A una semana de haber presentado la denuncia por amenazas de muerte en el Ministerio Publico y después de varios días de la firma de medidas cautelares con la Fiscalía de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad, la periodista Gilda Silvestruchi, asegura seguir siendo victima de hostigamiento.
“La denuncia la presente la semana pasada y el viernes fui a la fiscalía de los derechos humanos para la firma de medidas cautelares, acaban de comenzar las investigaciones y hasta ahora no hay nada nada. La última llamada cayó hoy a las cinco y media de la mañana, pero yo no la contesté”, dijo la comunicadora social, al ser consultada sobre el avance de las investigaciones del caso.
Como periodista independiente Silvestruchi es propietaria del programa radial «En la Plaza», espacio pagado en Radio Globo, que se caracteriza por su beligerancia contra la injusticia y la corrupción. La comunicadora social también forma parte del colectivo de periodistas por la vida, una organización que lucha contra las violaciones a la libertad de expresión.
A mediados de diciembre el colectivo de periodistas por la vida realizó una marcha para exigir el esclarecimiento de la muerte de 17 comunicadores sociales asesinados en Honduras en los últimos dos años, la manifestación fue reprimida por la guardia de honor presidencial y por esa razón Silvestruchi y catorce mujeres más denunciaron en la fiscalía al presidente Porfirio Lobo, al Jefe de las Fuerzas Armadas, Rene Osorio y al jefe de la guardia de honor, Andrés Felipe Díaz. Los funcionarios fueron señalados como autores intelectuales del hecho.
Cabe mencionar que la comunicadora social también es propietaria del periódico digital El Patriota y que además se desempeña como corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa.
El pasado 24 de enero la periodista denunció ante los medios de comunicación y ante organismos defensores de los derechos humanos, ser víctima de amenazas de muerte a través de llamadas a su celular y de haber sido perseguida por un vehículo.
El tres de enero pasado cuando se dirigía a su trabajo en el programa de radio, el taxi en que se conducía la periodista fue perseguido por un automóvil marca Honda Civic, color rojo, el taxista la alertó sobre el hecho y logró evadir el seguimiento.
Dos semanas después la madre de la comunicadora social atendió la llamada de un hombre que le solicitó información sobre la hora de salida y de llegada de Gilda, donde pasaba durante el día y donde podía ubicarla.
El veintitrés de enero, a las nueve y treinta minutos de la mañana, un promedio de cinco llamadas cayeron a su celular. “Ya sabemos que tenés tres hijos, que la mayor tiene 15 años, que ahorita andás en la calle con tu hijo de siete años y que la mayor está en tu casa cuidando a la de un año. Te vamos a matar”, relata la comunicadora que le dijeron, mientras al fondo se escuchaba el ruido de automotores.
Al cortar la llamada de su agresor, Gilda se comunicó con su hija, quien le informó que un desconocido le había llamado para preguntar por ella, argumentando que le tenía que entregar unos papeles.
En el programa de radio de ese día habían participado como invitados Monseñor Luis Alfonso Santos y Pedro Landa, quienes abordaron de la problemática ocasionada por la industria minera a cielo abierto y las maniobras que los diputados realizan para la aprobación de la nueva Ley de Minería.
Nadie desconoce que entre el índice de criminalidad que abate al país, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, ha sido quebrantado y enfrenta el desafío de la agresión y la intimidación. Los crímenes contra periodistas y la escalada de violencia contra la prensa libre, han llegado a niveles intolerables.
De acuerdo a estadísticas de los organismos de derechos humanos, desde mediados de 2009 a la fecha, 18 comunicadores sociales fueron asesinados, veinticinco enfrentaron amenazas de muerte, 14 sufrieron detención ilegal y 37 recibieron agresiones.
En el caso particular de la periodista Silvestruchi, quien a partir de la semana pasada goza de medidas cautelares, será el Estado quien deba responder por su protección. “Las medidas que firmamos es de patrullajes en las cercanías de radio Globo en determinado horario, un numero de teléfono de un oficial de enlace y que ellos sean los garantes del proceso de investigación, las medidas se firmaron con el abogado de la Secretaria de Seguridad y un agente de la DNIC”, afirmó la comunicadora.
La intimidación que recibe la periodista también es conocida por organismos internacionales de derechos humanos, quienes se han pronunciado para pedirle al gobierno de Honduras la investigación de los hechos.
