La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, está promoviendo en América Latina el acceso de la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Julio Hurtado Giménez, promotor del programa, dijo a Revistazo que en Honduras han logrado elegir y nombrar hasta ahora 29 facilitadores judiciales los que pronto serán capacitados.Informó que los facilitadores judiciales son escogidos por la comunidad y nombrados por los jueces de paz de su jurisdicción.Ellos realizan su trabajo de manera voluntaria en base a su liderazgo y espíritu de servicio comunitario.A pesar que no tendrán capacidad para juzgar, los facilitadores servirán de puente entre la comunidad y los operadores de justicia.
El programa de la OEA surgió en Nicaragua y por sus resultados ha sido retomado por los poderes judiciales de Paraguay, Panamá, Argentina, Guatemala, Costa Rica y ahora Honduras.Según el magistrado de la Corte de Apelaciones de Comayagua, Omar Bonilla, el servicio ayudará a democratizar la justicia y disminuirá la cantidad de casos que llegan a los tribunales.Indicó que el conflicto social que se genera en cada comunidad será resuelto a través de la mediación.Un total de 15 facilitadores han sido nombrados en la zona sur y 14 en comunidades de los municipios de la región central.
La Escuela Judicial y el Departamento de Programas Especiales del Poder Judicial elaboran el reglamento para que los nuevos operadores puedan desempeñar su labor.El reglamento deberá ser aprobado por el Congreso.Bonilla también expresó que a más tardar en 18 meses Honduras contará con todos los facilitadores del país, quienes gozarán del reconocimiento moral. Sin embargo, no realizarán activismo político ni podrán ser miembros de la policía ni del ejército.
Experiencia en Paraguay
“Cuando llegó el programa a Paraguay, los jueces no creyeron en el voluntariado”, expresó el promotor paraguayo de la OEA, Eladio Arévalo.
Informó que el programa lo desarrollaron como plan piloto en una comunidad distante a unos 100 kilómetros de la capital y que ahora la Corte Suprema pide al gobierno que lo instaure en todo el sistema judicial.
