Técnico, que monitorea el fideicomiso”, expresó.
Según el dirigente comunal, el gobierno ejecuta la regularización como una herramienta política y no para beneficiar a la población.
La inquietud también comparte María del Carmen Rivera, presidenta de la Junta de Aguas de la Villa Cristina, quien afirmó que “los políticos han engañado a los pobladores, diciéndoles que van a recibir pronto gratuitamente sus escrituras, lo que es falso”.
BANCOS NO DEBERIAN COBRAR INTERESES A LOS POBRES
Para el IP, los bancos que manejan fideicomisos de las colonias expropiadas pueden cobrar comisiones, pero nunca tasas de interés.
En la actualidad sólo el Banco de los Trabajadores, Banco Popular y Banco Finaciera Hondureña participan en este tipo de operaciones.
El Banco de los Trabajadores mantiene una política más social de las tres instituciones que otorgan fideicomisos porque cobra la comisión más baja, no obliga a los pobladores a hipotecar sus casas y devuelve el 50% de la comisión a la comunidad lpara ejecutar proyectos sociales.
