 ¿Cuál es el panorama general que ustedes se han encontrado después de su última visita? ¿Hay dudas en torno al proceso de depuración policial?
R.
La Comisión Interventora ha lanzado varios mensajes simbólicos como puede ser la renuncia de la Directora de Fiscales, Daniela Ferrera, quién había jugado un papel muy importante para que en Honduras tengamos el MP que tenemos. El segundo mensaje simbólico es que la Comisión ha comenzado a recibir a organizaciones civiles y esto genera algún nivel de confianza por han dado a entender que son permeables a las opiniones de la ciudadanía.
En cuanto a la depuración policial si tenemos una gran preocupación porque en enero si parecía que las cosas podían avanzar, no obstante hasta el momento hemos visto como el CONASIN (Consejo Nacional de Seguridad Interna) ha obstaculizado la elección de una terna de funcionarios para que el Presidente de la Nación pueda elegir a las nuevas autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP); y hace casi un mes que el actual director y subdirector renunciaron a sus cargos y aún no se han adoptado ninguna decisión; con lo cual realmente es preocupante y hasta el momento la ciudadanía no está viendo si se están depurando o no; o qué medidas se tomarán contra los depurados.
|
 Entonces, ¿el pueblo hondureño puede confiar en el proceso de depuración policial que se está llevando a cabo en estos momentos?
R.
Una de las preocupaciones que nos dejó la reunión con el Ministro es que nos advirtió que no había que preocuparse por el nombramiento de los Altos Mandos del DIECP; qué, según él, había que preocuparse por los resultados y que ahora la DIECP estaba dando resultados; es decir, que el mismo director y subdirector que fueron interpelados en el Congreso y donde quedó en evidencia que habían fracasado dirigiendo está entidad, ahora están funcionando y haciendo su trabajo; con lo cual se lee entre líneas que el problema era el ministro anterior (Pompeyo Bonilla). Esto da a entender que este organismo no es independiente ni autónomo al Ministerio de Seguridad; lo cual significaría que el DIECP responde y es dependiente del Ministro de Seguridad; lo que genera una gran preocupación porque estamos hablando de la sumisión de una instancia que, en teoría, debería ser independiente.
Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está defendiendo al actual director y subdirector de la DIECP, creemos que no hay voluntad política para cambiarlos y esto implica que el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y del CONASIN, están restándole importancia al poder que tiene el Congreso para interpelar y aplazar a un funcionario. Además, no se está respetando la figura del Presidente de la República quién aceptó la renuncia de estos dos funcionarios.
|
 Si el CONSAIN, y el Ministerio de Seguridad no están respetando la autoridad del Presidente de la República, ¿quién manda entonces en Honduras?
R.
Tanto el Congreso- quién interpeló e improbó la conducta de estos dos funcionarios- como el Presidente de la República- quién aceptó la renuncia de ambos- tomaron una decisión, cómo es posible que el CONASIN, que es un órgano asesor de consulta del Ministerio de Seguridad, no tome esto en consideración y no le dé importancia a estos dos poderes del Estado debemos preguntarnos, ¿realmente quién manda en este país?
El CONSAIN lo que abduce es que ellos nunca han recibido formalmente por escrito la carta de renuncia, por lo cual esto también genera dudas porque implica que no creen en la palabra del Presidente de la República, que es la máxima autoridad del Estado, quién afirmó en público que aceptó la renuncia de estos dos funcionarios.
|
 ¿Cree que la creación de los TIGRES sería positivo para Honduras?
R.
Honduras necesita Fuerzas Especiales de Élite para reaccionar ante el crimen organizado y ante una violencia que es más grave de lo normal; no obstante esa unidad de élite debe ser civil y no militar. La seguridad ciudadana es competencia de una policía civil y democrática bajo mando civil; porque estamos hablando del trato con la ciudadanía. Y la seguridad nacional debe estar a cargo de militares capacitados para defender la soberanía y el territorio.
Los militares en Honduras están ejerciendo funciones judiciales antes del 2002, con el gobierno de Maduro, han estado en las calles y si se miran las estadísticas del Observatorio de la Violencia el aumento ha sido imparable. Tener a los militares en las calles han sido un total fracaso, como toda la política de seguridad en el país. Se le deben quitar las facultades policiales a los militares. Lo que debería hacer el Estado, si de verdad hubiese voluntad política, es tratar la violencia desde un enfoque amplio que tiene que ver con Derechos Humanos, con la reducción de pobreza, con oportunidades de empleo.
|
 No hay casos emblemáticos que puedan ser judicializados porque prácticamente no existe información dentro del Ministerio Público, ¿podríamos decir que las autoridades que han estado a cargo de la dirección del MP han borrado evidencias o no les han interesado investigar los casos?
R.
Hay diversas cuestiones, en Honduras tenemos una deuda histórica de impunidad. De acuerdo con el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos se refleja, claramente, que hasta el momento no hay nadie investigado, judicializado o condenado por la violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en los años ’80; y luego vemos que todas las violaciones cometidas durante el Golpe de Estado, y que fueron documentadas- a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación- tampoco nadie ha sido condenado; y una de las características de los violadores de los Derechos Humanos durante el golpe es que son las mismas que durante los 80. Esto significa que muchos de los que cometieron el Golpe de Estado son los mismos que violaron derechos en los ’80; y por tanto, ese círculo de impunidad genera que se sigan cometiendo estas violaciones.
Nos preocupaba que la Comisión Interventora dijera que existen casos pero que la investigación ha sido tan terrible que es casi imposible poder construir algo para poder presentarlo ante los Tribunales de la Republica. Nos preocupa que la Comisión Interventora señale eso, porque por un lado puede tratarse de presiones políticas para que no presente ningún caso o, por otro lado, puede ser que los abogados no han estado actualizándose de lo que está sucediendo sobre todo en el tema de Derechos Humanos donde figuras que eran tradicionales ahora no son intocables.
|
Joaquín Mejía Rivera 
