La Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción conoció el 11 de marzo una denuncia contra la junta directiva del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma).
La acusación la presentaron al menos 17 afiliados, los que dijeron que sus autoridades cometieron fraude, usurparon funciones y malversaron caudales públicos, entre otros delitos.
La denuncia es contra 13 docentes: Armando Gómez, Orlando Mejía, Elder Zavala, César Ramos, Walter Rivera, Yuri Hernández, Julia Ortiz, Grebil Escobar, Claudia Ramírez, Oscar Meza, Juan Ramón Munguía, José Cristóbal Rubio y Rufino Murillo.
DELITOS
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Granly Jiménez Figueroa |
Para Granly Jiménez Figueroa, la junta central, el Consejo de Administración y el Tribunal de Honor del Pricpma entraron en ilegalidad haberse postulado y aceptar cargos por siete periodos consecutivos.
Informó que los acusados violaron la Ley Orgánica del colegio y se apropiaron de salarios y cuotas aportadas por sus colegas.
El denunciante dijo que los encausados también falsificaron documentos públicos para tramitar licencias ilegales con goce de sueldo.
Nadie desconoce que es obligación del Estado verificar la legalidad de la documentación que se presenta para cualquier trámite. Sin embargo, el entrevistado evitó referirse al tema.
Para él, la Secretaría de Educación fue sorprendida con documentos alterados autenticados por notarios públicos.
Afirmó que los beneficiaros de esas licencias gozan de viáticos, una dieta mensual de 25.000 lempiras y de su correspondiente salario.
PRÉSTAMO ILEGAL
Jiménez dijo que un informe de la directiva señaló un monto total de 498.000 lempiras en vehículos, cifra que según él no es la correcta.
“Solo uno de la casi media docena de carros cuesta eso… y son vehículos valorados en más esa suma”, expresó.
Otra situación que cuestionó Jiménez es la valorización de los bienes del Pricphma en 411 millones de lempiras.
Para el maestro, en ese valor está incluido el edificio principal construido a un costo de 324 millones, de los cuales un alto porcentaje todavía se adeuda.
Sostuvo que ese local se construyó con un préstamo de 108 millones de lempiras otorgado de manera ilegal por el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
Indicó que el Pricphma no reunía los requisitos para recibir un préstamo de esa magnitud y que en primera instancia la organización recibió 46 millones, pero luego pidieron una ampliación sin respaldo económico.
LOS ACUSADOS
Armando Gómez Torres y Orlando Mejía Velásquez ocuparon desde antes del 2000 cargos en la Junta Directiva Central y en la actualidad se desempeñan como presidente y secretario general, respectivamente.
De igual manera, desde 2000 Jury Heny Hernández es presidente de la Junta Directiva de la Seccional Nº 1 en Tegucigalpa.
Hernández también ocupa el cargo de Secretario del Ambiente de la Junta Central del colegio.
Asimismo, Walter Edgardo Rivera, Elder Daniel Zavala, César Augusto Ramos y Grebil Escobar han ocupado cargos en la junta por más de seis años.
Por su parte, Julia Ondina Ortiz, Claudia Ramírez, Oscar Meza, Juan Ramón Munguía, José Cristóbal Rubio y Dilcia Mancía Canelo desempeñaron puestos en el Tribunal de Honor.
“Los denunciados han ocupado los cargos al margen de la Ley por más de cuatro años. Es decir, por dos períodos consecutivos, que es lo que permite el Artículo 16 de la Ley Orgánica del Pricphma”, señala la denuncia presentada en el Ministerio Público.
REQUIRIMIENTO CONTRA EX DIRECTIVO
La denuncia contra la directiva del Pricphma ocurre en momentos en que la fiscalía también ha presentado requerimiento contra el ex director del Inprema, Pedro Arnaldo Pinto, por fraude, abuso de autoridad y violar los deberes de los funcionarios.
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El requerimiento abarca a Óscar Nahúm Flores, ex jefe del Departamento de Ingeniería y Ángel Moisés Perdomo, asesor legal en la administración de Pinto.
El requerimiento lo presentó la Fiscalía Contra la Corrupción en los Juzgados de Letras de lo Penal de Comayagüela.
Dirigentes magisteriales han denunciado que Pinto es el protagonista principal del descalabro del Inprema.
Según ellos, en la gestión de Pinto, el Inprema realizó compras amañadas, contratos sin licitación, “borrón” de préstamos y construcciones sobrevaluadas.
Pinto, quien fuera dirigente del Pricphma, fue expulsado de la organización en marzo de 2011 tras ser acusado junto al ex ministro de Educación, Alejandro Ventura, de ser los responsables de la crisis del instituto.
