Para prohibir que los jueces el otorguen medidas sustitutivas a los acusados por los delitos vinculados al crimen organizado el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Procesal Penal.
La prisión preventiva no podrá ser sustituida en al menos 20 delitos de acuerdo a lo aprobado por el parlamento hondureño.
Según el decreto los jueces no podrán otorgar este beneficio amparándose en la incapacidad que presentan las cárceles hondureñas.
Los encausados por delitos de asesinato, narcotráfico, secuestro, posesión y transporte de armas, magnicidio, genocidio y asociación ilícita, no serán objeto de medidas sustitutivas.
Asimismo tampoco gozarán de este beneficio las personas acusadas de la trata de personas, violación, prevaricato, contrabando y defraudación fiscal, entre otros.
El decreto aprobado establece que el juez que dictamine este tipo de medidas a personas que han cometido estos delitos debe ser destituido de manera inmediata.
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Jorge Rivera. |
En su comparecencia de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, dijo que el poder judicial ha emitido 33,397 medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Su declaración ha causado malestar en la población que lucha por mejorar los sistemas de seguridad y de justicia del país.
A petición de la Alianza por la Paz y la Justicia, el Congreso Nacional requirió la semana pasada a Rivera Avilés, para que diera un informe de su gestión.
Junto a Rivera Avilés también fueron interpelados por el Congreso Nacional, el fiscal general del Estado, Luis Rubí, el ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla y el titular de la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva.
Luego de conocer los informes la sociedad civil organizada ha manifestado desconfianza en las autoridades.
