En julio pasado el Ministerio Público acusó a la ex-Jefa del Almacén Central de Medicamentos (ACM), Marixa Ramírez Vásquez de Solórzano, junto con 4 otros empleados de esta dependencia de la Secretaría de Salud Pública y una ejecutiva de la droguería Corinfar, de al menos 22 delitos relacionados con el saqueo de 1,889,500 unidades de medicinas, que de manera ilegal fueron extraídas de dicho almacén para ser llevadas a bodegas privadas con el supuesto propósito de comercializarlas.
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Bajo la orden del Juzgado Penal de Tegucigalpa, Marixa Ramírez, Héctor Flores, Hernán Rodríguez, y Marco Figueroa fueron recluidos durante más de dos meses en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS) y la Penitenciaria Nacional, respectivamente. Sin embargo, como resultado de una petición de sus defensores privados y del insólito beneplácito de la fiscal de lucha contra la corrupción, estos imputados gozan ahora de “arresto domiciliario”—condición de la cual también goza Leonor Landa, la presidenta de Corinfar. La sexta imputada, Sindy Santamaría, ni siquiera tiene esta restricción; únicamente debe ir a firmar en el juzgado una vez a la semana.
Robo millonario de medicamentos
De acuerdo a la acusación de Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, los 6 imputados habrían facilitado el hurto de medicamentos valorados en 1, 715,058 lempiras. Estas medicinas se encontraban bajo la custodia el personal del almacén central y formaban parte del inventario que mantenía la Secretaría de Salud para abastecer el sistema sanitario público del país.
En tal sentido, la fiscalía anticorrupción le imputa a la ex Jefa del Almacén siete delitos de abuso de autoridad, siete de omisión de los deberes derivados de su cargo y siete de sustracción de documentos públicos en perjuicio de la administración del Estado; a los demás imputados la Fiscalía los supone responsables del delito de encubrimiento agravado y de participar directamente en el saqueo de las medicinas.
Fiscalía había construido caso fuerte en contra de imputados
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Marixa Ramírez estuvo interna durante dos meses |
La formalización de la acusación penal y la resultante reclusión o imposición de medidas a los 6 imputados en el mes de julio del presente año, fueron resultados de un trabajo arduo de investigación y análisis legal liderado por los fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción (FECC) Aníbal Izaguirre y Keila Aguirre, entre otros. Testigo de este trabajo es el expediente del caso que consta de más de 1,500 folios.
Tras débil representación de nueva fiscal, dejan a imputados “irse a casa”
Para el mes de septiembre, el fiscal Izaguirre había sido trasladado a otra sección del MP, la fiscal Aguirre estaba de vacaciones, y la dirección de la FECC decidió asignar para cubrir audiencias de este caso de interés nacional, una persona recién transferido a esta fiscalía y quien anteriormente estaba ejerciendo funciones administrativas, no de debate: la abogada Liliam Hernández.
La primera audiencia que cubrió ella fue de Leonor Bonilla Landa, presidenta de Corinfar y propietaria de dos bodegas allanadas por el Ministerio Público donde se encontraron 200 cajas de medicina propiedad del Estado de Honduras y una máquina embazadora de medicamentos. Según los representantes del Centro Legal Anti-Corrupción (ALAC), un organismo de la sociedad civil vinculada con Transparencia Internacional y que hoy presenta una queja ante la FECC por los acontecimientos recientes, la abogada Hernández evidenció desconocimiento del expediente a no poder citar los folios en que se encontraban las pruebas propuestas—y ni siquiera estaba segura de cuál delito se le imputaba a la señora Landa. Resultado de esta audiencia, el juzgado decretó a Landa “arresto domicilario” en la ostentosa mansión donde reside en una residencial capitalina.
Según alega ALAC y consta en el acta oficial, similares deficiencias fueron observadas en su actuación el 10 de octubre pasado, en una audiencia de revisión de medidas a favor de Marixa Ramírez, Hernán Rodríguez, y Hector Flores. La fiscal no pudo promover un argumento coherente para que estas personas implicadas en el robo de casi 1.9 millones de unidades de medicamentos, mediante la falsificación de documentos relacionados con envíos a 4 hospitales regionales, no fueran liberados de la cárcel.
De hecho, según ALAC, en un receso la abogada Lilian Hernández, habría preguntado al Abogado Rodezno, defensor de uno de los imputados: “¿Usted ha leído el expediente abogado?,” y este respondió que sí lo había leído 3 o 4 veces. Seguidamente él le habría preguntado lo mismo a la Fiscal, quien manifestó que no lo había leído.
En el acta de la audiencia, consta que según la misma juez “la fianza hipotecaria ofertada” como caución por los imputados “no es suficiente de acuerdo a los hechos.” Sin embargo, ante la complacencia de la fiscal, no tuvo otra alternativa que aceptar que estos imputados se fueran “a casa.” Legalmente están bajo arresto domiciliario, sin embargo debido al poco presupuesto y personal con los que disponen los operadores de justicia in Honduras, no hay un monitoreo por parte de la Policía que asegure que no salgan de sus casas.
FECC evade explicar últimos acontecimientos
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Por la duda que despierta la situación y tratando llegar al fondo del asunto Revistazo buscó la versión de la fiscal Hernández, pero ella argumentó tener prohibido referirse al tema. Apuradamente salía de su oficina a realizar gestiones fuera del Ministerio Público y sin detenerse manifestó, “de ese caso pregúntele a la abogada Patricia Domínguez”.
Domínguez hasta lunes de la presente semana—fecha en que fue sustituido en su cargo—era la Fiscal Especial de Lucha contra la Corrupción y Revistazo pidió hablar con ella. “Voy a decirle si lo puede atender” dijo amablemente la secretaria, quien al regresar manifestó que pronto nos atendería. Instantes después, Domínguez salió apuradamente para reunirse con su subalterna Lilian Hernández, quien la esperaba en el pasillo. Para justificar la acción la secretaria se limitó a decir: “La llamaron de urgencia”.
En fecha posterior Revistazo insistió en contactarla vía teléfono pero las llamadas eran remitidas al buzón o simplemente no eran contestadas.
Pendiente juicio
Aunque en la actualidad se encuentren en la comodidad de sus casa en vez de la cárcel, el proceso en contra los 6 imputados sigue en marcha, y se espera que en el 2014 se realice un juicio oral y público. Si los resultados de dicho juicio serán congruentes o no con la justicia, queda en manos de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que debe decidir si asigna suficientes recursos y sus mejores fiscales para presentar el caso, o si sigue el patrón reciente, de enviar personas que ni siquiera hayan leído el expediente.
Infografia
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