Se Necesita una Depuración y Reforma Profunda al Instituto de la Propiedad (IP)

lograr una resolución para los afectados, es la falta de una política Institucional que posibilite al usuario para dar el seguimiento respectivo a la denuncia interpuesta.

299 Demandas contra el IP: una Bomba de Tiempo para el Estado

Pero las irregularidades del IP no solo han sido denunciadas ante la Inspectoría, instancia interna que puede iniciar procesos administrativos; las actuaciones de funcionarios del IP fuera del marco de la Ley y la ética también han generado un total de 299 demandas contra el Estado, entre las interpuestas con el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y la Procuraduría General de la República (PGR).

Sumando solo los valores en aquellos casos donde se ha establecido la cuantía, el Estado enfrenta la posibilidad de tener que pagar indemnizaciones de más de L. 1.2 mil millones (equivalente a aproximadamente $58 millones de dólares estadounidenses). En 158 casos pendientes ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, aun no se ha fijado la cuantía de la demanda, por lo cual, el Estado posiblemente podría enfrentar responsabilidad por hasta 8 veces la cifra arriba citada.

Todas las 299 demandas están pendientes de resolver, convirtiéndose por lo tanto en una “bomba de tiempo” financiera que podría reventar en cualquier momento.

Funcionarios del IP Atentan Contra la Seguridad Jurídica—y Hasta la Seguridad Nacional

Para dimensionar la gravedad de las denuncias y demandas que se han generado contra el IP, basta conocer las generalidades de alguno de ellos:

Cayos en Roatán Propiedad del Estado Entregados a un Extranjero

Se conoció de por lo menos 15 propiedades en el municipio de Santos Guardiola, Roatán—entre ellos 5 cayos—que siendo de naturaleza municipal y ejidal, de repente fueron otorgados en dominio pleno a personas particulares por la Dirección de Regularización Predial. Por lo menos 4 de estas propiedades ahora pertenecen a una persona extranjera, situación que podría ser una amenaza para la soberanía de la República.

IP Salvado por Misericordia de los Banqueros, Tras Expropiar Lotificación Privada en La Ceiba

El IP “por error” expropió una lotificación en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, valorado en L. 163 millones, emitiendo 105 Títulos de Propiedad. En los documentos el IP refiere al terreno como ejidal-rural, cuando en realidad es privado-urbano, propiedad del Banco Davivienda. Gracias a negociaciones entre los apoderados legales de Banco Davivienda y el IP este caso no concluyó en una demanda millonaria, en la cual indiscutiblemente hubiese perdido el IP.

Registro en SPS Confabulado con Bufetes para Exonerar Impuestos

En el año 2010, los empleados de un Bufete Privado concertaron con personal del Registro de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, adulterar los recibos de pagos de impuestos y tasas registrales con cantidades parciales o incompletas. El IP por dichas acciones dejó de percibir Lps. 277,385.20.

Personal Fantasma y de “Vacaciones” Permanentes

En la investigación realizada por ALAC y Patrimonio Seguro se recibió denuncias que podrían haber hasta 300 empleados “fantasmas” en el IP, aunque no se pudo tener acceso a la documentación necesaria para comprobar o descomprobar tal aseveración. Lo que sí se pudo constatar es que no se vigila el cumplimiento del personal de los plazos de reintegro a sus labores después de gozar de vacaciones, permisos o incapacidades médicas; se conoció casos de personas que se ausentaron de sus labores por hasta tres meses, sin ninguna interrupción de su salario y sin presentar ninguna documentación hasta la fecha de su regreso.

Se Necesita una Depuración y Reforma Profunda al Instituto de la Propiedad (IP) y la Ley de Propiedad

Es necesario reconocer que a pesar de las graves anomalías encontradas, sí existe personal calificado y comprometido dentro del IP. La presente investigación se hizo posible gracias a la apertura de los actuales directivos del IP, quienes han manifestado un deseo de mejorar la situación.

Sin embargo, para que los funcionarios dentro del IP que tengan capacidad y voluntad puedan ejercer plenamente su función de velar por la seguridad jurídica y el acceso de todos los hondureños a la tierra, será necesario:

La depuración y profesionalización del personal del IP.

Reformas a las políticas y procedimientos internos del IP.

Reformas al marco jurídico, principalmente la Ley de Propiedad y su Reglamento.

Para lograr lo anterior se requerirá de mucha voluntad política—voluntad que se espera será mostrado tanto por las autoridades actuales como por los que tomarán el poder en el nuevo año.

El Centro de Asistencia Legal Anti-Corrupción (ALAC) busca contribuir desde la ciudadanía a la identificación, sanción y disminución de la corrupción en Honduras. Brinda asesoría legal gratuita a víctimas y testigos de corrupción con el objetivo que los ciudadanos puedan conocer todas las alternativas legales con las que cuentan para combatir la corrupción y para presentar sus denuncias ante las autoridades competentes.

El proyecto Patrimonio Seguro busca un sistema gubernamental de regulación de la propiedad de las tierras de Honduras ordenado, efectivo y transparente.

Ambos son proyectos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización hondureña, cristiana, sin fines de lucro, con la visión ser valiente y líder en gestionar y presionar porque la institucionalidad del Estado sea más eficiente, eficaz y actúe con justicia para los más vulnerables de nuestra sociedad. ASJ a su vez, es el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional (TI).